En el Consejo de la Magistratura ya nadie se acuerda cuándo fue la última vez que se reunieron sus veinte miembros. Pero ayer ocurrió el milagro: hubo asistencia perfecta. Hasta estuvo el presidente del cuerpo, el juez de la Corte Enrique Petra-cchi, que es uno de los que falta con mayor frecuencia. Uno de los temas clave de la reunión fue el proyecto que intenta poner un plazo de prescripción para los expedientes contra jueces. Los consejeros recibieron a la Asociación de Magistrados, que fue a defender la caducidad, y a un grupo de siete ONG del ámbito jurídico, que plantearon cuestionamientos. En el próximo plenario se votará.
La propuesta para poner un límite temporal a las investigaciones contra magistrados viene alentada por el sector más conservador del Consejo, que abarca a los representantes de los jueces. Hasta hace algunos días parecía imponerse un plazo de dos años, al cabo del cual los expedientes caerían. Sin embargo, hubo consejeros, entre ellos Petracchi, y organizaciones civiles que se opusieron.
Los consejeros escucharon al constitucionalista Daniel Sabsay, que expuso en nombre de un grupo de organizaciones, entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Estas entidades plantean otro eje de debate: se oponen al plazo en tanto herramienta que podría dar impunidad a los jueces, pero creen que el foco debe estar en que se establezcan sanciones a los consejeros que dilaten la investigación de los casos denunciados.
Por su lado, el titular de la Asociación de Magistrados, Miguel Angel Caminos, pidió que se establezca una caducidad de dos años. Alegó que cree injusto mantener a los jueces en situación de indefinición bajo amenaza de juicio político. Durante el plenario el Consejo recibió una visita protocolar del ministro de Justicia, Alberto Iribarne, que propuso afianzar el diálogo.
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