Para la Argentina, Chile y Uruguay ha llegado el tiempo de la justicia. Esto produce un deslinde en la clase política, entre quienes respaldan esas investigaciones, como los presidentes Kirchner, Lagos y Tabaré y aquellos que preferirían la impunidad, ya sea por su afinidad con los asesinos o por los compromisos que asumieron con ellos cuando pasaron por el gobierno, como el bipresidente oriental Julio Sanguinetti y el semipresidente argentino Eduardo Duhalde.
Por Horacio Verbitsky
Así como el asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier abrió la primera brecha en el muro de la impunidad chilena, el mismo efecto amagan tener en Uruguay las operaciones transnacionales efectuadas por sus Fuerzas Armadas. Los casos que han puesto en crisis la ley de Caducidad debida uruguaya son los de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman (raptada en Buenos Aires y asesinada en Montevideo luego de dar a luz); los políticos orientales Zelmar Michelini y El Toba Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados y asesinados en Buenos Aires, y el químico chileno Eugenio Berríos, quien fue muerto en Montevideo cuando intentó escapar de los militares uruguayos a quienes lo habían entregado sus colegas chilenos. Uruguay vive hoy una situación equivalente a la de la Argentina en 1984, cuando fueron arrestados los miembros de las dos primeras juntas militares o Chile en 1998, al producirse la detención del ex dictador Augusto Pinochet en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón.
Para los gobiernos de Ricardo Lagos, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez el avance de estos procesos despeja las sombras dictatoriales sobre la democracia. En cambio, son percibidos como una amenaza por los políticos partidarios de la impunidad de estos crímenes, como el ex bipresidente oriental Julio María Sanguinetti y el ex semipresidente argentino Eduardo Duhalde. La decisión del Tribunal Superior español, que anuló la decisión del anterior gobierno de José María Aznar de paralizar la solicitud de extradición de cuarenta criminales argentinos completa el panorama: lo que no se haga en un país, dará lugar a que otras jurisdicciones intervengan. Los defensores de las dictaduras rezongan por la doble vara que permite a políticos y militares de Estados Unidos ponerse a salvo de estos desarrollos jurídicos por actos de mero imperio. Les asiste razón: esta semana murió sin haber recibido nunca una citación judicial el máximo jefe de las tropas estadounidenses en Vietnam, general William Westmoreland. Esto sólo lo explica la asimetría de poderes, que no resolverán los tribunales, pero no modifica los principios involucrados, que tarde o temprano prevalecerán.
Finales:
En la Argentina la dictadura se derrumbó luego de la guerra perdida en 1982 contra Gran Bretaña en el Atlántico Sur, sin capacidad para negociar los términos del repliegue. Su decreto de autoamnistía de 1983 fue anulado por la justicia y en 1984 sus altos jefes fueron sometidos a proceso y detenidos. Recién en 1987, luego del alzamiento del teniente coronel Aldo Hulk, el sistema político negoció la ley de obediencia debida. En Uruguay y Chile los militares intentaron institucionalizar sus regímenes con sendos plebiscitos, en 1980 y 1988. En ambos casos los perdieron, pero se tomaron su tiempo antes de retirarse, procurando garantías. No hay documentos que confirmen si el Pacto del Club Naval de 1984 incluyó una cláusula explícita de impunidad, pero el Día de los Santos Inocentes de 1985 entró en vigor la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado oriental, cuyos considerandos invocan aquellos acuerdos y excluyen de castigo los delitos cometidos por militares y policías “por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto”. Desde entonces esas 27 palabras fueron leídas y releídas en busca de un resquicio. La ley de Caducidad fue sancionada en Montevideo la misma semana en que el Congreso argentino votó la de Punto Final. Esto obedeció a la coordinación entre los presidentes Raúl Alfonsín y Julio María Sanguinetti, sus cancilleres Dante Caputo y Enrique Iglesias, y el senador blanco Juan Raúl Ferreyra. Cuando en Uruguay los militares anunciaron que ignorarían cualquier citación de la justicia y Sanguinetti hizo saber a la oposición blanca y del Frente Amplio que estaba dispuesto a respaldar ese desacato, Ferreyra viajó en secreto a Buenos Aires. Alfonsín lo instó a favorecer el rápido dictado de una ley de amnistía, y citó fuentes de la embajada norteamericana en la Argentina para argumentar que en caso contrario existía un 50 por ciento de probabilidades de que se produjera una interrupción del proceso democrático oriental.
En 1989 el 55 por ciento del electorado uruguayo ratifico en un referéndum la vigencia de esa ley, luego de una campaña de miedo a cargo de Sanguinetti. Ese porcentaje reflejaba la situación política de aquel momento: en Montevideo se impuso con el mismo porcentaje del 55 por ciento el voto verde, por la esperanza de Justicia, mientras en el interior conservador dos de cada tres se pronunciaron por el amarillo del olvido. Esos eran también los porcentajes de la Capital y el interior, en favor y en contra del Frente Amplio, que en cambio hoy gobierna con la mitad más uno de los votos en todo el país. En Chile además de la ley de amnistía dictada en 1978, Pinochet dejó un andamiaje institucional que condicionó a los gobiernos posteriores. La Constitución Autoritaria elaborada por el ideólogo falangista Jaime Guzmán, con su sistema de representación privilegiada de las minorías, la autonomía política y financiera de las Fuerzas Armadas, los senadores biónicos y la tutela del dictador comandante en jefe sobre los gobiernos que lo sucederían, maniató a Chile hasta 1998, cuando el juez Garzón cortó de un tajo esas amarras gordianas. Esa decisión tuvo consecuencias extraordinarias en toda la región. Con días de diferencia fueron detenidos en la Argentina los ex dictadores Videla y Massera por el robo de niños, delito que nunca había sido perdonado pero que sin embargo no se investigaba como corresponde y puso en marcha un proceso que culminó este año con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del olvido; en Chile, la justicia reinterpretó la amnistía, de modo que antes de aplicarla deben investigarse las circunstancias de cada caso y no puede concederse a los autores de desapariciones forzadas, porque ese crimen sigue cometiéndose hasta la aparición del cuerpo; en Uruguay, Sanguinetti recibió en 1999 la primera carta de Juan Gelman, en demanda de explicaciones sobre el destino de su nieta y de su nuera.
Lagos, Kirchner, Tabaré:
Ahora es el turno uruguayo de seguir la huella abierta en Chile y la Argentina. Sus consecuencias no son desestabilizadoras, sino todo lo contrario.
Pinochet fue detenido en Londres cuando culminaba el mandato presidencial del hijo engominado de Eduardo Frei. Pese a la reacción patriotera impulsada por la derecha, Ricardo Lagos derrotó al ex funcionario económico de Pinochet Joaquín Lavín y se convirtió en el primer presidente socialista, 36 años después de la expulsión violenta de Allende. El gobierno de Tony Blair y su ministro Jack Straw Sourrouille inventó una senilidad incapacitante y devolvió al ex dictador a Chile, donde la justicia le quitó su inmunidad senatorial, lo sometió a juicio y dispuso su arresto domiciliario. Ahora que se acerca el final del mandato de Lagos, según un informe oficial de la policía de investigaciones, fueron detenidos más de 300 “integrantes en retiro y activos de Fuerzas Armadas y de Orden” y se dictaron dos centenares y medio de autos de procesamiento. La Constitución falangista acaba de ser reformada y sólo quedó en pie de ella el sistema binominal, de modo que para vencer a la derecha los candidatos de la Concertación deben ganar en cada circunscripción electoral por 2 a 1. De otro modo, se llevan un representante cada uno. Lagos deja el poder con un porcentaje de adhesión popular sin precedentes y hay pocas dudas sobre la victoria de su candidata, la socialista Michelle Bachelet, ex ministra de Defensa e hija de un general del aire torturado por la dictadura. Un segundo informe oficial, luego de una investigación conducida por el cura católico Sergio Valech, estableció que la tortura fue una práctica generalizada en todo Chile, que afectó a no menos de 35.000 personas. Desde que asumió la presidencia, Kirchner hizo explícita su voluntad de impulsar las investigaciones y el castigo por los crímenes de la guerra sucia, lo cual le valió los ataques del ex Senador Duhalde, quien se inclinaba por el perdón y el olvido.
Kirchner incluso dio un abierto respaldo a la búsqueda de los restos de la nuera de Gelman en el Uruguay. La clase política oriental considera que su legislación interna está por encima de las convenciones y tratados y de los principios generales del derecho internacional. Los otros más notorios son China y los Estados Unidos de Norteamérica. Los gobiernos de Washington y Beijing se resisten al derecho en nombre de la fuerza. Los políticos tradicionales uruguayos todavía no han advertido la diferencia de su situación. En los últimos años, la realidad se ha empeñado en recordársela. En 2003 el gobierno argentino rechazó la designación como agregado naval del capitán de navío Juan Craigdallie, acusado por otro marino de torturar hasta la muerte a dos argentinos y el de Estados Unidos tampoco aceptó en 2004 al general Walter Díaz Tito como jefe de la misión militar uruguaya en Washington, por su participación en las torturas que causaron la muerte al dirigente ferroviario Gilberto Coghlan, en 1973.
Complicidades:
El sucesor y adversario de Sanguinetti, Jorge Battle, intentó diferenciarse y creó una comisión para la paz que llegó a establecer lo sucedido con 28 detenidos-desaparecidos. Battle dijo que sabía quiénes habían matado a la nuera de Gelman y dónde estaba enterrada, pero que no lo haría público porque no podía darle a un argentino aquello que les negaba a los uruguayos. Se comprende. La dirigencia política cogobernó con los militares, lo cual creó complicidades que hoy gravan la democracia oriental. La nieta de Gelman fue entregada a un alto jefe policial, el comisario Angel Tauriño, quien inscribió a la niña como hija propia. El comisario Tauriño era un hombre de íntima relación con Sanguinetti y con la plana mayor de su sector político dentro del Partido Colorado. Tabaré Vázquez no tiene ese tipo de compromisos. Es cierto que el Frente Amplio participó en las reuniones del Club Naval, pero su jefe de entonces, el general Líber Seregni siempre negó que allí se hubiera pactado la impunidad. El Frente participó en forma activa en el referéndum de 1989 y asumió entonces un compromiso de respetar su resultado, que Vázquez ratificó durante la campaña electoral del año pasado que lo llevó a la presidencia.
Adentro y afuera:
La discusión gira ahora acerca de qué casos están incluidos o excluidos de la ley de caducidad, cuyo artículo 4 obliga al Poder Ejecutivo a investigar cada denuncia y a comunicar los resultados de su encuesta a los familiares de las víctimas. Tabaré ya hizo saber que ni el caso de María Claudia ni el de Zelmar y el Toba están comprendidos por la ley, tal como el Frente Amplio sostiene desde hace años. En el caso de la adolescente que estaba embarazada en el momento de su secuestro en Buenos Aires, no hay forma de atribuir “móviles políticos” a su asesinato, cuando la propia comisión creada por Battle estableció que “el secuestro de esta joven, sin relación alguna con el Uruguay, no tiene explicación lógica y sólo pudo obedecer al propósito de sustraerle su bebé”. Luego de ello, “se dio muerte a la detenida”. Tanto Lacalle como el ex jefe del Ejército Hugo Medina negaron que el asesinato de dos dirigentes políticos que nunca empuñaron un arma hubiera sido ordenado por los mandos, con lo cual tampoco corresponde la amnistía. Además, empiezan a aparecer casos anteriores a la dictadura y se abre a debate si corresponde la prescripción para este tipo de delitos aberrantes. “No jodan con el almanaque, que la ley es para pacificar”, hace decir Sanguinetti, pero su palabra ya no tiene la repercusión de antaño porque es obvio su vínculo con los represores. Fue su ex edecán (y fundador de la logia Rodosca) Juan Córdoba quien durante una reunión de 13 generales mencionó la posibilidad de que los oficiales citados a declarar no concurrieran y se refugiaran en unidades militares. En tal caso, dijo, él les daría asilo. Tal vez con previa consulta a Sanguinetti, Córdoba pidió su relevo al jefe del Ejército, general Angel Bertolotti, el primero que se declaró dispuesto a hacer cumplir las decisiones judiciales, aunque todavía crea que corresponde que el Estado pague su asistencia letrada y reclama una citación discreta a través del ministerio de defensa y la detención en lugares militares y no en una cárcel. En una reunión con los acusados y otros mandos, Bertolotti les hizo notar la finalización de la guerra fría y el nuevo contexto político regional.
–Voy a resistir con las armas –dijo uno de los principales inculpados, José Nino Gavazzo.
–Entonces te veré en tu velorio –le respondió Bertolotti, según una fuente diplomática.
La solicitud de relevo es una salida individual, pero no tiene viabilidad política. Si los 16 generales siguieran el mismo camino, sólo contribuirían a la apertura de otro debate: ¿necesita El Paisito un Ejército, y en tal caso cuál? En la misma línea de firmeza, corrigiendo incluso una declaración previa de Bertolotti, el subsecretario de Defensa José Bayardi dijo que se accederá a los pedidos de extradición que puedan recibirse, lo cual comprende a los implicados en el asesinato de Berríos. Pero no sólo: desde hace veinte años distintos jueces argentinos solicitaron la captura y extradición de Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira por su participación en secuestros y torturas de prisioneros en territorio argentino en los años 1976 y 1977. Todos ellos tenían su base de operaciones en el campo de concentración Automotores Orletti. Igual que en la Argentina y Chile, la agitación entre los posibles convocados es un dato que pierde relevancia cada día, ya que casi no hay casos de militares en actividad ni con mando de tropa ni espacio político para la insubordinación. La excepción es uno de los imputados por el asesinato del chileno Berríos, el coronel Washington Sarli, ya que la muerte de Berríos ocurrió recién en 1992.
Transacción macabra:
El abogado de Gelman anunció que no aceptará un canje de impunidad por información sobre la ubicación de los restos de María Claudia. La macabra transacción propuesta por los asesinos no está dirigida a las víctimas sino al Ejército y a la justicia: de aparecer el cuerpo, dicen, la desaparición se convertiría en homicidio y estaría prescripto. La misma especulación guió a los militares chilenos en sus declaraciones ante la Mesa de Diálogo. Los orientales también intentan ampararse en declaraciones y documentos en los que ex jefes del Ejército asumen la responsabilidad por lo que llaman “desvíos en materia de derechos humanos”. La idea de que la persecución de estos crímenes pueda cesar por el paso del tiempo o con el argumento de la obediencia a órdenes superiores ya fue rechazada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso peruano de Barrios Altos, invocado como obligatorio por la Corte Suprema argentina. Ante una consulta del gobierno peruano, el tribunal aclaró que su fallo no valía sólo para ese caso sino para todos los similares. Todos los estados miembros del sistema interamericano tienen la obligación de investigar las violaciones graves a los derechos humanos y no pueden oponer a ello ningún dispositivo de su legislación interna. Lo mismo habían dicho la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta de Irlanda Mary Robinson; el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante una consulta del Uruguay y la Argentina, cuando gobernaban Luis Lacalle y Carlos Menem, la CIDH dijo que las leyes de caducidad, de punto final y de obediencia debida violan la Convención y la Declaración interamericanas de Derechos Humanos porque impiden el derecho a la justicia.
Pistolas y amenazas:
Ante un gobierno decidido y una jefatura militar subordinada a sus decisiones, no hay espacio para rebeldías ni negociaciones. Por eso, la preocupación principal es política. Citado a declarar como testigo en una causa el ex dictador Gregorio Alvarez dijo que no estaba preocupado porque tenía dos pistolas, pero off the record agregó que también tenía una carta de una de las máximas autoridades nacionales de hoy felicitándolo por su asunción. Colorados y Blancos, barridos de la escena electoral luego de diecisiete décadas de monopolio del poder (sólo compartido con los militares) ven en las causas por violaciones a los derechos humanos una oportunidad para desgastar al flamante gobierno del Frente, para lo cual cuentan con la simpatía del establishment y de la prensa tradicionales. Desde el gabinete de Tabaré no se descarta que hayan recibido aliento del ex embajador estadounidense Martin Sylverstein, fastidiado por la no ratificación del Tratado Bilateral de Garantía de Inversiones, firmado por el ex presidente Battle. Vázquez y el secretario general de la Presidencia, Gonzalo Fernández procuran concluir con las causas judiciales a fin de año. La pretensión de poner plazos caracterizó al gobierno argentino de Alfonsín, quien no tuvo ningún éxito en el intento. No haría mal en tomar nota de esta historia el gobierno uruguayo.
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