El país|Lunes, 20 de junio de 2005

Por Laura Vales

La Cámara del Crimen rechazó, el jueves pasado, el pedido de excarcelación de las quince personas presas por manifestar contra el Código de Convivencia. Desde la cárcel de Ezeiza, donde lleva once meses de detención, Marcela Sanagua contó a Página/12 cómo fue su arresto y de qué manera quedó acusada, sin más pruebas que los dichos de dos policías. Marcela es integrante de Asociación de Meretrices Ammar-Capital, una de las organizaciones que convocó a la marcha a la Legislatura para rechazar la sanción del nuevo Código.
–¿Qué fueron a reclamar?
–Que nos dejaran trabajar sin discriminación: la nuestra es una actividad que existió siempre y las que hacemos esto, es por necesidad, porque no hay trabajo. Yo, por ejemplo, tengo dos chicos, una nena de dos y un varón de diez, y los mantengo sola; no tengo casa, así que estoy obligada a pagar un alquiler. No me importa trabajar en lo que sea, pero no puedo vivir con los sueldos de ahora, que son de 400 pesos, porque no me alcanza. ¿A cuánto está un alquiler? Esa es la situación que tenemos con muchas de mis compañeras en Ammar, donde la mayoría de las mujeres con chicos estamos solas.
–¿Con quién fue a la marcha?
–Fuimos juntas, desde el local de la asociación. Cuando llegamos eran las once y media, doce del mediodía, ya estaban rotas las puertas (de la Legislatura). Tiraban piedras, prendían fuego, todas personas a quienes no se les veía la cara. Nosotras nos quedamos apoyando el reclamo, no a los que estaban rompiendo sino a los que estaban manifestando, pidiendo por sus derechos. Habíamos llevado una bandera de diez metros con la que nos paramos a media cuadra, donde está el Monumento a Roca. Dos compañeras la tenían de la punta y el resto nos pusimos atrás. Decidimos quedarnos así, aparte.
–¿La detuvieron durante los incidentes?
–No, fue a las seis de la tarde. Ya hacía rato que habían terminado.
–¿Cómo ocurrió?
–Ya estábamos volviendo a casa. Con mis compañeras habíamos caminado unas cuadras para tomar el micro. Carmen (Infrán, también presa) y yo nos separamos del grupo para comprar cigarrillos. Fuimos al kiosco y estábamos ahí cuando apareció un hombre grandote que la agarró del brazo y la tiró al piso, cuando me di vuelta, yo también tenía detrás a una mujer. Eran policías de civil, pero me di cuenta después, cuando apareció el carro azul. De ahí nos llevaron a (la Dirección de Investigaciones de la Federal en) Lugano. No nos dijeron por qué, ni por averiguación de antecedentes ni nada. Directamente nos levantaron y ya está.
–¿Cuándo la llevaron al juzgado?
–Dos días después. Yo creía que iba a salir porque no había hecho nada, pero ahí me enteré de que quedaba presa. No me acuerdo mucho de lo que pasó ese día, me dio una crisis de nervios. Porque yo no estoy diciendo que soy inocente para tapar algo y salir de acá, lo digo porque realmente no hice nada. En el expediente no hay ninguna prueba contra mí, solamente lo que dicen los dos policías que me detuvieron. No aparezco en ninguna foto (de los disturbios), porque nosotras estuvimos con la bandera, una teniendo el termo, otra yendo a comprar un pancho. Nos mantuvimos aparte, reclamando. Por eso digo que lo único que necesito es que se haga Justicia.
–¿Se considera una presa política?
–Más que una presa política, una rehén de la política. Yo creo que el Presidente, el jefe de Gobierno (Aníbal) Ibarra, Aníbal Fernández saben qué clase de personas somos. Lo que pasa es que piensan que mientras a nosotros nos tengan acá, no va a haber más marchas en la calle. Para ellos, nosotros somos una demostración: “Fíjense lo que ocurrió en la Legislatura, éstos fueron a marchar y vean lo que les pasó”. Pero a mí megustaría que el Presidente, que Ibarra y que Aníbal Fernández pensaran que los que estamos acá tenemos hijos y que si ellos son tan justos como dicen, que hagan Justicia, que no estemos presos gente inocente. Nos pueden tener así hasta tres años y medio, antes de empezar el juicio oral. Vamos a pasar presos todo ese tiempo para que después nos digan “están absueltos”.

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