El procurador general de la Nación ordenó a los fiscales de todo el país que profundicen y agilicen las causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
Por Victoria Ginzberg
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, pedirá más presupuesto para enjuiciar a los represores.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, ordenó a todos los fiscales del país que profundicen y agilicen las investigaciones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. El funcionario señaló en una resolución que envió a los representantes del Ministerio Público que, dentro de las causas complejas, los procesos sobre la última dictadura militar “destacan por su importancia institucional”.
Según surge de un relevamiento realizado por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado de la Procuración, que dirige Félix Crous, actualmente hay 1004 investigaciones en marcha sobre ese tema. Los imputados suman 1406 pero los detenidos son 170 y sólo 34 tienen un auto de procesamiento firme. Además, hay 26 represores prófugos.
“Resulta de vital importancia concentrar esfuerzos para evitar la excesiva dilación de los procesos judiciales. Esta exigencia de Justicia no sólo debe ser satisfecha en los casos en los que existen personas privadas de libertad, sino también en procesos judiciales complejos que requieren una dedicación mayor y en muchas ocasiones involucran intereses sociales de suma relevancia. Dentro del conjunto de causas complejas, destacan por su importancia institucional los procesos cuyo objetivo de investigación son violaciones a los derechos humanos cometidas durante el último gobierno militar”, señaló Righi.
Hace dos meses, durante una áspera reunión, un grupo de organismos de derechos humanos había solicitado al procurador una serie de medidas para garantizar la continuidad de los procesos judiciales contra los represores. Entre otras cosas, se había reclamado que no ocurriera lo que pasó en la causa sobre Campo de Mayo, donde el fiscal no apeló el cierre del proceso que había resuelto la Cámara Federal de San Martín.
“El hecho de que el procurador imparta instrucciones precisas demuestra la intención de llevar una política clara y homogénea sobre el tema. Es un avance, pero esperamos que se siga adelante, por ejemplo, respecto de la detención de los represores, que no pueden seguir en unidades militares”, señaló Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y uno de los presentes en aquel encuentro.
La resolución de Righi sostiene:
- Los fiscales deben “extremar los recaudos para agilizar las investigaciones, propiciando, en los procesos que resulte pertinente la elevación a juicio o la sustanciación de los debates correspondientes”.
- Si bien los fiscales no están obligados a acusar en todos los casos, deben “cuando la inteligencia de las normas en juego se encuentran seriamente comprometida, preferir la interpretación que conduzca al mantenimiento y no a la extinción de la acción pública”.
- “Instruir a la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado para que mantenga un seguimiento permanente del avance procesal de las investigaciones”.
- “Requerir a los poderes Legislativo y Ejecutivo nacional la aprobación de partidas presupuestarias y la creación de cargos solicitados para la procuración para fortalecer los medios técnicos pertinentes de las distintas fiscalías a los efectos de garantizar un ejercicio eficiente de la función legalmente otorgada.”
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