El país|Martes, 10 de mayo de 2005

Por Nora Veiras

El artículo 61 de la Ley Federal de Educación sancionada el 14 de abril de 1993 establece como meta alcanzar una inversión educativa equivalente al 6 por ciento del Producto Bruto Interno en cinco años. Es obvio que no se llegó a la meta, pero ahora el incumplimiento se transformó en promesa: el presidente Néstor Kirchner anunció, al inaugurar las sesiones legislativas, que se enviará un proyecto de ley al Congreso para alcanzar la misma meta a lo largo de los próximos cinco años. Durante su reciente viaje a Alemania precisó los plazos: fines de abril, principios de mayo, dijo. Esta semana el ministro de Educación, Daniel Filmus, espera empezar a discutir el anteproyecto con Economía y los legisladores “para llegar a una propuesta que reúna el mayor consenso”. Si esta vez los plazos se cumplen, se llegará al 2010 con la inversión que debería haberse alcanzado doce años antes, en 1998. El debate se potencia por el anuncio del primer paro nacional convocado para el 20 de mayo por el principal gremio docente –la Ctera– desde la asunción de Kirchner y, justamente, en reclamo de una ley de financiamiento educativo.
Los equipos técnicos del Palacio Sarmiento están trabajando desde hace un año en los borradores que le tienen que dar sustento al incremento de la inversión. A los valores actuales, la Argentina necesitaría invertir 9 mil millones de pesos más para llegar al 6 por ciento del PBI en Educación. Es fácil decirlo pero difícil realizarlo, máxime que ese valor neto se incrementaría al ritmo del crecimiento del PBI, en un contexto condicionado por los compromisos de pago a los bonistas y al Fondo Monetario Internacional (FMI). “Es cierto que partimos del piso del 2001, de la debacle económica, pero durante este gobierno en dos años se duplicó el presupuesto educativo, hasta llegar a 19 mil millones de pesos, y seguimos en el 4 por ciento del PBI”, repiten los especialistas. Además hay que tener en cuenta que como Educación es un ministerio sin escuelas, entre el 65 y el 70 por ciento del peso de la inversión corresponde a las provincias y en esa inversión los salarios docentes representan el 90 por ciento.
En los borradores a los que tuvo acceso Página/12 se establecen los siguientes objetivos específicos como destino del aumento de las partidas prioritariamente orientado a la educación básica:
- Escolarizar a la totalidad de la población de cinco años en todo el país. Implica la matriculación de 130 mil chicos, y calculan que en tres años se puede lograr.
- Incorporar al 50 por ciento de los niños de tres y cuatro años en el nivel inicial. A un promedio de 40 mil chicos por año se alcanzará en cinco años.
- Garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria. Para llegar al 2010 con 640 mil niños y jóvenes más en la Educación General Básica se prevé aumentar las becas de 400 pesos anuales a 500 mil chicos más. Actualmente se asignan 350 mil becas. La idea es proveer, además de la ayuda económica, los libros.
- Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal, logrando que los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar transitando este nivel, ingresen y/o se reincorporen a la escuela y completen sus estudios. Se estiman 140 mil adolescentes más en cinco años.
- Extender progresivamente la jornada completa en la Educación General Básica. Es uno de los objetivos más ambiciosos, porque implica aumentar la cantidad de docentes y la cantidad de metros cuadrados disponibles para que los alumnos estén en doble turno en las escuelas. La Argentina es uno de los países del mundo donde la jornada escolar promedio de cuatro horas es muy baja en comparación con las naciones desarrolladas, que superan las seis horas diarias.
- Expandir la enseñanza informática en un número creciente de establecimientos y universalizar la enseñanza de una segunda lengua.
- Garantizar la apropiación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios en el ciento por ciento de los alumnos de EGB. Es decir, los conocimientos que sí o sí deben tener los alumnos de todo el país.
- Erradicar el analfabetismo.
- Garantizar que las escuelas técnicas alcancen los estándares de calidad acordados federalmente para la emisión de títulos técnicos.
- Aumentar los salarios docentes en función del Producto Bruto Interno nominal, es decir, del crecimiento de la economía más la inflación.
Los minuciosos cuadros que manejan los economistas de Educación sobre los costos para concretar cada meta contemplan también las proyecciones de crecimiento del PBI en cinco años y ahí las cifras apabullan. “Hoy en día en la educación básica invertimos 400 millones de pesos, eso llegaría a 2000 millones”, ejemplifican. Pero –ése es un terreno especulativo– en donde las dificultades se tornan tanto o más complejas es en la definición de los mecanismos legales para garantizar el incremento de la inversión en las distintas jurisdicciones.
Como el sistema educativo está descentralizado, la Nación no puede obligar a los gobernadores a aumentar los presupuestos educativos. Una de las discusiones es si pueden atribuirse mecanismos que beneficien o castiguen de acuerdo al esfuerzo de cada uno. En otras palabras, si ayudar más a las provincias que destinan un alto porcentaje de su PBI a educación pero que como su riqueza global es baja no se refleja en una mejor situación del sistema.
Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Fiscal –exigida por el Fondo Monetario Internacional– les pone un corset a las provincias que no pueden aumentar gastos corrientes –y los salarios docentes lo son– si no aumenta el PBI. El tema salarial es clave por la incidencia en la inversión global en educación. “Si el gasto por alumno es gasto educativo sobre cantidad de alumnos y en el costo el 90 por ciento es salario docente, eso implica que el 90 por ciento del gasto por alumno es salario, es decir que la disparidad del gasto entre las distintas jurisdicciones muestra la inequidad de los salarios docentes”, razona un economista.
En los hechos, la Nación interviene con el Fondo de Incentivo Salarial Docente (Fonid), de 1300 millones de pesos anuales, por el que se financia un complemento de 110 pesos mensuales a los maestros de todo el país. El Fonid fue resultado de los 1003 días de protesta materializada en la Carpa Blanca de la Ctera. Este año, la Nación dispuso, además, una ayuda extra para que se llegue a un sueldo inicial unificado de 700 pesos en las siete provincias que estaban por debajo de ese monto.
La posibilidad de que una ley de financiamiento educativo no se transforme en letra muerta cuyas metas se corran generaciones dependerá de la decisión política de los actores como representantes de la demanda de la sociedad. El debate recién despunta. Y no hay que perder de vista que es un mal año para el consenso: todo está cruzado por las elecciones de octubre.

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