Alejandro Alagia es el fiscal que cambió la carátula a los detenidos por los desórdenes en la Legislatura y permitió su libertad. “La calificación era inaudita”, señala este fiscal que se asume como marxista.
Por Susana Viau
Alejandro Alagia, fiscal general del Tribunal Oral, quien permitió la libertad de los 15 detenidos.
Trabaja en la Justicia desde antes de pasar por el servicio militar. Es discípulo de Eugenio Zaffaroni e integrante de su cátedra de Derecho Penal, en la Universidad de Buenos Aires. A principios de los ’90 se convirtió en uno de los miembros más jóvenes del Ministerio Público. En la actualidad, a los 41, revista como fiscal general del Tribunal Oral, un cargo obtenido por concurso y ganado, paradójicamente, pidiendo la absolución del imputado. La semana pasada, Alejandro Alagia produjo un cimbronazo entre sus colegas al aceptar el cambio de la carátula que había mantenido en prisión durante más de un año a 15 manifestantes, capturados en los alrededores de la Legislatura porteña el día en que se debatía el Código de Convivencia Urbana. La durísima calificación descargada sobre ese puñado de vendedores ambulantes, artesanos, anticuarios, travestis y prostitutas atravesó todas las instancias del fuero de instrucción sin que nadie diera señales de malestar por el abismo que mediaba entre los hechos y la sanción. Se trató, a criterio del fiscal, de un tour de force en la aplicación de las leyes, de una “brutalidad emparentada con el terrorismo de Estado”, una secuela tribunalicia de la represión de diciembre de 2001 y de la cacería del Puente Avellaneda. Casi no hace falta decir que Alagia es marxista, un fiscal rojo o, si se prefiere, una mosca blanca en un universo –el de la Justicia– signado por su ideario conservador.
–¿Qué piensa del proceso?
–Era una causa que venía con una calificación inaudita, prácticamente un procedimiento de terrorismo de Estado, convalidado por todas las instancias judiciales. Incluso José Saramago había pedido por los detenidos, 15 chivos expiatorios sometidos a un castigo desmesurado, brutal. Viendo el expediente me sorprendí. Jamás me había encontrado antes con una renuncia semejante al esfuerzo de fundamentar. Se saltaba de la descripción del hecho de tirar una piedra a la configuración de un delito cuasi sedicioso como es el de “coacción a los poderes públicos”. Y se aplicaba un castigo desenfrenado. Hay un plus de dolor que la autoridad le impone a la gente que ya no encuentra justificación en el expediente. Se violan incluso las tradiciones jurídicas liberales. De todos modos, en la facultad vemos que es un fenómeno mundial. En Génova le meten un tiro en la cabeza a un chico frente a las cámaras de televisión. Ya no hay garantías de que a la autoridad no se le zafen los tornillos. Ingresamos al siglo XXI con todas las taras de los siglos pasados.
–¿Cómo aterrizó en esta causa?
–Eran las siete de la tarde, tenían al detenido en el tribunal y no encontraban a ningún fiscal para la “probation”. El defensor hizo lo que venía haciendo desde hacía un año y medio: argumentar por qué la calificación era ilegal. Eso era lo único ilegal de la causa, eso y el comportamiento de los distintos funcionarios que autorizaron la prisión de 15 personas porque estaban manifestándose contra un código bestial. No puede ser más importante romper una puerta que dictar una normativa destinada a castigar a la población más pobre. La defensa hizo una argumentación muy jurídica. Fue tan correcta que me limité a apoyar lo que sostenía. Después del alegato, el tribunal transformó la calificación de delito sedicioso en falta menor, en una calificación correccional. Yo conocía la “causa Schiffrin”, en la que condenaron a una docente de Bariloche porque durante una protesta cortó la ruta que lleva de la ciudad al aeropuerto. Los organismos de derechos humanos recurrieron y la causa vino a la Cámara de Casación. Y Casación también la condenó. Alfredo Bisordi dijo en su voto que protestar con los métodos de los piqueteros es una forma sediciosa puesto que se arrogan una representación que tienen los representantes del pueblo, es decir, diputados y senadores. En las calificaciones que atribuyen un carácter sedicioso a la protesta hay elementos de terrorismo de Estado. Lo hacen con docentes, con técnicos de un hospital. Con ese criterio a la orquesta del Colón la pueden detener con orden judicial con el argumento de que su huelga priva del placer de la música a los abonados del Mozarteum. Bueno, esta causa trata de eso. Demuestra que ya no hay texto sino acción, pura coerción. Y esta tendencia se observa en la facultad: las prohibiciones no se basan más en la lesión de un bien jurídico sino en la crisis de lealtad a la autoridad, son delitos de peligro. Lo que alimenta el castigo es la creación de un peligro imaginario. Se ve en la legislación europea antiterrorista, en la modificación de todas las leyes procesales: juicio abreviado, delatores, agentes encubiertos, jueces encapuchados. Aquí tenemos las leyes Blumberg, que agravaron la mayoría de las penas para los delitos cometidos por la población vulnerable. Si es por la magnitud del castigo, da lo mismo asaltar con un arma de juguete que con un lanzallamas. Si bien la salida a esta situación no está en el mundo jurídico, las discusiones también hay que darlas en ese terreno, porque ahí están colocando los problemas. Hay 3500 procesos abiertos por criminalización de la protesta. Y aquí hubo 15 tipos que tuvieron que pasarse presos un año y dos meses para que se advirtiera que el discurso jurídico encubre la realidad.
–¿Cómo cayó esta decisión en la familia judicial?
–No sé. Mi sensación es de vergüenza, vergüenza de que en esta historia hayan intervenido fiscales, camaristas, jueces de la casación sin que nadie se detuviera a reflexionar un segundo sobre la tragedia que estaban viviendo estos detenidos. Marx decía que cuando la gente deja de ver el delito donde hay castigo, deja de creer en el delito y en el castigo. Y en este caso pasa lo mismo: nadie se alarmó por la decisión de liberarlos. Hasta La Nación, que tiene una mirada muy severa sobre estos conflictos sociales, entendió que se trató de un exceso. También la derecha política vio el castigo y no el delito o, al menos, vio una infracción y un castigo inusitado y por lo tanto perverso.
–La prensa lo califica como fiscal garantista.
–El término garantista que se lo pongan a otro. El garantismo es una invención de los que viven de los límites. La idea del garantismo es repudiable porque hace de los límites al poder de otro una teoría de la Justicia. Los garantistas convierten los límites judiciales o las ocho horas de trabajo en un ideal de justicia: “Este es un mundo justo porque se le pone un límite a la explotación, un límite a la arbitrariedad de quienes aplican la ley”. Es verdad que, a veces, el garantismo es una herramienta necesaria, pero no se debe perder de vista que vive la miseria, de ese plan trabajar que es pedirle a la autoridad que sea menos cruel. Ahí tiene: el garantismo es hoy tan necesario, lamentablemente, como los planes Trabajar.
–¿Sería entonces un fiscal con espíritu de defensor?
–No, soy un socialista que se gana la vida con un empleo público en la Justicia. Ahí trato de evitar que el Estado se vuelva un estado homicida. Empecé a trabajar en la Justicia a los 18 años y, además de las clases, no sabría qué otra cosa hacer.
–¿Es diferente su trabajo actual del que tenía como fiscal federal?
–En federal se veía la lumpenización de la casta política; acá se ve la lumpenización de los sectores populares.
–Desde la Justicia ordinaria se toma mejor la temperatura social...
–El fuero criminal permite ver que la mutilación no es sólo la del que vuelve de la guerra. Hay una mutilación invisible: la incapacidad cognitiva, a los que vienen de “la tumba” o de formas muy marginales es difícil reconocerles signos humanos, han perdido la capacidad de la palabra, del lenguaje abstracto. La irracionalidad y la anarquía capitalista producen un tremendo deterioro físico, pero también han producido un daño psíquico irreparable. Han creado seres subhumanos.
–¿Por qué dejó –o lo dejó– el fuero federal?
–No, me dejó. Me echaron a dirigir el tránsito al fuero correccional. Habían echado a varios, incluso a Gustavo Bruzzone, antes que a mí. Y terminé en correccional, donde se veía la problemática social, en el plano familiar. Era como la guardia de un hospital público. Ahora, a esospequeños conflictos también han sido criminalizados. Hay una obsesión anticipatoria: “Hay que castigar al chico que toma cerveza en la plaza porque con el tiempo se hace chorro”.
–¿Va a contarme sí o no por qué lo echaron del fuero federal?
–Sí, por qué no. En mi caso fue por investigar la denuncia de los créditos italianos en los que intervino José Luis Manzano, la “tangente argentina”. Me hicieron una causa penal, acusándome de dar información a la prensa. Era cierto, pero no estaba prohibido. Me defendieron Zaffaroni y Luis Moreno Ocampo. La verdad es que no me querían en federal. En la lista de posibles fiscales estaba tachado con rojo porque había sido candidato del MAS (Movimiento al Socialismo). El fiscal Luis Comparatore me defendió y dio garantías de que me iba a controlar. Para mí, que vengo de una familia de trabajadores, ser fiscal era muy importante, era sacar la cabeza fuera del agua, lo que nunca pudieron hacer mis viejos. Bueno, Comparatore se dedicaba a las causas de corrupción y yo a las de tenencia de estupefacientes, en las que sobreseíamos a todos. A Comparatore lo relevaron antes que a mí. Lo reemplazó Norberto Oyarbide, que de inmediato me pidió el pase. En total, duré seis meses como fiscal federal. Cuando el fuero se convirtió en un desfile de Armani, yo ya no estaba allí.
Imprimir|Regresar a la nota
