Las modificaciones a la ley de Inteligencia que hacen falta, según la Oficina Anticorrupción, para transparentar el uso de los fondos reservados. Auditorías sorpresa, acabar con las normas secretas y garantizar el acceso a la información son algunas de las propuestas.
Por Victoria Ginzberg
Abel Fleitas, titular de la OA, trabaja en cambios que apuntan a controlar los fondos reservados.
“No hay gastos reservados sino gastos de Inteligencia, como sucede en todos los países del mundo”, señaló el ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando le preguntaron si en este gobierno había funcionarios que recibían una remuneración “extra”, tal como ocurría en la administración de Carlos Menem. Restringir el dinero que no debe ser rendido a un área del gobierno acota la posibilidad de hacer uso indiscriminado de esa plata, pero no lo impide. Para garantizar la transparencia de los fondos que manejan la SIDE, Defensa e Interior, la Oficina Anticorrupción (OA) está trabajando en una serie de reformas que incluyen desde la desclasificación y la derogación de las normas secretas hasta auditorías sorpresivas de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Seguridad Interior e Inteligencia.
Desde hace tiempo, la OA se ocupa de elaborar propuestas para modificar la ley de Inteligencia (25.520). Hace dos años hizo un informe acerca del uso de los fondos reservados, a raíz de la existencia de varias causas judiciales en las que se investigaba la utilización ilícita de ese dinero. Allí concluyó que “en los casos denunciados se describen posibles operaciones irregulares con fondos públicos, posible evasión impositiva y previsional y también el enriquecimiento, aparentemente injustificado, de algunos funcionarios del área”. A partir de ese diagnóstico, planteó una serie de reformas que nunca se llevaron a cabo.
Actualmente, la OA, a cargo de Abel Fleitas, sigue trabajando en nuevas propuestas con el objetivo de implementar medidas para optimizar la transparencia en la administración de fondos reservados y en las actividades de los organismos de Inteligencia. Las últimas recomendaciones elaboradas por esa oficina con el objetivo de que el Gobierno las refleje en un proyecto de ley son:
- Desclasificar y derogar las leyes secretas sobre administración de fondos. El problema que se plantea es que la SIDE se maneja con una serie de normas secretas y habría que promulgar las nuevas y públicas, antes de dejar sin efecto las anteriores. De otra manera, el organismo quedaría momentáneamente, sin marco legal.
- Desclasificar decretos y decisiones administrativas de reasignación de partidas presupuestarias. Para concretar esta medida no se necesita modificar la ley de Inteligencia: es suficiente con un decreto.
- Establecer la indelegabilidad de la facultad legislativa de asignar y reasignar fondos reservados. Actualmente el jefe de Gabinete puede sacar una partida de un ministerio y acomodarla en otro. La OA no propone prohibir eso, pero sí impedir que la plata que se reacomoda vaya a parar a la SIDE. Esa fue una de las maniobras usadas para incrementar los fondos reservados –y como consecuencia los sobresueldos–durante el menemismo.
- Limitar la asignación de créditos presupuestarios con objeto de gastos reservados a los organismos de función “seguridad y defensa”. Desde la OA explicaron que si bien actualmente el presupuesto no prevé gastos reservados en otras áreas, eso no está expresamente prohibido por la ley.
- Discriminar en el presupuesto de la SIDE los gastos reservados de los no reservados. Ahora todos son reservados, salvo los sueldos del secretario y del subsecretario, pero hay otras cosas que podrían blanquearse, sin ir muy lejos, los gastos de papelería.
La Oficina Anticorrupción también propone cambios para mejorar los mecanismos de acceso a la información sobre las actividades de Inteligencia y el uso del dinero asignado para esa tarea:
- Que la Comisión bicameral pueda pedir informes, sin que lo tenga que autorizar el Poder Ejecutivo, tal como prevé ahora la ley de Inteligencia. Y que los jueces que tengan causas que investigan hechos relacionados con este tema, no vean restringido el acceso a la Información. En caso de que exista un conflicto entre el Ejecutivo y la Justicia, que el árbitro sea la Corte Suprema.
- La obligación de la Comisión bicameral de realizar un informe público sobre los resultados de sus actividades de control, resguardando la información que pudiera afectar a la seguridad nacional. Actualmente es reservado.
- El asentamiento de todos los gastos y su objetivo en libros impresos bajo normas de seguridad por la Casa de la Moneda. Cuando se trate de operaciones secretas, los responsables operativos deberían agregar declaraciones juradas sobre el objetivo del gasto, el resultado esperado y el resultado obtenido. Esto es necesario para que la Comisión bicameral pueda realizar efectivamente el control.
- Auditorías sorpresivas de la Comisión bicameral.
Las recomendaciones de años anteriores de la OA fueron tomadas por algunos legisladores –como el radical Rodolfo Terragno y Marcela Rodríguez, del ARI– para presentar proyectos de ley. Pero, hasta ahora, las iniciativas nunca fueron tratadas por el Congreso ni impulsadas por el Poder Ejecutivo.
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