El país|Lunes, 28 de noviembre de 2005

“Desde mañana, no puede entrar más”, le espetó el director de la cárcel a la maestra Valeria Visotsky, que da clase a los presos en la escuela que funciona en la Unidad Penal 19 de Saavedra. El inspector mayor Gabriel David Filipini le informó que le “retiraba el aval” para enseñar en la cárcel “por manifestar ideologías de un orden determinado” y sacó a relucir una resolución de la dictadura. Frente a esto, Suteba denunció el caso ante la Comisión provincial por la Memoria y pidió al ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, que remueva al director. El Ministerio de Educación provincial repuso hoy a la docente en el cargo, mientras el subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo, le abrió un sumario administrativo a Filipini.
Visotsky, de 33 años, es secretaria general de la seccional de Suteba de Saavedra. A comienzos del 2005 entró a trabajar como docente del segundo ciclo de EGB de la escuela que funciona en la cárcel. Enseñaba a un grupo de 15 presos, de un promedio de 23 años. “Para mí la experiencia fue fuertísima. Elegí ese lugar porque quería trabajar con los internos”, cuenta Visotsky a Página/12. Cuando comenzaron las huelgas docentes de este año, sintió las primeras presiones. “La coordinadora del Servicio Penitenciario para la escuela me preguntó si iba a seguir haciendo paros, porque el director iba a tener que informar a sus superiores”, relata. “Luego los paros terminaron y yo dije: ‘Pasó lo peor’”, dice la maestra. En noviembre, trajo un afiche de Suteba que repudiaba la presencia del presidente George W. Bush en la Argentina y lo pegó en la sala de profesores. También les habló a sus alumnos del tema. “Al otro día, el afiche había desaparecido. Lo comenté con mis compañeras, que me dijeron: ‘Valeria, mejor callate la boca’. Así que no pregunté”, explica.
El 17 de noviembre, mientras tomaba un examen a los presos, el director la mandó llamar a su oficina. Allí, Filipini le comunicó que no podía seguir dando clase. “Le expliqué que las clases no son asépticas y neutrales. Se tiene un posicionamiento ideológico desde que das historia y hablás de los pueblos originarios o la independencia”, afirma Visotsky. “Después salí del penal, me subí al auto y me largué a llorar”, recuerda.
Poco después, recibió la resolución de Filipini, que lleva un sello de “reservado”. En el documento reiteró las causas para “retirar el aval” a la docente: “Por manifestar ideologías de un orden determinado”, y por pegar el afiche contra Bush, lo que para Filipini representa una “situación que potencialmente podría originar algún tipo de desestabilización y desorden en el sector de la escuela, con posibilidad de propagación hacia el resto de la población carcelaria, que pudiera atentar contra la seguridad interna”. Como respaldo legal, citó la resolución 546 de 1982. Filipini también aseguró que las faltas por huelga causaron “un constante desorden y alteración para el funcionamiento educativo”.
“La nota es nefasta. Es bien de los tiempos de la dictadura. Es un claro caso de discriminación gremial y de persecución ideológica”, destacó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. En el pedido de remoción que le envió Suteba a Di Rocco, remarcó que “quien se arroga ser juez da la ideología de quienes con él trabajan, con toda seguridad es portador de una ideológica contraria a las prácticas democráticas y seguramente no será la persona adecuada para llevar adelante una tarea que no debe ser el castigo sino la reinserción en la vida comunitaria” de los presos.
Frente a la denuncia de Suteba, la subsecretaria de Educación bonaerense, Delia Méndez, dijo a este diario: “Notificamos del caso al jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, que se comunicó con el director a cargo y le ordenó que se permita el ingreso de la docente el lunes (por hoy), que es cuando asiste para dictar clase”. “Les pedimos que se garantice su integridad y nos aseguraron que irá acompañada por inspectores a la cárcel”, afirmó Baradel. “Con respecto a la resolución de Filipini, sus superiores darán cuenta de esto”, agregó Méndez.
Por su parte, la Comisión por la Memoria pidió a Di Rocco que se le inicie un sumario a Filipini. Consideraron que sus argumentos “retraen a épocas donde se hacía inteligencia a los docentes y se los perseguía por el delito de pensar distinto a los señores de la vida y la muerte”. “No quiere ver el jefe que la inseguridad en los penales tienen una base ligada al hacinamiento, a las pésimas condiciones de vida, a la existencia de muertes organizadas y torturas que ejercen bolsones delictivos dentro del SPB”, dice la carta de la Comisión. “Nos preocupa que si se actúa así con los docentes, cómo será con los internos”, advierten. El subsecretario de Política Penitenciaria, Carlos Rotundo, tuvo una reunión con Baradel el viernes, donde le informó que había iniciado un sumario a Filipini.

Informe: Werner Pertot.

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