El Máximo Tribunal de Justicia de Santa Cruz decidió no restituir al ex procurador general Emilio Sosa, removido de su cargo en 1995 mediante una ley en lugar de un juicio político, y falló por el pago de una indemnización de 1.200.000 pesos. La Corte Suprema de la Nación había considerado que el funcionario debía recuperar su puesto.
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