A ningún presidente le agrada enterarse de las malas noticias. Néstor Kirchner no es para nada la excepción. Pocas cosas lo molestan más. Una de ellas, que aconteció anteayer, es notificarse de las malas nuevas a través de los medios o de las agencias noticiosas, esto es sin haber sido advertido antes. Si se adicionan todos esos sumandos se entiende por qué lo enardeció la excarcelación de María Julia Alsogaray, que conoció por cables de agencias. En la Casa Rosada se escucharon sus dicterios y la pronta elaboración de una teoría acerca de los motivos de la liberación, que el Gobierno interpreta (con buena lógica) como perjudicial para su reputación. Como casi todo argentino que se cuadre el Gobierno tiene su teoría conspirativa, parienta cercana (aunque con algunas diferencias) de las que vuelcan indignados miles de “Carlos de Soldati” y “María de Glew” en variopintos programas radiales.
Hay muchos ciudadanos que acusan en block a la clase política, al peronismo en especial y ubican al Gobierno en el banquillo de los acusados por lo que juzgan una prueba más de la existencia de amplia impunidad. El oficialismo registra que esa sospecha lo tiñe, afirma que la acusación es injusta y bucea qué llevó a esa situación.
La hipótesis con más rating en la Rosada, hasta la noche de ayer, era que la ex polifuncionaria llegó a obtener (¿de alguna patrulla perdida de la SIDE?) la lista de los jueces federales que recibían sobresueldos de la administración menemista. Atemorizados por esa amenaza, los integrantes de la corporación judicial, comentan sottovoce en Gobierno, los jueces habrían urdido la excarcelación con la celeridad del rayo.
El razonamiento no abreva en pura fantasía. Es algo más que vox populi la existencia de esa nómina de jueces pagos, cuyas llaves y claves habría manejado el entonces titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado Hugo Anzorreguy.
La teoría oficial tiene algunos baches de los que se hablará más abajo, pero eso no parece obstar a que Kirchner esté pensando cómo salir de la defensiva y pasar a la ofensiva, una de sus recurrentes tácticas, una de sus recurrentes obsesiones. Los federales, los magistrados de la servilleta serían los destinatarios de alguna movida oficial, cuyos alcances por ahora no se han precisado, pero que –aseguran circunstantes de Palacio– no tardará.
- Una mora que se paga. En verdad, más allá del caso María Julia, el Gobierno está en mora respecto de la higiene de los tribunales federales. En sus albores, la actual administración pensó que su cruzada respecto de la mayoría automática de la Corte sería sucedida sin solución de continuidad por otra contra los jueces federales. Elite en su mayoría impresentable, llevada a lugares inmerecidos y poderosos por la entente Anzorreguy-Carlos Corach los jueces federales fueron (más que funcionales) centrales para la acumulación de poder e impunidad del menemismo. El oficialismo, a través del Ejecutivo y también de parlamentarios eficaces, vino armando “casos” contra varios magistrados pero avanzó muy poco en su implementación. Juan José Galeano está knock out desde hace meses pero su juicio político se dilata. Claudio Bonadío tiene en su contra un pesado cargo por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, la tortuga les saca metros de distancia a sus eventuales fiscales.
Por añadidura, el oficialismo dice contar con elementos contundentes para acusar de enriquecimiento ilícito a, cuando menos, dos federales de postín. Se trata de conocidos moradores del edificio de Comodoro Py, afectos a peculiares medios de movilidad. Uno ama las motos, otro los caballos. Aunque en Balcarce 50 nadie lo diga es bien posible que, entendiendo haber sido desafiado por los federales en su prestigio, el Gobierno active esas acciones que bien podría haber instado antes.
- ¿Será Justicia? El escándalo de los sobresueldos y la salida de María Julia dan nuevo contexto al posible cambio de elenco en el Ministerio de Justicia. Es casi un hecho que Horacio Rosatti dejará su lugar, para ser candidato a diputado nacional en su Santa Fe. Kirchner no ha soltado prenda acerca del sucesor que tiene en su (muy hermético) pectore. Pero, hasta ahora los candidatos que sonaban con más chances eran dos que están afectados a tareas de seguridad. El secretario de la Nación Alberto Iribarne y el ministro de la provincia de Buenos Aires León Arslanian. Si el escenario imaginado es muy belicoso, quizá se multipliquen las posibilidades de Arslanian cuya capacidad de combate es proverbial. “Si no les tiene miedo a los de la Bonaerense, imagínese qué poco le han de preocupar algunos jueces porteños”, se solaza un operador de la confianza presidencial.
Claro que estas especulaciones tienen dificultades de implementación. La más evidente es que Arslanian está cumpliendo una labor difícil de suplir en Buenos Aires. La segunda es que su nombre también forma parte de la lista de eventuales candidatos a diputados nacionales por la provincia, a la vera de Alberto Balestrini. El Gobierno quiere poner mucha carne en ese asador, en pos de duplicar largamente los votos que consiga el segundo, lugar que las proyecciones de los estrategas oficiales asignan a Ricardo López Murphy.
- Gris es la teoría. La teoría oficial, que nadie reconoce de momento ante un micrófono o un grabador, tiene un par de (¿cómo designarlas?) complicaciones. La primera es que la centralidad de Anzorreguy en el dispositivo de los sobresueldos viene siendo denunciada por Elisa Carrió con el énfasis que le es habitual. Si el oficialismo asumiera ese discurso, la líder opositora que más incordia a la Rosada obtendría un beneficio simbólico.
La segunda alude a la coherencia plena del razonamiento de las huestes del Ejecutivo. Ocurre que los jueces que excarcelaron a Alsogaray no son federales, sino integrantes de un Tribunal Oral y Público, que ése es el sitio donde recalaron mejores magistrados, no del todo confiables para el menemismo. Además, el fallo es técnicamente ejemplar y va en el rumbo de una auspiciosa corriente jurisprudencial instada por la Corte Suprema que es la de evitar que los procesados estén presos durante el juicio. Claro que la acusada VIP ha tenido un tratamiento negado a tantos presos más proletarios, pero esa injusticia no es el karma de quienes decidieron conforme a derecho, sino del Poder Judicial en su conjunto.
Un funcionario del Gobierno, destinado a (y especializado en) los laberintos del Poder Judicial, añade un elemento insoslayable. Uno de los jueces que dictó el fallo unánime que encolerizó a Kirchner es... Gordo quien también emitió una sentencia memorable (y antipática) en el caso AMIA. Gordo ordenó liberar a Telleldín y Ribelli por estar envenenadas de nulidad las pruebas acumuladas contra ellos. “Gordo se animó a ajustarse a la ley en un asunto tan sensible. No le iba a temblar la mano en éste. Lo suyo es la coherencia, no la venalidad”, dice alguien que sabe de lo que habla. “María Julia no estaba presa con buenos motivos legales. Fue encarcelada porque eso le convenía a Canicoba Corral”, dice el jurista, a la sazón pro pingüino. Su razonamiento no se sobreimprime al del Gobierno, pero añade un dato que debe hacer fruncir entrecejos en Balcarce 50. Los federales, pensando más en su supervivencia que en la ley, han generado muchas situaciones ilegales, que son virtuales bombas de tiempo para el Gobierno. Cada decisión tonante que se deje de lado –y vaya si las hay– será un nuevo desgaste para el oficialismo. O sea, otro argumento para ir de frente contra los federales.
La sospecha oficial tendrá sus contras y sus puntos suspensivos pero Kirchner es un decisionista no acostumbrado a aceptar que se le discuta cuando ha elegido un rumbo. Su concepción política, para nada bilardista, es que la mejor defensa es un buen ataque. Un proverbio que bien puede transformar en acción cuando advierte que las circunstancias lo han puesto a la defensiva.
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