Hay sectores del movimiento de derechos humanos que sostienen la necesidad de respetar los derechos fundamentales, entre los que se halla el de la libertad, incluso de aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad, a quienes no se les debería imponer prisión preventiva mientras gocen de la presunción de inocencia. Sobre ese tema deseo formular algunas consideraciones.
Es imperioso no equiparar la utilización de la cárcel con la obtención de justicia y de resguardar la libertad de las personas sometidas a proceso penal, aplicando sólo en forma excepcional la prisión preventiva, en aquellos casos en los que el imputado pueda eludir u obstruir la acción de la Justicia. Sinceramente creo que es un gran desafío, desde el espacio de derechos humanos, advertir sobre el peligro de utilizar el sistema penal y, muy especialmente, el sistema penitenciario, como modo de obtener justicia. Pero también dejar en claro que, a veces, es el único camino.
Es el caso de los imputados de haber cometido crímenes de lesa humanidad, desde aparatos de poder y mediante la aplicación de un plan coordinado y sistemático. En primer lugar, porque pasaron casi treinta años de impunidad desde la comisión de los hechos, tiempo en el cual no sólo eludieron sino que obstruyeron toda posibilidad de investigación. Hubo –y hay– jueces y fiscales cómplices que sostendrán ese muro de impunidad, como diversos sectores que presionarán en igual sentido.
Existen casos de imputados que, gozando del arresto domiciliario o del alojamiento en unidades militares, violan sistemáticamente la privación de libertad impuesta, sin ningún control de los jueces de la causa. Eso también es eludir la Justicia. En segundo lugar, porque se trata de personas que han pertenecido a fuerzas militares y de seguridad, y que hasta el día de hoy se obstinan en ocultar información acerca del destino de miles de víctimas. Es un delito permanente: argumentar a favor de la libertad de quienes, aún hoy, no brindan información y sostienen la faena criminal, no parece ser un camino indicado.
En estos momentos estamos debatiendo sobre la necesidad de que los militares sean alojados en cárceles comunes, porque al estar en unidades militares se aplica la ley militar, expresamente prohibida por la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas. No es un debate secundario. En cuanto a la continuación del crimen de la desaparición forzada mediante el ocultamiento de la información, es necesario no omitir que las instituciones militares son máximas responsables y que su jefe supremo debe dar órdenes precisas para hacer cesar ese estado de cosas. Entonces será difícil sostener que quienes son responsables de crímenes de lesa humanidad puedan caminar libremente a la espera de una sentencia condenatoria.
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