La posición adoptada ante la tragedia, primero, y el inicio del juicio político al jefe de Gobierno, después, abrieron una polémica que recorre tanto a los organismos de derechos humanos, y personalidades relevantes vinculadas con ellos, como a los sectores usualmente identificados como “progresistas”. En estas páginas se vuelca la polémica que enfrenta a las Abuelas de Plaza de Mayo con el CELS y su presidente, Horacio Verbitsky. También se recogen las opiniones de Susana Viau y Eduardo Aliverti sobre el proceso iniciado por la decisión de la Legislatura de enjuiciar a Aníbal Ibarra.
Hora de hablar
Por Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas
Serenamente, después de pensarlo, como solemos hacer, vimos que ha llegado la hora de hablar.
No sabemos por qué ni para qué, aprovechando sus amplias posibilidades periodísticas, Horacio Verbitsky difama, injuria a personas de los organismos y en la última nota a los mismos organismos. ¿Qué lo lleva a esa necesidad de ofender y descalificar? ¿Se podrá saber alguna vez?
Por ahora desconocemos las motivaciones de esta repudiable actitud que arrastra al organismo que preside, en su ilimitado afán de volcar su odio o lo que tiene adentro y no sabemos qué es, hacia quiénes, seguramente por escondidas razones elige como sus circunstanciales, antiguos o actuales enemigos.
¡Qué pena el CELS!
Un organismo tan prestigioso por la obra de quienes lo crearon: Emilio Mignone, Augusto Conte, Boris Pasik, Alfredo Galletti y tantas otras dignas personas.
Ellos lo idearon, lo hicieron crecer y dar abundantes frutos, de verdad, de justicia, de coherencia, de solidaridad, de ética, en largos y azarosos años. Siempre cerca, al lado y en buena relación con los compañeros de camino de todos los Organismos de Derechos Humanos.
Y ahora se opaca su imagen por obra del actual presidente, señor Horacio Verbitsky.
No podíamos continuar callando ante tanta agresión inaceptable e impune.
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Independencia crítica
Por CELS *
Abuelas de Plaza de Mayo y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas dicen sentir “pena” por el CELS. Nosotros, en cambio, nos sentimos honrados del trabajo que realizamos durante todos estos años y del espíritu de lucha que lo inspira; trabajo y lucha que hemos compartido con el resto de los organismos, aun cuando en algunas oportunidades hayamos tenido diferencias, en privado y en público.
Somos un organismo de derechos humanos pluralista y democrático. Históricamente, hemos elegido como presidentes a figuras de amplia trayectoria, que sostuvieron los principios éticos y los ideales políticos que guían la institución, y que la enriquecieron desde su práctica y su pensamiento. Para nosotros, éste es un activo valioso que se desprende de la historia del CELS y explica en buena medida la fuerza de sus acciones. Rechazamos los términos descalificatorios que se expresan en la nota en contra de la institución y de las opiniones de su presidente. Por otra parte, ratificamos nuestra postura de alerta frente a los intentos de utilización y cooptación de los organismos de derechos humanos por parte de diferentes expresiones político-partidarias. Porque no queremos abdicar del objetivo institucional de incidir en las políticas estatales desde una perspectiva de derechos humanos, sostenemos la necesidad de preservar un espacio de independencia crítica frente a los poderes públicos como factor fundamental para garantizar la credibilidad de nuestras opiniones y la legitimidad de nuestras acciones.
Ante la agraviante misiva, ratificamos estos principios que han asegurado nuestra identidad institucional a través de más de veinticinco años de existencia.
* Comisión Directiva del Centro de Estudios Legales y Sociales.
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Los organismos y el Estado
Por Horacio Verbitsky
Para que l@s lector@s entiendan de qué se trata: Abuelas y Familiares (“Hora de Hablar”) se refieren a mi nota “Su merecido”, sobre la actitud de Aníbal Ibarra ante el incendio en Cromañón. Decía que a pesar de “la extorsión a organizaciones sociales y de la cooptación de organismos de derechos humanos que reciben subsidios y puestos en el gobierno”, Ibarra no llegó “ni a la mitad de las firmas que necesitaba para que el referéndum fuera obligatorio”. Junto con mi respuesta personal se publica en esta misma página una respuesta institucional de la Comisión Directiva del CELS, en cuya elaboración me excusé de participar.
Aquel apoyo al referéndum motivó respuestas de H.I.J.O.S., que se identificaron con quienes “han sufrido las heridas de la desidia y la inoperancia”, y reclamaron juicio y castigo para todos quienes “tuvieron el poder de impedir esta tragedia” y de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que recordaron que nunca hicieron partidismo y que acompañaban a los familiares de las víctimas “en el dolor y en sus reclamos”, en contra de “la impunidad y la corrupción” de “este sistema perverso”.
La semana pasada la difusión oficial incluyó a Familiares y Abuelas entre los convocantes a un acto político en respaldo de Ibarra. De ese modo volverían a colocarse en la vereda opuesta a la de las víctimas de Cromañón y su reclamo de verdad y justicia, tan parecido al de los organismos respecto de otras muertes, tres décadas atrás, como si fuera posible congelar el tiempo en aquél momento trágico e ignorar que la vida ha continuado, con sus nuevos dolores y sus renovadas luchas y protagonistas. El jueves, Estela Carlotto se mostró en una actividad propagandística de Ibarra junto al suspendido jefe de gobierno, pero ayer anunció que no concurriría al acto.
Mientras los eternos sindicalistas municipales aprontan sus micros como lo hicieron el 20 de junio de 1973 rumbo a Ezeiza (es de esperar que ahora sin armas), funcionarios del gobierno de la Ciudad están llamando a contratados y proveedores para intimarlos a concentrarse hoy a las 17.30 en Perú y Avenida de Mayo y amenazándolos con las consecuencias que tendría no hacerlo. Así lo denuncia el ex preso político Gustavo Westerkamp, hijo del miembro fundador y hasta hoy integrante del CELS Federico Westerkamp. “Se imaginan mi contestación” al funcionario que lo llamó, cuenta Westerkamp. “Le dije que no había militado en vano, que los sueños me acompañan todos los días a todas partes, atravesado los siete años por las cuatro cárceles del terror que viví (Devoto, La Plata, Rawson, Sierra Chica); que si los milicos no habían podido doblegarme menos iba a poder él y su mandante Ibarra. Que él era igual que [el ex Senador] Duhalde, al ejercer el mismo tipo de clientelismo político que repudiamos a lo largo de tantos años. Que no sobreviví a mis compañeros comoAdriana Spaccavento y tantos otros para transar y negociar todo por 1500 pesos y una manifestación armada por el aparato Ibarrista.” Esa actividad de intoxicación de la opinión pública comenzó el jueves con una visita de Ibarra a un centro de jubilados, cuyos responsables agradecieron con ingenua sinceridad los subsidios de recibieron de su gobierno. El jefede gabinete Raúl Fernández reconoció ayer a este diario que se llegó a esta situación porque confundieron participación en el aparato del Estado con construcción política. Hoy intentarán confundir el uso clientelista de tal aparato con clamor popular.
En una nota sobre Cromañón, a un mes del incendio, destaqué la trayectoria de Ibarra. Como fiscal se opuso a los decretos de indulto e integró la comisión del Ministerio Público para los casos de chicos apropiados durante la dictadura, como legislador promovió la creación de un Parque de la Memoria y desde el gobierno de la Ciudad apoyó la creación de un museo en el predio donde aún funcionaba la ESMA. También lo contrasté con su principal impugnador, el hombre de negocios con el Estado Maurizio Macri, representante de la clase empresarial sustento de la dictadura militar y, ya volcado a la política, promotor de las reformas represivas al Código de Convivencia Urbana, que niegan el uso del espacio público a piqueter@s y vendedore@s ambulantes. Ibarra fue de lo mejor y Macri de lo peor. Pero lo que está en juego no es el pasado de cada uno ni el futuro electoral sino las responsabilidades actuales por un episodio siniestro, de una magnitud sin precedentes en el país, en el que murieron casi doscientos jóvenes, en un local donde el gobierno porteño omitió su deber de control pese a todas las advertencias recibidas, porque los boliches formaban parte de la caja política que manejaban funcionarios de la intimidad de Ibarra. No es sensato dejarse sumar en forma acrítica a la degradación del progresismo porteño y los organismos de derechos humanos han tenido la cautela de no hacerlo, con apenas un par de excepciones.
Mis únicas referencias anteriores a lo que la carta llama “personas de los organismos” fueron una polémica político-ideológica en 2001 cuando Hebe de Bonafini festejó el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, y el relato periodístico de la crisis en la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires en 2003 y sus secuelas hasta hoy. Reproducía fragmentos de una carta del integrante de la Comisión, Carlos Sánchez Viamonte, a su entonces presidenta Estela Carlotto. Según escribió Sánchez Viamonte, desde que Carlotto acordó el nombramiento de su hijo en el gabinete de Solá, pasó a opinar que “sólo debíamos ocuparnos del pasado. De ningún modo denunciar el incremento de las torturas en dependencias policiales” ni en las cárceles. La Comisión no aceptó desentenderse de las violaciones a los derechos humanos presentes y Estela Carlotto renunció. Luego, Remo Carlotto obtuvo el cupo de hijo en la lista bonaerense del Frente para la Victoria para la Cámara de Diputados.
La discusión impostergable es sobre el vínculo entre organizaciones autónomas de la sociedad civil y el Estado, suscitada por el arribo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma y de la Nación de autoridades que comparten en distinto grado las reivindicaciones históricas de los organismos. Bienvenida sea esta coincidencia, siempre que se mantengan las debidas distancias, no se confundan los papeles de cada uno, no se incurra en las prácticas que siempre se han cuestionado cuando las ejercían otros y se conserve la posición crítica respecto de las violaciones a derechos básicos que se siguen cometiendo hoy en esas jurisdicciones, distintas a las del pasado pero que requieren respuesta de los organismos de derechos humanos. Las leyes de impunidad ya han sido anuladas, los juicios contra los asesinos de la dictadura están en marcha y ni siquiera la Iglesia se anima hoy a defenderlos más que en forma solapada. La conciencia social sobre aquellos años es mayor que nunca antes. El vínculo de los organismos de derechos humanos con la sociedad se prueba hoy en otros terrenos: la violencia institucional, que en las cárceles bonaerenses llega a niveles de escándalo; la negación en todo el país de los derechos económicos, sociales y culturales; la necesidad de reformas que fortalezcan una justicia democrática; la defensa de la vida, la integridad física y la libertad que los jóvenes arriesgan cada vez quesalen a la calle, ya sea por razones laborales, de esparcimiento, en procura de un trabajo digno o de protesta colectiva. Siempre que se trata de derechos humanos de un lado están las personas, que padecen su violación y luchan por su reconocimiento, y del otro el Estado, por acción u omisión de un guardiacárcel, un policía, un juez o un gobernante. En ese contexto, la utilización política del empleo público, el contrato y el subsidio que intenta el gobierno de la Ciudad corrompen y desvirtúan los roles de cada uno. Nada tiene de ofensivo plantearlo para que se discuta. La actuación pública de los organismos los hace pasibles de escrutinio, análisis y crítica. No pueden oponer a ello sus méritos históricos, ganados en confrontación y no en promiscuidad con el poder. También es legítimo que sus integrantes ocupen a título individual cargos públicos, pero a partir de allí se convierten en funcionarios, que no pueden invocar la persecución pasada para negarse a rendir cuentas sobre su desempeño, ni acudir al organismo de origen para que los escude de la crítica. Los políticos de cualquier orientación siempre están dispuestos a aprovechar todo aquello que les convenga, y las organizaciones de la sociedad civil deben estar alertas para no ser utilizadas en un juego que no es el propio. Estas son las únicas razones, para nada ocultas, de la respetuosa objeción a determinadas conductas que a mi juicio son propias del negocio político y no de la construcción de una democracia con derechos y obligaciones iguales para todos y sin prerrogativas inconfesables.
Por Eduardo Aliverti
Post-Cromañón, Aníbal Ibarra cometió un desacierto tras otro. Terminó atado con alambre a la apuesta de que uno o dos votos de la Comisión Acusadora lo salvarían del enjuiciamiento. Así le fue. Acabó derrotado por el mismo esquema de salvación que imaginó. La primera conclusión, por lo tanto, es una paradoja que explica todos o la mayoría de los dislates posteriores: el costo que paga Ibarra, en lugar de lo que no hizo o no habría hecho antes de Cromañón, es por lo que hizo después.
En ningún momento, según es evidente, Ibarra tomó nota de que una cosa es su falta de responsabilidad penal por lo ocurrido y otra muy distinta que se haya mostrado insensible. Hasta autista, se diría. No fue capaz ni de animarse a un cruce periodístico. Está claro que careció no ya de estatura de estadista sino del mínimo volumen de que debe disponer un jefe político para ser considerado como tal. Le vaya como le vaya en el trámite del juicio, su carrera terminó –a menos que este país ratifique que es el campo de los milagros– porque no es un hombre en condiciones de generar confianza popular. No por indecente ni por culpable del episodio que culminó destruyéndolo. Por incapaz de sobrellevar situaciones límite.
Ibarra acusa al macrismo de haberle provocado un golpe institucional, pero resulta que además del macrismo lo tumbó la izquierda, lo que quiera que sea el ARI, ex compañeros de ruta, kirchneristas en los que supuso podía confiar y legisladores a los que es imposible ubicar en sus antípodas ideológicas. Es decir que ya inerme siguió equivocándose.
Es ostensible que, además de las roscas palaciegas, Ibarra puso sus fichas en el casillero del olvido popular. Un error grave, no porque ese tipo de olvido no exista sino porque era obvio que la desesperación de los familiares reinstalaría el tema cuantas veces fuese necesario, con o sin el apoyo de la sociedad. Pero más grave todavía, porque esa apuesta subrayó su indiferencia respecto de la tragedia.
Los que voltearon a Ibarra lo eligieron con exclusividad. Por debajo de él y por fuera de Chabán, ninguno se preocupó por señalar activamente las culpas y responsabilidades de quienes están debajo del jefe institucional máximo. Buscaron el impacto mediático desde una demagogia vomitiva a la que no le daba rating acusar a policías, bomberos, inspectores, funcionarios ignotos. Dan asco.
Entre quienes lo voltearon, sobresale una mayoría de conservadores, fachos y mercenarios que participaron y participan en la idea de desvencijar al Estado como no sea para defender sus intereses de clase. Montados en la muerte de casi 200 pibes, son unos canallas ahora reclamantes de que el Estado cumpla sus funciones básicas de prevención y control de la seguridad de los ciudadanos. Ellos, los privatizadores, los menemistas, los corruptos, los cómplices por acción u omisión de los milicos y las ratas que edificaron el modelo de exclusión social, que entre otras cosas, empujó a esos pibes a la cultura del reviente, ellos vienen ahora a exigir responsabilidad social y castigo a los culpables. Dan asco.
Las propias huestes del propio Macri, que estaba de paseo por Europa y se negó a aparecer durante el desenlace del enjuiciamiento, andaban arrumbadas el lunes a la noche. Uno de esos miserables, que votó en contra de Ibarra, confesó en privado que el cálculo no era liquidarlo –porque estaba claro que una buena parte de la sociedad no lo vería con buenos ojos– sino dar testimonio numérico de oposición. “Pasa que lo de Borocotó y lo de Farías Gómez nos hizo mierda –dijo el macrista– porque después del bochorno de la maniobra del Gobierno a los tipos no les quedó otra que votar en contra de Ibarra.” Linda gente.
Esté bien o esté mal, sólo en la Argentina pasa que la culpabilidad o responsabilidad por un hecho de estas características acabe con el enjuiciamiento y eventual destitución de un jefe de Gobierno. Una lógica implacable debería llevar a que ahora renuncie o sea enjuiciado el ministro del Interior, como responsable de la policía y los bomberos coimeros, y ya que estamos que por carácter transitivo le pase otro tanto al Presidente de la Nación. Qué decir del gobernador bonaerense y sus decenas de muertos en el penal de Magdalena; y qué de cualquier mandatario de cualquier rango por las muertes de gatillo fácil, las explosiones en fábricas de armas, los muertos en las minas, la desatención en los hospitales públicos, las rutas hechas pelota o las escuelas con techos que se derrumban y vidrios que se detienen en las carótidas. Pero he aquí Buenos Aires: un pibe o quien sea prende una bengala en un antro de hacinados, bajo el estímulo de una banda de oligofrénicos que los estimulan; a la salida no hay salida por un conjuro de bolicheros delincuenciales y coimeados de toda laya, y la culpa la tiene el jefe de Gobierno.
No hay derecho a pedirles conciencia política a los familiares. Se ha leído y escuchado que son unos energúmenos festejadores del juicio a Ibarra como si fuese un gol, que saltaron del dolor a la venganza, que dieron un espectáculo lamentable que los alejó del apoyo popular, que dónde estaban y haciendo qué y militando por quién antes de que Cromañón les produjese el dolor más insoportable que debe afrontar un ser humano, y que cómo no se dan cuenta de que les hacen el juego a tipos que son mucho peores que Ibarra. Ese juicio es otra hijaputez asimilable al “por algo habrá sido” y revela una insensibilidad igual o peor que la que con justicia se le enrostra a Ibarra.
A ver cómo estamos. El jefe de Gobierno pende de un hilo por lo que mostró después en lugar de antes. Los que le votaron en contra están arrepentidos, no de haberlo votado en contra sino de que haberlo hecho haya alcanzado para enjuiciarlo. De los que lo votaron a favor alguno hubiera querido hacerlo en contra, y los que se ausentaron estaban a favor. De entre todos ésos saldrán los que juzgarán a Ibarra, o bien de entre otros que asumirán en diciembre y cuya mayoría está dada por los menemistas reconvertidos en macristas que hoy claman por la fortaleza del Estado como regulador de las desigualdades sociales y la custodia de nuestros hijos y ancianos. Desde la honestidad intelectual, y no desde el dolor desgarrante ni desde la especulación ideológica ni desde revanchismos personales, ¿puede alguien suponer que estamos ante un juicio que vaya a ser no ya justo sino mínimamente serio? Y si seriamente eso es imposible, ¿se puede estar a favor del juicio?
Yo no, por lo menos. Estoy en contra de este juicio. Y va dicho en primera persona para no dejar ningún lugar a dudas. Y para llamar la atención acerca de una muy considerable cantidad de colegas y analistas, de diferente extracción ideológica, que han brindado opiniones inclusive altamente estimables en cuanto a las responsabilidades del caso, las trastiendas, la apatía popular, las actitudes de los familiares de las víctimas, los errores de Ibarra, los de Macri, los de los legisladores, los del gobierno nacional. Pero al cabo de tales aportes analíticos, resulta que no se pudo encontrar si concretamente están a favor o en contra del juicio. Y ésa es una ambigüedad condenable. No sólo como irresolución en sí sino porque es presumible que el motivo está dado por la necesidad de quedar más o menos bien o más o menos mal con todos, por si las moscas de lo que piense o termine pensando la mayoría de “la gente” sobre un asunto que es de los más polémicos de los últimos tiempos.
En definitiva, una ambigüedad coherente con la que convirtió a todo este proceso en un penoso disparate.
Por Susana Viau
El 30 de diciembre ocurrió una tragedia, una tragedia enorme. Murieron casi 200 jóvenes. A partir de ella murió la noche de Buenos Aires, según dice un periodista –joven por cierto–, también “murió el rock” y la ciudad está en terapia intensiva. Vaya paradoja, la catástrofe que se llevó a los jóvenes se iba a llevar las cosas de las que querían disfrutar. Los padres, destrozados, reclamaron justicia y la buscaron en dos lugares: los tribunales y la Legislatura. En la Legislatura, el reclamo fue tomado como propio por la primera minoría conservadora. ¿Cómo hubieran llamado los seguidores de una banda del conurbano a estos PRO que no son “pro”, a los justicieros que miran de reojo las encuestas de imagen? ¿Con qué palabra los hubieran nombrado un año atrás? ¿”Caretas”, quizás?
Es reglamentario desconfiar cuando la derecha habla de justicia. Inexplicablemente, sin embargo, la izquierda se le ha sumado sin siquiera diferenciarse. La Legislatura es el arca de Noé. Allí caben todos, con sus pasados y sus pertenencias, con sus banderas rojas de las fábricas recuperadas y los pendones negros de las financieras de los genocidas. En esa cáscara de nuez lo que no ha entrado, el lastre echado por la borda, es el antiguo axioma que indica que la izquierda puede apoyarse en el centro para derrotar a la derecha, pero nunca aliarse a la derecha para liquidar al centro. Un centro que no ve el mundo a través de la lucha de clases, claro que no, pero que se mueve cómodo en el terreno de las culturas, de las costumbres, un terreno delimitado por las libertades individuales, la enseñanza laica y gratuita y obligatoria, la unión civil para personas del mismo y de distinto sexo, la educación sexual y la prevención del embarazo adolescente y del sida. ¿Cómo es que la derecha y la izquierda han coincidido? ¿En qué punto se cruzaron estas dos historias? ¿Es el sufrimiento ajeno su lugar común? ¿Se habrá humanizado esta derecha, tan cerril con las minorías, con las Madres de Plaza de Mayo, con las Madres del Dolor, con las Abuelas, con los H.I.J.O.S., que tenían la edad de los chicos de Cromañón? ¿Es la misma derecha que prefiere no recordar la Puerta 12? ¿Es ésa a la que se le olvidó pedir explicaciones por el desastre de LAPA y la atrocidad de Río Tercero? ¿Dónde estaba esta gente el 20 de diciembre, mientras la ciudad ardía y otros jóvenes eran asesinados en la calle? ¿Y si la derecha estuviera sacando tajada de la desesperación, encaramándose a ella para domar la ciudad y hacerla a su medida? ¿Y si ya estuviera pensando en lo que vendrá después de la ciudad?
Cromañón es un drama polifuncional. Sirve para sacar del medio a un jefe de Gobierno y sirve al mismo tiempo para pedir en bandeja las cabezas de dos jueces honestos, defensores de sus principios y de las libertades y los derechos de las personas. ¿Y quién, desde el Consejo de la Magistratura, fogonea la crucifixión de Gustavo Bruzzone y Laura Garrigós? La respuesta es Jorge Casanova, hombre de Ruckauf y de Blumberg, de las policías bravas y del “meta bala”; un aliado de Mirta Pérez, la defensora de la pena de muerte, un Torquemada. ¿Cuánto le importan a Casanova los chicos de Cromañón? ¿O es que el pecado de Bruzzone no se llama Omar Chabán sino Raúl Moneta y lo que se le quiere facturar es su denuncia de un colega corrupto, al servicio al banquero? ¿Y la menemista Leila Chaya, amiga de Moneta y de sus abogados, no se empina sobre el horror de Plaza Once para llevarse puestos a dos magistrados refractarios a la presión? El huracán conservador está azotando con fuerza. Con el pretexto de restañar la herida de los padres, la derecha amenaza borrar del mapa, entre otras cosas, lo que le pedían los hijos a esa noche, que debió ser de fiesta, del 30 de diciembre. Si se impone, habrá ganado mucho más que una elección. Frente a nuestros ojos se está desencadenando una descomunal reacción termidoriana. Pobres de nosotros, pobres chicos, pobres padres.
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