El país|Miércoles, 6 de abril de 2005

Por Martín Piqué

La oficina de Graciela Ocaña en el piso 13 de la sede central del PAMI, en Perú y Diagonal Sur, está mucho más poblada que de costumbre. La interventora de la obra social ha decidido dar una entrevista colectiva. La acompañan el subdirector, Juan Carlos Nadalich; el coordinador ejecutivo, Luciano Di Césare; su vocero y otro colaborador. La imagen de un grupo de siete personas –que incluye al cronista y a la fotógrafa de Página/12– en un mismo despacho contrasta con el vacío de los demás pisos: es tarde y los empleados públicos hace rato que se han retirado. Ocaña revela que ha sido amenazada de muerte. “Hay gente que está muy nerviosa, y dice que les sale más barato mandarme a matar que perder lo que está perdiendo”, advierte. Su denuncia tiene nombre y apellido. “Es Rubén Romano, que siempre ha tenido enormes negocios con el PAMI”, denuncia la diputada, actualmente de licencia.
No son días fáciles en el siempre agitado PAMI, el organismo público con el tercer presupuesto más grande del país. La semana pasada, varias clínicas del conurbano realizaron un paro en protesta por decisiones de la intervención. También exigían un aumento del valor de la cápita. En Entre Ríos, la federación provincial de médicos amenazó a los profesionales que trabajan para el PAMI en forma directa con quitarles el seguro contra mala praxis, entre otros beneficios. Según Ocaña, son “resistencias” producto del avance del nuevo modelo prestacional que, en su opinión, terminará con la intermediación y dejará afuera a las gerenciadoras.
La implementación de ese nuevo modelo se está retrasando. La puesta en funcionamiento se había anunciado para julio de 2004. Hay sectores que se quejan por las demoras en los cambios. Es el caso de los jubilados que están trabajando como promotores de salud junto al director de la UGL 8 del PAMI, Julio Urien. Conocido como “el Almirante” por sus compañeros de los ‘70, Urien tuvo la difícil tarea de intervenir el PAMI de San Martín, la patria chica de Luis Barrionuevo. Con estos entretelones de fondo, Ocaña recibe a Página/12 para hacer su denuncia. En la entrevista, habla de las resistencias de algunos sectores privados y pronostica tiempos muy agitados. “Va a haber muchos conflictos. Porque hay mucha gente que va a usar la salud de nuestros mayores para garantizar los negocios”, advierte.
–¿Quién la amenazó y por qué?
–Estamos yendo a fondo con cambios, entonces hay gente que está perdiendo poder, dinero. Bastante. Estamos haciendo todo un cambio en salud mental, con un nuevo pliego. Antes, los pliegos primero los tenían los prestadores y después se los mandaban al PAMI. Lo mismo con el tema de las gerenciadoras. Porque más allá de los cambios de nombre –gerenciadoras, UGP, o lo que fuera– lo que no cambiaban era el sistema. Entonces había cinco vivos. Lo mismo pasaba en prótesis. Por ejemplo, sucedió lo de (Luis) D’Elía, lo que filmó para Punto Doc. Lo que empezó a cambiar es ese poder que los prestadores tenían. Y por eso hay gente que está muy nerviosa, y dice que le sale más barato mandarme a matar que en definitiva perder lo que está perdiendo. Porque dice que estoy arruinándolo. Particularmente, es un prestador. Es Rubén Romano, que siempre ha tenido enormes negocios con el PAMI, porque provee prótesis, medicamentos y tiene redes de clínicas. En definitiva, es un hombre con muchos contactos que ha mantenido mucho poder por muchos años en el PAMI.
–La amenaza, textualmente, ¿qué decía?
–Que estoy terminando con todos sus negocios y que le sale más barato mandarme a matar. La verdad es que se puede quedar tranquilo porque me tiene que mandar a matar. Yo igual creo que con eso no le va a alcanzar porque hay una sociedad que quiere cambiar definitivamente el PAMI.
–¿La amenaza está grabada? ¿Hizo la denuncia penal?
–No, no está grabado porque lo dijo acá en los pasillos. Pasó la otra semana, no le di bolilla hasta que hoy me llegó otro comentario y, bueno, me preocupé. Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal pertinente. Tuvimos aparte una serie de amenazas. En su momento, hace cuestión de veinte días, y no hicimos la denuncia. Era por los cambios que estábamos haciendo con las gerenciadoras. Parece que todo se conecta con lo mismo.
–¿Las gerenciadoras de salud mental?
–No. Las gerenciadoras de las clínicas. Sacar el sistema...
–¿El nuevo modelo prestacional?
–Claro, perfecto.
–Cuando usted firmó la resolución 140, el nuevo modelo prestacional se iba a poner en marcha en julio del 2004. ¿Hay estimada una fecha para ponerlo en marcha en todo el país?
–Mire, la resolución 140 sentó las bases del nuevo modelo prestacional. Es decir, cómo se tenía que elaborar. Las líneas técnicas comenzaron a elaborar toda la modalidad, los menús prestacionales, los estudios de costos y los contratos. Esto ha quedado cristalizado en una resolución, la número 284, a partir de la cual este año se están firmando los nuevos convenios. En Entre Ríos, por ejemplo la UGL de Concordia; en Chubut; en San Juan. Y se están firmando. La idea es en los próximos sesenta días avanzar. Por eso surgen estas amenazas y algunos problemas que hemos tenido, como la semana pasada un paro de un sector de prestadores de una gerenciadora ligada a este señor...
–¿Qué prestadores hicieron el paro?
–Algunas clínicas del conurbano.
–¿De la gerenciadora Abril?
–Exactamente.
–¿Está relacionada con Luis Barrionuevo?
–Así es. Eso dicen. Entonces me parece que está muy preocupado porque se da cuenta de que vamos de una vez por todas a desarmar este sistema y vamos a pasar de 76 proveedores en prestaciones médicas a tener aproximadamente 10 mil. Y vamos a pagar individualmente y ya nadie va a poder manejar el dinero del PAMI.
–Hay algunos dirigentes cercanos al Gobierno y al justicialismo que insinúan que esta cruzada que hubo contra algunos negocios que se asocian a Barrionuevo se detuvo o se está morigerando.
–Acá no hemos tenido noticias. ¿No es cierto Juan Carlos? (le pregunta a Nadalich, segundo del PAMI, quien asiente con la cabeza). Si es así, a nosotros no nos avisaron. Y la verdad es que lo único que hemos recibido por parte del Presidente de la Nación es siempre una decisión de terminar con las cajas, de terminar con los negociados y de retomar un PAMI que dé servicios. Así que creo que eso está bastante alejado de la realidad. No es cierto.
–El jueves pasado, se anunció el nuevo esquema organizativo del sector de salud mental, que se va a pagar 3,5 por ciento por administración. Se dijo que no va a haber más tercerización o intermediarios en la gestión de salud mental. Sin embargo, gente que trabaja en el PAMI asegura que en el área de salud mental nunca existieron las gerenciadoras.
–Así es. Había contratos individuales pero había un poder hasta el mes de octubre del año pasado en donde una de las cámaras cobraba, en la cabeza del señor Tapia, Ernesto (ex presidente de la Federación Argentina de Clínicas Psquiátricas, Facap), quien fue procesado a partir de una denuncia que hicimos nosotros. Y que está confirmado, procesado, con un embargo de más de dos millones y medio de pesos. Ese señor tenía el poder de cobrar por todos. Entonces, había contratos individuales, pero era una mentira porque había uno que cobraba y que después repartía la plata. Esto lo revocamos.
–Consultando en el registro de audiencias de las autoridades del PAMI, en los últimos tiempos figura una entrevista con la prestadora VAB UTE, el consorcio de empresas que apareció en la cámara oculta de D’Elía.
–La empresa Angiocor, que es la que participa de la cámara oculta, es una de las integrantes de la UTE. La verdad es que no sé con quién se reunieron. VAB es Angiocor. Nosotros la suspendimos. Y a VAB le cancelamos el contrato.
–Algunos dicen que era el único proveedor de este tipo de prótesis...
–Hasta que nosotros le cancelamos el contrato.
–¿Y ahora quién provee esas prótesis al PAMI?
–Nosotros hicimos una licitación por prótesis. Antes había una UTE que proveía todo, desde lentes intraoculares, prótesis para operación y cataratas, pasando por cardíacos, traumatológicos, cardiovasculares, cirugía general. Una, que era esta VAB, proveía todo. Hicimos licitaciones separadas, porque la empresa que provee clavos no es la misma que la que provee un stent. Separamos según el tipo de prótesis y regionalizamos. Porque si vos le pedís a una misma empresa que te provea para los 3 millones de habitantes a los que atiende el PAMI, ¿con qué realidad te encontrás? Que esa empresa o subcontrata, y por lo tanto estás conformando una gerenciadora, o dejás en el mercado a una sola empresa, la de siempre. Nosotros, como queremos abrir este PAMI, regionalizamos el país y esto nos está dando mucho resultado. Se presentaron muchas empresas, depende el tipo de prótesis, y muchas veces son pymes que nunca habían provisto al PAMI y que están proveyendo en un sistema distinto. No es más capitado, como el que tenía VAB, sino que se paga directamente por la prestación. Y hemos conseguido precios muy buenos, los mejores del mercado. Cuando yo llegué acá se pagaba en el contrato de prótesis 1,35 por cada afiliado. No bien llegué lo bajé a 1,17 y ahora estamos pagando menos de 1 peso.
–Volviendo a la implementación del nuevo modelo prestacional, si hubo tantos conflictos, por ejemplo en Entre Ríos, ¿qué puede pasar en el Gran Buenos Aires, donde hay muchos más habitantes y más dinero en juego?
–Creo que va a haber muchos conflictos. Porque hay mucha gente que va a usar la salud de nuestros mayores para garantizar los negocios. Pero también existe una fuerte voluntad nuestra de cambio. Porque si no las cosas van a seguir como siempre. Que tres o cuatro gerenciadoras van a seguir manejando los contratos del conurbano. Que las clínicas a las que nosotros les pagamos una cápita de 25,30 pesos con la posibilidad de conseguir un peso más si cumplen metas, muchas de ellas reciben, en vez de 25,30, frecuentemente 12 pesos. Hay prestadores que quieren cambiar, que quieren salir de ese yugo.
–¿Tienen pensado un cronograma? En el conurbano, ¿cuándo empezarían a aplicar el nuevo modelo prestacional?
–Rápidamente. Pero yo tengo una teoría que es que hay algunas cosas que hay que hacerlas. Porque evidentemente cuando uno las plantea con mucha antelación se preparan. La resistencia va a ser muy difícil. Pero yo estoy muy segura, más allá de todas las dificultades, de todo lo que inventan. Todos los días acá se escucha que renuncio, que me voy, que me ofrecieron Yacyretá y otros lugares, la gente está cansada. Cuando se habla con los jubilados, ellos dicen que quieren terminar con la tercerización. También los dueños de clínicas, los buenos prestadores, quieren terminar con eso.
–De su gestión, ¿qué es lo que falta hacer?
–Estamos en un compromiso con el Presidente que es normalizar el PAMI. Dependemos un poco de los tiempos parlamentarios, la ley está tratándose en este momento en el Senado y fijaría los extremos de la normalización. Por lo tanto, no hay un plazo para que yo le pueda decir dos meses, tres meses, cinco meses. Sí estoy convencida de que este año debería producirse el proceso de normalización. Lo que nos falta es extremar algunas de las licitaciones, pero yo creo que ya está hecha una gran parte del camino si podemos salir, como pensamos, en los próximos 60 días de las gerenciadoras.
–¿En todo el país?
–En todo el país, claro. En 60 días. Estamos avanzando muy rápido con los estudios de cada realidad prestacional. Porque no es lo mismo contratar en el conurbano bonaerense que en Jujuy.
–En San Martín se había armado un plan de promotores de salud, con los propios jubilados, que se movilizan y ellos mismos controlan a los prestadores. Ahora hubo un recorte de ese proyecto. ¿Por qué razones?
–Porque estamos reactualizándolo. La idea es que los jubilados puedan participar directamente. Nosotros tenemos centros coordinadores en las clínicas donde hay más camas, en los hospitales. Estamos reforzando eso con la participación de los jubilados. Hay grupos de jubilados que nos están pidiendo esto y dada la experiencia muy buena que se hizo en San Martín queremos orientarlo en ese sentido. Lo queremos hacer en base a los centros coordinadores que están en las clínicas.

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