Un juez ordenó la captura de veinte campesinos, acusados de asociación ilícita, por ocupar tierras. Repudios a la medida.
Por Alejandra Dandan
Hace una semana este diario publicó la confesión de tres guardias de seguridad que golpearon y dispararon encapuchados contra unos 120 campesinos de una localidad del norte santiagueño. Esta semana un juzgado ordenó la detención de 20 de esos campesinos por asociación ilícita, allanó la casa de un veterinario del Incupo y la oficina de la organización, de la que se llevó una PC y todos los ejemplares de la revista Acción, con un gesto sin antecedentes ni en la época de la dictadura. Los organismos de derechos humanos locales y la Pastoral Social de la diócesis de Santiago pidieron a las autoridades provinciales una revisión sobre la situación y sobre el expediente; reclamaron sobre los derechos campesinos y exigieron –lo central– el “veto” de un artículo del Código de Procedimiento Penal recién votado por la Legislatura que legaliza la expropiación de las tierras campesinas.
La causa 960/04 por la que el juez santiagueño Oscar Juárez ordenó los allanamientos y las detenciones tramita desde el año pasado en su despacho pero se activó repentinamente hace unas semanas luego de que el pleno de la Legislatura provincial reflote –como en las épocas más oscuras– el artículo 182 bis del Código de Procedimientos Penal que había sido anulado por la Intervención federal. El artículo agilizaba la expulsión de los campesinos de las tierras: “El juez podía dictar una medida cautelar cuando cualquier persona se presentaba en el despacho para denunciar un supuesto delito de usurpación”, dice el abogado Juan Ginas del Incupo. Bastaba la presentación de un boleto de compra venta, un pase de acciones o una escritura para que el juez ordene la “inmediata restitución del inmueble” a través de una medida cautelar.
Pablo Lanusse decretó la nulidad del artículo por inconstitucional pero la Legislatura local acaba de reimplantarlo. “En la práctica, el artículo pone en manos de los jueces un instrumento para legalizar el despojo de las tierras campesinas”, dice ante una consulta de este diario el sacerdote Sergio Lamberti, integrante de la Mesa Provincial de Tierras del Obispado santiagueño donde confluyen organizaciones como el Mocase y el Instituto de Cultura Popular (Incupo) comprometidas con el reclamo.
Con esa nueva herramienta, el juzgado de Juárez envió el martes pasado una comitiva de Gendarmería y policías provinciales a la localidad de Santos Lugares, en el norte de la provincia de Santiago del Estero para detener a veinte campesinos por asociación ilícita y allanar la oficina del Incupo y la casa del médico veterinario y delegado zonal Eduardo Shierloc. Una decisión que sorprendió y causó indignación entre los organismos: “El juez ordenó los allanamientos porque sostiene que Incupo incita al hurto de productos forestales, pero nuestro libro rojo es el Código Civil, esto no sucedía ni con la dictadura”, dice Ginás. Según el juez, María Lilia Bustos de Pampa Charquina campesina con cinco hijos sería la jefa de la peligrosa asociación ilícita: “Pero ella ni siquiera conocía a los otros imputados”, insiste el cura Lamberti.
Las tierras en cuestión son 8000 hectáreas aptas para los cultivos intensivos de soja. De acuerdo con abogados del Incupo, las tierras pertenecerían a los Ale, los empresarios tucumanos vinculados a negocios non sanctos en su provincia. El hijo de uno de sus empleados explicó en una declaración testimonial la relación de los empresarios con los campos. En esa misma declaración a la que accedió Página/12, confesó su participación en las bandas de custodios que operan en la zona a sueldo de los propietarios amedrentando a los campesinos con los métodos de los viejos grupos de tarea. En realidad, el litigio no se diferencia demasiado de lo que sucede en el resto de la provincia de los Juárez, especialmente desde el fenomenal aumento del precio de la tierra por la reactivación de la producción agrícola luego de la crisis. Como sucedió antes y durante la intervención federal, las organizaciones sociales que trabajan con los campesinos exigen una revisión a fondo de la situación tanto de ocupantes como de quienes comenzaron a aparecer como propietarios de exorbitantesextensiones de tierras. “Sabemos que ambas figuras son imperfectas”, explica Lamberti. “Porque los empresarios tienen títulos pero no posesión y los campesinos tienen posesión pero sin título”.
En ese marco, el cura y representantes de las organizaciones sociales se reunieron el jueves pasado con el jefe de Gabinete de Santiago, Elías Suárez y con el ministro de Justicia, Ricardo Daives. En la reunión pidieron básicamente tres puntos: el reconocimiento de los derechos de los campesinos; el veto del Ejecutivo al artículo 182 bis y la elaboración de un Registro Unico de Poseedores y Propietarios de tierras.
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