El país|Viernes, 30 de diciembre de 2005

El Gobierno destinará una partida de cuatro millones de pesos para dotar de infraestructura y mayor personal al área de derechos humanos de la Procuración, que asiste a las fiscalías que tienen a su cargo causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Así lo anunció ayer el presidente Néstor Kirchner a organismos de derechos humanos, con los que mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno. Con la suma asignada se van a adquirir scanners, computadoras y software. También se contratará a 30 abogados y técnicos, con el objetivo de agilizar el avance de los juicios.
El aporte responde a un pedido de los organismos, que en una audiencia anterior con el Presidente le habían dejado el pedido de equipamiento. “Quedamos en tener un nuevo encuentro dentro de un mes para analizar cómo marcha lo que se dispuso hoy”, señaló al término de la reunión Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas. La intención es ir resolviendo los problemas que puedan ir surgiendo a medida que se aproximen los juicios orales.
En el encuentro participaron integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Hermanos de Detenidos y Desaparecidos, de Familiares, en tanto que por el Gobierno estuvieron junto a Kir- chner el jefe de Gabinete, Alberto Fernández; el ministro de Justicia, Alberto Iribarne; el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Margarita Noia, de la agrupación Hermanos, resaltó la importancia del financiamiento presupuestario porque “cada día hay más querellas y crecen las megacausas” contra los represores. También Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, destacó “la voluntad y la decisión política para que esta asignatura pendiente, que es la búsqueda de Justicia, se lleve adelante”.
El área de derechos humanos de la Procuración –su nombre completo es Unidad de Asistencia para causas por violaciones de derechos humanos– armó una base de datos con todos los juicios sobre el tema abiertos en el país, con el objetivo de hacer un seguimiento de su avance. A principios de noviembre, Righi, el jefe de los fiscales, les envió una instrucción para que aceleren el trámite de las investigaciones, para que los expedientes sean elevados a juicio oral sin demora.
Según los datos de la Procuración, existen 1004 causas de esta clase, con 1406 imputados. 170 de ellos están presos y 26 prófugos. Una de las preocupaciones es que la mayoría de los expedientes está todavía en la etapa de instrucción, y sólo 34 de los 170 detenidos tienen un procesamiento firme, ratificado por una Cámara de Apelaciones.
La Unidad de Asistencia ha reunido, al mismo tiempo, datos sobre los fondos y la cantidad de personal que cada fiscalía necesita sumar para poder hacer su trabajo.
Los atrasos en los juicios han provocado en algunos casos que se vencieran los plazos de las prisiones preventivas, lo que le permitió a los imputados recuperar la libertad. Ese fue el caso de Reynaldo Bignone, presidente de facto de la última dictadura, y del ex jefe de la Armada Rubén Franco, imputados en la causa por robo de bebés, quienes se beneficiaron con la excarcelación luego de que la Cámara Federal considerara excesivo el tiempo que llevaban privados de su libertad, seis y siete años, respectivamente.
Aquella resolución abarcó también a otros seis represores –entre ellos Jorge Rafael Videla y Jorge Acosta–, que no accedieron al mismo beneficio porque están detenidos por otras investigaciones. El criterio de los camaristas fue que después de tres años, la prisión preventiva no está justificada, ya que representa una suerte de pena por anticipado “constitucionalmente insoportable a la luz del principio de inocencia”. Los magistrados señalaron que, aun de ser encontrados culpables, los acusados saldrían en libertad porque ya habrían cumplido los dos tercios de la pena prevista.
También el lento avance del expediente en el que se investigan los crímentes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) ha originado quejas por parte de los organismos de derechos humanos.

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