El país|Domingo, 11 de diciembre de 2005

Por Cristian Alarcón

Raúl Zaffaroni da la última brazada y sale del río Paraná con esa sensación que deja la misión cumplida, el desafio autoimpuesto y superado. Nadar se ha transformado en una de esas obsesiones sólo comparables a su pasión por el derecho penal, la fortaleza de la democracia y el sistema político. Y así, como si se lanzara al agua buscando ganarle al cronómetro, es que en esta entrevista exclusiva con Página/12, advierte por primera vez que “se están cayendo a pedazos todas las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires” y que puede ser necesaria una intervención federal. “La ciudad es ingobernable”, dice el jurista, con un pie en el auto que lo lleva a una competencia de nado en la laguna de Chascomús. Y aunque prefiere no opinar sobre el juicio a Aníbal Ibarra, reparte culpas por la crisis: “Que había un defecto en el control del Ejecutivo era algo bastante público y notorio. La Legislatura tampoco actuó antes de la tragedia sobre el Ejecutivo. Estaban más preocupados en cuánto mostraban o no mostraban las travestis de la ciudad que en hacer su trabajo como contralores”. Ante la crisis que denuncia, Zaffaroni cree que se impone una reforma constitucional y la creación de un gobierno parlamentario: para la ciudad con calidad de urgencia, para la Nación también, pero con más calma. Lo considera una oportunidad para el presidente Néstor Kirchner. En este diálogo apunta también a la “Justicia colapsada” de la provincia de Buenos Aires, la “peligrosa” provincialización del delito de tráfico de drogas y la lógica global de eliminar a los excluidos. Aquí la conversación con un juez que también nada y se sumerge en la política de lo real.
–¿Cómo ve la situación política de la ciudad de Buenos Aires?
–La situación de la ciudad indica que algo hay que hacer. Es muy preocupante que no se revierte la atomización de los partidos políticos.
–¿Cuál riesgo de atomización?
–La ciudad así es ingobernable. Directamente es muy difícil que sea quien sea, del color que sea, pueda gobernar esta ciudad en condiciones más o menos eficaces.
–¿Le resulta saludable el juicio a Ibarra?
–Bueno, a Ibarra se le hace ese juicio porque no tiene partido político, lo cual es un signo más de la atomización de la ciudad. Yo creo que lo que se está cayendo a pedazos son todas las instituciones de la ciudad. Me parece que a partir de un fraccionamiento tan enorme de la Legislatura se hace muy difícil la negociación política de leyes, el acordar, construir consensos.
–Usted fue presidente de la comisión de redacción de la Convención Constituyente de la ciudad. ¿Se imaginó un futuro así?
–No, porque pensamos en una constitución para tres o cuatro partidos políticos. No pensamos en una Constitución para una legislatura con veintidós bloques, hace diez años era impensable. La primera Legislatura éramos dos partidos un poco mas grandes, y dos más chicos.
–¿Qué pasó?
–Lo que pasó es una dinámica que no podemos corregir por ley, es una dinámica que no se revierte. El único ensayo de cambio es una reforma en la Constitución de la ciudad, que separe la función del gobernador y del jefe de Gobierno. Como un sistema parlamentario, en donde el jefe de Gobierno responda a la mayoría de la legislatura, lo cual requerirá de un acuerdo de mayoría dentro de la legislatura. No hay otra. Es una necesidad.
–En lo concreto, ¿qué es lo que más le preocupa de esto?
–La falta de acuerdo en la Legislatura tiene el inconveniente de reflejarse en los otros organismos de control, que tienen que ser designados por mayoría. Esto deteriora la calidad institucional de todo. A la larga se traduce en que se debilitan los controles de todo tipo,presupuestarios, de inversión, de licitaciones. Se puede debilitar todo. La ciudad maneja el tercer presupuesto del país, de modo que si se debilitan controles, las consecuencias pueden ser escándalos terribles, con perjuicio de todos los que vivimos en la ciudad.
–Resulta paradójico ese riesgo en los controles de la corrupción cuando ahora vemos la manía de controlar cada metro cuadrado tras la tragedia de Cromañón.
–Hasta cuándo va a durar ese control, no sé. Funcionamos a propulsión a catástrofes. Después vendrá otra que nos hará controlar en otro ámbito. Pero no se puede funcionar así, sino racionalmente fortaleciendo instituciones. Ni asumo, ni critico el juicio a Ibarra, no abro juicio sobre esto, pero la responsabilidad tampoco es absolutamente del Ejecutivo. La Legislatura no escapa a esta responsabilidad: el control natural del Ejecutivo es el Legislativo. No es que a Ibarra le han descubierto un día que tenía quince kilos de cocaína enterrados en el fondo de la casa, ¿no? Que había un defecto en el control del Ejecutivo era algo bastante público y notorio. La Legislatura tampoco actuó antes de la tragedia sobre el Ejecutivo. Estaban más preocupados en cuánto mostraban o no mostraban las travestis de la ciudad.
–¿De qué manera el sistema político nacional debe estar atento a la ciudad?
–Yo creo que el sistema político nacional tiene que prestar atención a este fenómeno y pensar en soluciones institucionales y no en estar buscando quién es el candidato que puede ganar la próxima elección. Sea quien gane la próxima elección, la ciudad va a ser tan ingobernable como hoy. Ese es el problema.
–¿Qué tipo de solución puede plantearse desde el gobierno nacional?
–Para obligar a formar partidos grandes, el único método que se conoce es subir el piso electoral, pero eso es muy antidemocrático porque deja una serie de votos en minoría sin representación. No me parece que ésa sea la solución. Si tenemos una cierta crisis de representación me parece que no es la mejor solución reducir la representación a opciones. Se dio esta dinámica, quién tiene la culpa no lo sé, no es cuestión de meterme a hablar de eso. Lo que sí sé es que hay que tomar medidas institucionales para que esto no dañe la institucionalización de la ciudad, y por lo tanto la calidad de vida de sus habitantes. Es una crisis grave, que si no se la controla institucionalmente, en unos años va a profundizarse. Y va a dar lugar a la intervención de la ciudad, no ya, pero hay que tratar de prevenirlo antes.
–¿En quién recae esa responsabilidad?
–En todos los que comparten la conducción de la ciudad, el Ejecutivo, el Legislativo, deben sentarse a pensarlo. Esta es la realidad política que nos toca vivir, entonces veamos cómo acordamos nuevas reglas de juego para que esto no se convierta en un aquelarre. Yo creo que un gobierno parlamentario en la ciudad les conviene a todos. Las constituciones surgieron después de las catástrofes y los caos.
–¿Cree en un sistema parlamentario para la Nación con una figura presidencial tan fuerte como la del presidente Kirchner?
–En un gobierno parlamentario un primer ministro también puede tener una imagen así de fuerte. Esto no es algo que esté reservado al presidente. Depende de cómo se den las circunstancias. No lo veo con el mismo grado de urgencia que en la ciudad. En la ciudad es una necesidad, en el país es como para sentarnos a pensarlo.
–¿Es una oportunidad para Kirchner?
–Si alguien quiere refundar la institucionalización de la República en ese sentido o en cualquier otro tiene que hacerlo en una posición política de poder. No lo puede hacer en el momento en que decae, como lo quiso hacer Alfonsín. En ese momento de debilidad no se puede. Sé que es difícil porque quien se siente desde una posición de poder dirá “voy a hacer un cambio que quizá me debilite mi posición de poder”.

Peligros

–Hace un mes, en Bajo Flores, por una guerra entre narcos murieron seis personas. Descubrimos que los narcos tienen territorialidad, lograron un orden paralegal. ¿Está preparado el sistema para estas nuevas situaciones?
–Sí, yo creo que está preparado. Hay que ver si la gente quiere trabajar, a veces en la justicia eso no pasa. La actitud de algunos es pensar “en qué lío me estoy metiendo, de qué trabajo me hago cargo, voy a tener que tomar sesenta indagatorias”. Teóricamente el sistema está preparado. Al menos en la ciudad debería funcionar.
–Sin embargo el tema no parece preocupar. ¿Por qué cree que no se les da importancia a estos síntomas de violencia?
–Es grave, significa que hay discriminación de parte de los medios masivos de comunicación. Si la víctima es de clase media tiene un espacio. Las otras son cosas que pasan entre los negros, ése es el pensamiento. Por otra parte, a nivel estatal esa conflictividad es de la que se tiene que hacer cargo la autoridad local. Si hay estructuras de poder y estructuras políticas muy débiles a nivel local, difícilmente se encuentre un interlocutor. Si reforzás las estructuras del poder local, teniendo comunas bien organizadas, tendrías interlocutores. Pero hoy no hay contacto con la autoridad local, no aparece el Estado. Si vos querer ir a la base del conflicto, partís de lo local.
–En diálogos con jueces y fiscales federales, surge que la inmensa mayoría de los condenados por narcotráfico son pequeños vendedores. ¿Qué gana el sistema penal procesando a un ama de casa que vende?
–Yo creo que nada, porque estamos pescando el menudeo y en realidad no puede haber un menudeo sin un mayoreo. Creo que lo que tiene que perseguirse directamente es el mayoreo, el narcotráfico real. En la medida que se persiga el mayoreo va a aumentar el precio, entonces el paco ya no saldrá un peso, no podrá ser masivo, va a ser antieconómico. Son leyes de mercado. Es una manera real de combatir el flagelo. Por lo pronto no veo que se estén tomando medidas con lo más preocupante, que es el paco, la droga que mata a los pobres.
–¿El clientelismo político que existe es funcional a esto?
–En algunos aspectos es funcional, depende cómo. Si el narcotráfico se produce por cobertura policial, si hay un encubrimiento y corrupción, a veces el producto de esa rentabilidad puede revertirse en fondos para clientelismo. Las ganancias se reparten con algún cacique. En otros casos no lo veo que sea funcional.
–Varios jueces dicen que la Justicia en el Gran Buenos Aires ya está colapsada.
–Sí. A mi juicio lo que se ha hecho en la provincia de Buenos Aires es algo con lo que hay que tener cuidado. El modelo procesal acusatorio lo defendemos aquellos que tenemos un pensamiento liberal, porque es un proceso más garantista, más democrático. Tiene el inconveniente de que es caro. En materia penal se pueden hacer todas las locuras del estilo Blumberg, subir penas, todo eso es barato. Pero si se introduce una reforma procesal, eso tiene un precio. Un proceso acusatorio demanda una policía judicial dependiente del poder judicial, que no existe. En un proceso acusatorio no es sano que investigue la policía que depende del ejecutivo. Todo eso es dinero. Antes de la reforma judicial era el juez el que delegaba la instrucción a la policía y ahora el fiscal delega la instrucción a la policía, con lo cual no hemos arreglado nada. Con la justicia colapsada nadie puede investigar.
–¿Entonces a los ciudadanos del Gran Buenos Aires se les administra justicia por vía policial?
–Sí, en definitiva es eso. Se mantiene una instrucción muy pesada y larga.
–¿Qué va a pasar con los casos que pueden llegar a partir de la aplicación de la ley de drogas en la Justicia provincial?
–Directamente se van a prescribir. Me parece que no han hecho el cálculo de las consecuencias que esto puede tener. Pasará el tiempo y la acción se extinguirá por el curso del tiempo. Supongo que los fiscales serán prudentes y le pedirán a la policía que no les llenen la fiscalía de causas de tenencia de droga. Esas causas ocasionarán molestia y terminarán con la prescripción.
–Esto le otorgaría mucho más poder a la policía.
–Sí, seguramente le dará más poder. En rigor, estas causas podían ser investigadas por la policía provincial porque en general las policías provinciales sirven de auxiliares a los jueces federales, entonces ya tenían cierto poder. Lo que pasa ahora es que serán controlados por la justicia provincial. Y es un control demasiado relativo por una justicia ya colapsada.
–Con más poder, la policía bonaerense genera más rentabilidad ilegal.
–Sí, la recaudación, la rentabilidad ilegal, la generarían las medidas primeras que se tomen, los procesos que podrá iniciar la policía. Después se desentenderían de los resultados del proceso. Por tráfico minorista habría muchos presos, lo cual traería más problemas al sistema carcelario sin resolver nada. Es peligroso.

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