El país|Martes, 8 de noviembre de 2005

Por Irina Hauser

El Consejo de la Magistratura va camino al reciclaje y no está descartado que también le toque un tijeretazo. En diciembre se irán cinco legisladores y el Gobierno tendrá la chance de avanzar sobre varios de esos cargos. Esto le permitirá lograr cierta injerencia –que no tenía asegurada– en las votaciones de este organismo encargado de elegir a los jueces y controlar su conducta. Con la salida del duhaldista Jorge Casanovas y la menemista Lelia Chaya, cambiará la relación de fuerzas interna. A la vez, el oficialismo avanza con otro plan: Cristina Fernández de Kirchner puso en discusión en el Senado un proyecto para reducir el número de miembros del cuerpo de consejeros que podría dejar afuera a las minorías parlamentarias.
El Consejo tiene veinte miembros, entre legisladores, jueces, abogados, académicos y un delegado del Poder Ejecutivo. Los diputados y senadores son ocho en total. Cinco de ellos terminan su gestión en el Congreso en diciembre y, por lo tanto, pierden su carácter de consejeros: los peronistas Casanovas y Chaya, los radicales Juan Minguez y Carlos Prades y el kirchnerista Jorge Yoma.
La partida de Casanovas y Chaya traerá dos transformaciones fuertes en el cuerpo. Una: dejará rengo a una suerte de bloque automático, integrado por legisladores y jueces, que –a aunque no siempre se impone por mayoría– a menudo consigue las proporciones necesarias para frenar juicios políticos o fogonear proyectos leales a la corporación judicial. El otro cambio: estos dos diputados de signo contrario al Gobierno no serán reemplazados por el duhaldismo, que los nombró la última vez, sino por el oficialismo, que es dominante en Diputados.
En el ámbito parlamentario las designaciones de consejeros las hace cada bloque. Es casi un hecho que a Yoma lo reemplazará Vilma Ibarra, desde un bloque de transversales con buena relación con el Ejecutivo. Su desembarco genera expectativas positivas dentro del Consejo. Cristina Kirchner y el senador Miguel Pichetto ya le hicieron un ofrecimiento concreto con aval del Presidente, según pudo saber Página/12. En Diputados el panorama es más incierto, pero uno de los operadores K con influencia en el reparto de cargos lanzó nombres posibles: Gerónimo Vargas Aignasse, un diputado joven, tucumano, de perfil bajo y buena predisposición para los temas jurídicos; Rosana Bertone, de Tierra del Fuego, y Rosario Romero, de Entre Ríos. En el radicalismo no saben quiénes irán al Consejo, donde tienen dos lugares seguros. “Estamos con otra discusión, la de las autoridades de bloque”, explicaron.
“Los próceres difícilmente vayan al Consejo”, ironiza un diputado oficialista, en alusión a Rafael Bielsa, Jorge Taiana y Alberto Balestrini. Los cinco puestos a ocupar son mandatos inconclusos, a los que les queda un año pendiente.
Un sector pequeño del Consejo, liderado por Casanovas, intenta desde la semana pasada poner en duda la continuidad de Marcela Rodríguez, la representante del ARI, porque en la Cámara baja ese partido podría quedar como cuarta o quinta fuerza, mientras que ella llegó al consejo como segunda minoría. “El mandato es por cuatro años, no hay duda posible, nunca se aplicó ese razonamiento”, dice Rodríguez, que revalidó su banca en las últimas elecciones. La única razón, apunta, para que un legislador tenga que dejar el Consejo es que pierda esa condición o sea expulsado.
Rodríguez, igual que el abogado Beinusz Szmukler, figura entre los consejeros más activos de la Magistratura. “Espero que con los nuevos miembros el Consejo mejore, que no jueguen amiguismos y compromisos partidarios al analizar la conducta de los jueces”, advierte Szmukler.
El interés creciente del oficialismo en este órgano aparece en gestiones de Cristina Kirchner. Hace una semana llevó a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado un proyecto de ley para reducir el Consejo a doce miembros. Tomó, curiosamente, una propuesta del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, con un esquema así: tres jueces, tres abogados,tres delegados de legisladores (uno del Senado y dos de Diputados), uno del Ejecutivo y dos académicos. Los diputados y senadores delegarían su tarea a juristas reconocidos. El punto conflictivo es que se eliminaría la segunda minoría. También quedaría afuera el presidente de la Corte, para quien sería un alivio. Los jueces, igual, ganarían peso específico.
Joaquín da Rocha, consejero por el Ejecutivo, es uno de los autores del proyecto. “El Consejo no puede funcionar bien si dos tercios de sus miembros tienen una actividad más importante que venir acá”, dice. El radical Minguez acota: “Podrá haber cambios necesarios, pero sacar a la segunda minoría atenta contra la calidad institucional. Sería oportuno que redujeran la Corte en vez de buscar mayorías en el Consejo”.
“La reducción carece de fundamentos y es impracticable. Ningún senador o diputado va a querer resignar su participación”, dice Szmukler. En el Congreso, los pronósticos que recogió Página/12 coinciden con los del abogado. “Es una pelea de poder donde pocos aceptarían ceder”, se escucha seguido. Hoy la senadora Kirchner volverá a la carga en la Comisión, pero la discusión se perfila compleja. El único punto que podría lograr rápido consenso es la eliminación del carácter permanente del Jurado de Enjuiciamiento, para que sea “ad hoc” y se reúna sólo si tiene un juicio político por resolver.

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