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El país|Sábado, 3 de septiembre de 2005

El fiscal de la causa Cromañón pidió la indagatoria de Aníbal Ibarra

Los familiares de las víctimas sostienen que el juez Lucini accederá al pedido del fiscal. La opinión del gobierno porteño.

Por Adriana Meyer
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Familiares de las víctimas protestaron ayer en la Legislatura.
La Justicia apretó el acelerador en el caso Cromañón y empeoró la situación de Aníbal Ibarra mucho más rápido que sus acusadores en el terreno político. El fiscal de instrucción Juan Manuel Sansone solicitó la declaración indagatoria del jefe de Gobierno, en la causa donde se investiga la muerte de 194 personas durante el incendio del boliche de Once. Los abogados de los familiares de las víctimas estiman que “es un hecho” la citación de Ibarra por parte del juez Julio Lucini, quien accedería al pedido del fiscal Sansone. Así lo estimó el letrado Fernando Soto, quien agregó que sabían que ocurriría, pero “el hecho de que suceda en tiempos electorales” refuerza su “confianza en la Justicia”.
A mediados de agosto, Lucini llamó a indagatoria al ex secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan Carlos López, uno de los primeros resortes políticos que saltaron tras la tragedia del 30 de diciembre. También citó a otros funcionarios del área, y los familiares presintieron que el cerco comenzaba a cerrarse en torno de Ibarra.
“En función de la descripción de los hechos (que hace el fiscal en su requerimiento) da perfectamente la calificación de homicidio culposo”, opinó ante Página/12 otro representante de las víctimas, José Iglesias. “Es la misma línea de argumentación que utilizó para pedir la indagatoria de López: el ‘focazo de corrupción’ en el área de los inspectores (que denunció el propio Ibarra al asumir), las alertas no escuchadas y una cantidad de elementos probatorios”, agregó. A diferencia de Soto, que piensa que la llamada a indagatoria de Ibarra es inminente, Iglesias fue un poco más cauto. “Lucini va a hacer lugar pero no en lo inmediato, porque primero debe determinar si sigue como subrogante”, especuló el letrado y padre de Pedro Iglesias, fallecido en el boliche. Es que la jueza del caso, María Angélica Crotto, termina su licencia el 15, y la continuidad depende de sus exámenes médicos. Tras la indagatoria de López, prevista para el 7, el juez tiene 10 días para resolver su situación procesal. “Nunca va a disponer algo que no resuelva él. Entonces, si sigue con la causa la va a proveer (la indagatoria de Ibarra)”, razonó Iglesias.
En el entorno del jefe de Gobierno ayer hubo sorpresa. A los funcionarios allegados a Ibarra les llama la atención que se haga este pedido “justo dos días antes de la declaración de López”, porque consideran que el procedimiento habitual sería escuchar al subordinado y recién después decidir si se sigue avanzando en la escala de responsabilidades políticas. También les pareció llamativo que esto ocurra “a una semana” de que Ibarra haga su presentación ante la comisión investigadora de la Legislatura, en medio del juicio político. “Se prende una luz amarilla respecto de la neutralidad del fiscal (Sansone), es un indicio fuerte de la politización del proceso judicial”, se escuchó decir en la Jefatura de Gobierno porteño.
“Nos sentimos satisfechos, aunque después de mucho dolor”, expresó Soto a Página/12. Según este abogado, no caben dudas de la responsabilidad jurídica de Ibarra porque así lo establece el Plan Maestro de Emergencias y el artículo 105 de la Constitución de la Ciudad. Sin embargo, el abogado del jefe de Gobierno, Julio Golodny, ya había expresado que “la imputación no tiene fundamento porque las responsabilidades penales son de las personas, no de las personas jurídicas ni de los cargos”.
Por su parte, Javier Miglino, víctima y querellante en el caso, se mostró aún más prudente que sus colegas porque entendió que “si este pedido del fiscal no cuenta con los elementos sólidos puede terminar en un sobreseimiento que beneficie a Ibarra”. Miglino deslizó que podría haber influido el momento político en la decisión de Sansone.
Allá por los calurosos días de febrero los investigadores pedían calma tanto a los familiares como a la prensa. Pero cada vez que se les preguntaba respecto de las responsabilidades políticas no descartaban avanzar en tal sentido. Y cumplieron, a pesar de las voces que sostenían como “absurdo” que la cabeza del jefe de Gobierno estuviera en juego. La teoría “20 de diciembre-Fernando de la Rúa” parecía un escenario lejano pero todo indica que ese futuro está llegando.

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