El país|Jueves, 4 de agosto de 2005

Por Irina Hauser

Organizó y concretó el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que involucrara a un grupo de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA. Fue una operación “oculta” e “ilegal”. La negociación violó las normas procesales. Su finalidad era armar una versión de los hechos para mostrar un culpable. Tuvo “desprecio por el resguardo de los intereses públicos”. Fue “parcial” e incumplió sus deberes “éticos y legales”. Por todo esto, el jurado de enjuiciamiento en pleno resolvió destituir a Juan José Galeano. Lo acusó de mal desempeño en la causa sobre el ataque a la mutual judía, que tuvo a su cargo casi diez años. Ahora, sin fueros, ya no hay trabas para que sea indagado por la justicia federal, donde aparece comprometido en delitos que podrían llevarlo a la cárcel.
Mientras escuchaba la sentencia, una doble sensación atravesaba a Diana Malamud, que integra el grupo de familiares de víctimas nucleados en Memoria Activa. “Tenía satisfacción porque tanto trabajo para desenmascarar lo bochornoso rinde sus frutos. Y a la vez sentía indignación y odio. Galeano hizo un pago ilegal para crear una historia oficial que cerrara la causa. Pero no lo hizo solo sino con los dirigentes de turno y de la propia comunidad judía”, le dijo a Página/12.
La sala de audiencias del Palacio de Justicia, donde hace veinte años se juzgó a las juntas militares, estaba repleta. El público era una mescolanza: había familiares de las víctimas, ex policías bonaerenses que estuvieron presos en la causa AMIA como Juan José Ribelli y Raúl Ibarra, funcionarios del Consejo de la Magistratura, miembros de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, amigos del juez removido, el ex titular de la mutual judía Abraham Kaul y periodistas. Pero faltaba la figura central: el propio Juan José Galeano. Tampoco hubo dirigentes de la DAIA.
“No existen diferencias entre admitir la tortura para obtener una declaración o pagar para lograr el mismo resultado”, dice una de las conclusiones más estremecedoras del jury de enjuiciamiento, que evaluó que Galeano obró de modo “fuera de todo cauce legítimo” en la causa AMIA. El tribunal, que preside el juez de la Corte Suprema Augusto Belluscio, basó la destitución de Galeano en tres de los quince cargos que componían la acusación formulada por la diputada Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmukler en nombre del Consejo de la Magistratura. Ellos también habían mostrado la destrucción de pruebas, la coacción a testigos, escuchas telefónicas ilegales, entre otras cosas, en base a denuncias de Memoria Activa, Familiares y amigos de las víctimas y de la ex diputada Nilda Garré.
1 Pago a Telleldín. Los nueve integrantes del jurado coincidieron en que Galeano fue el responsable de “la preparación, negociación, organización y ejecución” de la entrega de 400 mil dólares al armador de autos truchos. El dinero provenía de la SIDE. Ese pago, señalaron, fue “clandestino y teñido de la más absoluta ilegalidad”. Argumentaron que el objetivo del ex juez al negociar la declaración de Telleldín –a quien tenía detenido como principal imputado– no era “la averiguación de datos útiles, sino incorporar una versión de los hechos” que “involucraba a personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires”.
Los miembros del jurado pusieron énfasis en que Galeano “mantuvo el pago oculto” no porque fuera “secreto de Estado”, sino porque violaba las normas. No sólo evitó dejar constancias en la causa, recordaron, sino que incluso negó su existencia al dar explicaciones a la Cámara Federal y a la Comisión Bicameral de seguimiento de la investigación. Descartaron, contra la defensa del ex magistrado, que se haya tratado de una recompensa por información. Para eso, advirtieron, existía una normativa específica que facultaba a la Secretaría de Seguridad a pagar y que no se aplicó en este caso. Ese organismo, por ejemplo, no intervino. Sólo la central de espías.
2 Contactos indebidos. Según sostuvo el jurado, también por unanimidad, las entrevistas informales que Galeano mantuvo con Telleldín estuvieron “fuera del marco de la ley procesal”. El ex juez, dijeron, “optó por una vía torcida” y “oculta”. Ni siquiera notificó a los fiscales, puntualizaron. “El juez sólo puede comunicarse con un imputado por una declaración indagatoria”, advirtieron. Y añadieron que lo que agrava la situación que se hayan filmado los encuentros “de manera subrepticia”.
3 El colmo del espionaje. La destitución también se apoyó en que Galeano autorizó a los abogados de la querella-DAIA Marta Nercellas y Roberto Zaidemberg a entrevistar a uno de los imputados, Bautista Huici, en su lugar de detención junto a su defensor. No sólo eso: el ex juez permitió que llevaran micrófonos y cámaras ocultos entre sus ropas, que él mismo les facilitó, para grabar la conversación. Esta situación “ha violentado el derecho de defensa y del debido proceso”, evaluó una mayoría del jurado. “Es un acto de gravedad institucional”, dijeron. Los seis vocales del tribunal que señalaron esta infracción fueron Jorge Agúndez, Enrique Basla, Manuel Moreira, Ramiro Puyol, Eduardo Roca y Guillermo Sagués. Votaron en disidencia Belluscio, Manuel Baladrón, y Sergio Gallia.
“No se trata de ser zonzo en la lucha contra el delito como se ha sostenido en la defensa (de Galeano), sino de tener clara conciencia, obrando en consecuencia, que la actuación del Estado tiene claros límites impuestos por la Constitución y las leyes”, compartió todo el jurado. El defensor oficial ex juez, Mariano Maciel, anunció que apelará la sentencia de la destitución ante la Corte Suprema. También dijo que irá a los tribunales internacionales. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, el Estado argentino ya reconoció su responsabilidad por el encubrimiento político-judicial en la investigación.
Ya sin los fueros que lo protegían, Galeano podrá ser citado a indagatoria en la causa en sobre las irregularidades en la investigación del caso AMIA. El Tribunal Oral 3 que juzgó el atentado el año pasado le adjudicó a Galeano delitos graves como privación ilegal de la libertad y torturas, aclarando que tuvo “sostén” desde los otros poderes públicos. Los fiscales Alberto Nisman y Carlos Cearras le atribuyen también peculado (por el dinero público usado para pagarle a Telleldín), instigación al falso testimonio, violación de sus deberes, abuso de autoridad, destrucción de pruebas, encubrimiento y prevaricato. Esta pesquisa abarca también a los responsables políticos. Estuvo cinco años casi inactiva, en el juzgado de Claudio Bonadío, pero pronto cambiaría de juez.

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