La Justicia ordenó ayer al Tribunal de Conducta de la UCR que suspenda el proceso de expulsión de Fernando de la Rúa. La decisión, calificada de “sospechosa” por los autores del pedido, fue adoptada por Jorge Ballestero, transitoriamente a cargo del juzgado de María Servini de Cubría, que pocos días antes le había dado luz verde al trámite.
Los reclamos de expulsión de De la Rúa –basados en que su gestión estuvo alejada de los preceptos partidarios y en su responsabilidad en la represión en Plaza de Mayo– se presentaron ante el organismo de disciplina del partido.
Sin embargo, la defensa de De la Rúa, representada por el abogado Guillermo Moreno Hueyo, planteó una cuestión de competencia. Según dijeron, durante su gestión el radical informó y consultó sus principales movimientos a la Convención Nacional. Por lo tanto, debería ser ese organismo y no otro el encargado de juzgarlo.
El recurso quedó a cargo del Tribunal Electoral que dirige Servini de Cubría, que hace dos semanas había desestimado la presentación. Pero los abogados del ex presidente aprovecharon la licencia de la jueza para insistir con el pedido: el juez subrogante Ballestero dispuso una medida cautelar por la cual ordenó que se suspenda el proceso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
La decisión de Ballestero se conoció ayer. El lunes, las principales figuras del partido, como Raúl Alfonsín y Angel Rozas, debían presentarse ante el Tribunal de Conducta para declarar.
El vice de la Legislatura porteña, Cristian Caram, es el autor del primer pedido de expulsión. “Una vez más la Justicia se mueve al filo de lo sospechoso. Parece que a De la Rúa su fugaz paso por la Presidencia le dejó contactos notables dentro de la familia judicial. Una vez más se sienta sobre la UCR e intenta aplastarla”, aseguró Caram. Por su parte, los militantes radicales Gustavo Sánchez, Marcelo Insúa y Alberto Crasso, responsables de otro reclamo de expulsión, sostuvieron que “el ex presidente ha menospreciado una vez más a nuestro centenario partido, al escapar al enjuiciamiento a través de una dudosa argucia legal”.
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