Carlos Castresana es el fiscal español que impulsó la primera denuncia en España contra represores argentinos. Una charla sobre cómo cambió el tema desde esos tiempos pioneros.
Por Laura Vales
Castresana inició las denuncias en España hace ya nueve años.
“La impunidad es dos cosas. Primero, es el agujero negro de la Justicia por donde se nos caen las víctimas, víctimas que sufren ataques gravísimos y después no encuentran protección. Y en segundo lugar es la hipoteca de la democracia. Es imposible construir una sociedad democrática con impunidad, porque las instituciones dejan de estar al servicio de los ciudadanos y por lo tanto se corrompen, no cumplen con sus fines. Así, cuando decimos que no se puede mantener una situación de estado de derecho con estándares morales tan bajos que permitan que los responsables de crímenes gravísimos no reciban reproche penal, no estamos hablando del pasado sino del futuro. Estamos trabajando para nuestros hijos, no por nuestros padres”, dice Carlos Castresana. De visita en Buenos Aires por unos pocos días, el fiscal que impulsó la primera denuncia en España contra represores argentinos habló con Página/12 del camino hecho en ese país y de la situación abierta luego de la anulación en éste de la obediencia debida y el punto final.
–¿Cómo vio el juicio a Scilingo?
–Fue la culminación del trabajo que empezamos hace casi diez años, en marzo de 1996. Es la normalidad democrática cuando los tribunales de justicia están, como deberían ser siempre, al servicio de los ciudadanos. Pero normalmente a la violación primaria de los derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad o la integridad física, sigue muchas veces por desgracia una violación secundaria, que es del derecho a la tutela judicial: no solamente has sido secuestrado sino que cuando vas a pedir la protección de los tribunales éstos no te protegen. En 1996, con la denuncia que yo interpuse contra la junta militar argentina se intentó revertir ese proceso, fundamentalmente para darles la oportunidad a las víctimas de que un tribunal de Justicia tuviera las puertas abiertas para escucharlos. Naturalmente, una vez puesta en marcha la máquina judicial, la consecuencia lógica fue que los responsables de las violaciones que pueden ser aprehendidos sean juzgados y si hay pruebas suficientes, condenados.
–Aquella fue la primera denuncia en España. ¿Por qué la hizo?
–Se cumplían 20 años del golpe de Videla. En España aparecía mucha información, que Massera estaba preparando un partido político para presentarse a las elecciones, que Bussi era gobernador, etcétera. Estaba el antecedente de los juicios que se hicieron en los años ’80, frustrados con la obediencia debida y los indultos. La impunidad grosera que se producía funcionó como el referente para proponerles a mis compañeros de la Unión Progresista de Fiscales iniciar esa acción. Fue una denuncia contra Jorge Rafael Videla y otros por genocidio, terrorismo y otros crímenes internacionales. Lo que hicimos consistió en poner en actividad la jurisdicción universal, que en realidad estaba en el derecho internacional desde los años ’40, desde el final de la guerra mundial, pero que como consecuencia de la Guerra Fría había quedado en el congelador.
–La reciente condena a Scilingo fue consecuencia de aquel primer paso.
–Sí, el primer folio del sumario de Scilingo es mi denuncia. Luego se agregó el esfuerzo de muchísima gente que colaboró, que prestó testimonio y aportó documentos y finalmente el resultado está empezando a ser el que nos habíamos propuesto en un principio, combatir la impunidad.
–Scilingo no fue condenado por genocidio.
–Es una cuestión técnico jurídica. El tribunal, por razones de derecho internacional y sobre todo de derecho interno español, prefirió acogerse a la tipicidad de los crímenes contra la humanidad.
–¿Cómo está el proceso contra Ricardo Cavallo?
–Creo que el juicio oral se va a celebrar antes de fin de año, o en los primeros meses del año que viene.
–¿Qué opina de la evolución que se dio aquí con las leyes de impunidad?
–La declaración de la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida fue un paso fundamental. Esperemos que en los próximos meses se confirme que, efectivamente, las puertas de los tribunales están por fin abiertas para las víctimas.
–¿Esto va a implicar que en España queden frenados los procesos?
–No necesariamente. Supongo que la utilidad práctica de los procesos se relativiza en el momento en que las víctimas pueden obtener de los tribunales argentinos aquello que siempre tuvieron derecho a obtener, pero eso no implica legalmente la necesidad de cerrar esos procesos. La jurisdicción universal, en mi opinión, es alternativa, no subsidiaria a la jurisdicción territorial.
Imprimir|Regresar a la nota
