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El Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora condenó al comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer, el cabo Alejandro Acosta, a la pena de prisión perpetua por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los policías fueron considerados coautores de los homicidios, ya que durante la represión avanzaron juntos disparando con balas de plomo contra los manifestantes. Como sucede con la figura de un pelotón de fusilamiento, el tribunal consideró que no importa quién fue el autor del disparo que mató a las víctimas, sino que todos los que dispararon son culpables. Les aplicó así el máximo de pena posible. Por otra parte, hizo lugar al pedido de los querellantes para que investigue la responsabilidad del gobierno de Eduardo Duhalde. Este último punto tiene también trascendencia ya que implica un límite al poder represivo del Estado ante la protesta social.
En la sala de audiencias, ayer el lugar de Fanchiotti estuvo vacío: el comisario pidió que lo excusaran de tener que oír la resolución. En rigor, de los ocho policías juzgados sólo estuvo presente el de menor rango, Acosta. Se había vestido para la sentencia con un traje claro que parecía recién comprado.
Los jueces Elisa López Moyano, Roberto Lugones y Jorge Roldán también condenaron a Fanchiotti y Acosta por siete intentos de homicidio; a los oficiales Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente a 4 años por encubrimiento agravado; a Gastón Sierra y Lorenzo Colman a 3 y 2 años respectivamente por la misma figura, y a Celestino Robledo a 10 meses en suspenso. Robledo participó del operativo y realizó detenciones, a pesar de que estaba retirado de la Bonaerense.
Los familiares de Santillán y Kosteki siguieron la lectura de la resolución cerca del público. Estuvieron Javier y Noelia, hermanos de Darío Santillán, y su papá, Alberto; también Vanina, Mara y Julieta Kosteki, hermanas de Maximiliano.
“Estoy conforme”, dijo Alberto Santillán. “Es lo que esperábamos: la fiscalía y el tribunal investigaron muy bien a los idiotas útiles como estos dos. No me siento mejor porque nada me devuelve a mi hijo. Pero su espíritu está en mí, en sus hermanos y en sus amigos, y habrá que mantener la fuerza para que ahora se investigue a los que están más arriba”.
Nora Cortiñas, Mirta Baravale (de Madres), Graciela Daleo (de Ex detenidos) y Emiliano Hueravilo (Hijos) fueron algunos de los integrantes de organismos de derechos humanos presentes en la sala.
Los fundamentos del tribunal se conocerán recién este mediodía. Por ahora, sólo se sabe que se trata de 750 fojas. La prueba contra los policías fueron las fotos tomadas por Sergio Kowalewski, publicadas en Página/12, y Pepe Mateos y una serie de filmaciones de televisión en las que se los ve disparando contra Kosteki y otros manifestantes y luego, ya en la estación, hacer fuego contra Santillán. En base a esas imágenes se realizaron pericias que confirmaron la autoría de los disparos. Nunca había habido, en la historia judicial, un caso donde todo hubiera quedado fotografiado como en este. Ahora habrá que esperar para conocer qué dice el fallo sobre el rol que tuvo el gobierno de Duhalde en la represión.
De aquí en más, el camino abierto para investigar las responsabilidades políticas es una causa abierta en el juzgado federal de Norberto Oyarbide por una denuncia de Mabel Kosteki, en la que figuran como investigados Eduardo Duhalde, el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, el ex ministro del Interior Jorge Matzkin y otros ex funcionarios.
El expediente no ha mostrado hasta ahora ningún avance, pero tampoco prescribió, y la apuesta es reimpulsarlo. En los ocho meses que duró el juicio oral contra Fanchiotti y Acosta, la mayor parte de los ex funcionarios zafó de declarar (justamente por figurar como imputados ante la Justicia federal), pero algunos tuvieron que presentarse. Y de sus declaraciones surgieron elementos para alimentar a la Justicia federal:
- Un testimonio clave fue el de Carlos Soria, ex titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En los días previos a la masacre, la SIDE hizo inteligencia sobre las organizaciones de desocupados. Soria contó que el organismo recomendó al Ejecutivo considerar a la movilización del 26 de junio del 2002 como un “caso testigo” frente al cual se debía reafirmar el principio de autoridad del Estado. Con su declaración, quedó en claro que el gobierno veía a la marcha del Puente Pueyrredón como un riesgo para su estabilidad.
- Otros testigos recordaron que en el Ejecutivo Nacional hubo un debate interno y que finalmente se decidió endurecer las acciones frente a la protesta. Como se recordará, tal posición fue hecha explícita por el entonces jefe de Gabinete Alfredo Atanasoff, quien advirtió que el corte del Puente Pueyrredón sería considerado una declaración de guerra. Por primera vez se ordenó, frente a un reclamo social, un operativo combinado de todas las fuerzas de seguridad.
- “La policía”, dijo en el juicio el ex ministro de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero, “es un sujeto que escucha discursos y que actúa en base a discursos”. Su testimonio es considerado importante porque dejó en claro que la policía responde órdenes políticas.
- Tras los asesinatos, recordaron los querellantes al formular sus pedidos de investigar las responsabilidades políticas, el gobierno buscó instalar la versión de que los desocupados se habían matado entre ellos.
Ayer, el tribunal dio lugar a todas sus solicitudes. Dispuso:
- Enviar copias de las declaraciones de los ex funcionarios al juzgado de Oyarbide, para dar impulso al expediente. Los familiares quieren que se revise la actuación de once ex funcionarios: el ex presidente Duhalde, el ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez, Luis Genoud (su par bonaerense), Jorge Vanossi (ministro de Justicia), Atanasoff, Jorge Matzkin (Interior), Carlos Ruckauf, Carlos Soria y su segundo en la SIDE Oscar Rodríguez, y el ex jefe de la bonaerense Edgardo Beltrachi.
- Que se investigue por qué la SIDE hizo inteligencia sobre las organizaciones sociales.
- Que se investiguen, finalmente, los vejámenes cometidos contra los manifestantes que estuvieron detenidos en la comisaría 1ª de Avellaneda.
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