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El Gobierno demandará a Uruguay ante la Corte Internacional de La Haya por las papeleras, al considerar que su instalación, que se realiza sin el acuerdo argentino, viola el Estatuto del Río Uruguay. La medida fue resuelta ayer, en un encuentro que el gobernador entrerriano, Jorge Busti, mantuvo con el presidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada. La denuncia está basada en que las decisiones que afectan a un río compartido deben tener la aceptación de los dos países.
La iniciativa es un elemento de presión sobre las autoridades uruguayas, pero busca también contener las protestas de los vecinos de Gualeguaychú, quienes reclaman con cortes de ruta que se frene la construcción de las plantas y mantienen bloqueados en la frontera once camiones con materiales destinados a edificarlas. Con el conflicto in crescendo, el Gobierno evaluó que llevar el caso a los tribunales internacionales va a ayudar a descomprimir las cosas, desalentando las acciones directas.
Busti anunció la iniciativa en una conferencia de prensa que brindó en Paraná, al regreso de su reunión con Kirchner en la que estuvieron también el jefe de Gabinete Alberto Fernández y el canciller Jorge Taiana. El gobernador planteó el tema abiertamente. “Una vez que se presente la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, el pueblo entrerriano tendrá que reflexionar que estos organismos internacionales nunca actúan bajo presión”, dijo.
Añadió que el punto fue analizado con la Nación y que hablará al respecto con los vecinos de la asamblea ambientalista de Gualeguaychú, porque los cortes de ruta, dijo, “provocaron un efecto inverso del que queremos”. El mandatario reivindicó como “legítima” la movilización, pero “si miramos lo que ha provocado en Uruguay, vemos que ha exacerbado el nacionalismo” y promovido un proyecto que fue desde el principio de la derecha de ese país.
Aludió así al malestar que existe en Uruguay –un enojo que se alimenta con las disparidades existentes dentro del Mercosur, con la existencia en la Argentina de celulosas que contaminan e incluso con un reproche histórico hacia el centralismo de Buenos Aires–, que ha tenido una traducción inesperada en el tema de las papeleras: los reclamos realizados a las empresas Botnia y Ence para que no utilicen cloro en el blanqueo de la pasta de celulosa están siendo recibidos por el gobierno de Tabaré Vázquez como una afrenta a la soberanía del país. “A este gobierno y a este pueblo no lo van a patotear”, declaró el presidente uruguayo la semana pasada. Y el martes el Frente Amplio lo respaldó “por la forma en que ha defendido la soberanía con firmeza”.
Este cerrar filas ha dejado oculto el debate que existe dentro de la propia coalición gobernante uruguaya sobre las celulosas. De hecho, recordó ayer Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace, “Botnia y Ence aparecieron en Montevideo durante la gestión de Jorge Batlle, que les dio los permisos 15 días antes de la asunción de Tabaré Vázquez. Lamentablemente, Tabaré después lo asumió como propio”.
En Gualeguaychú, mientras tanto, la asamblea ambientalista anunció que el viernes a las seis de la tarde comenzará otro corte del puente a Fray Bentos. La medida, prevista por 24 horas, podría extenderse a todo el fin de semana.
En el siguiente cruce fronterizo, hacia el norte, los vecinos de Colón mantienen frenados en el puente a Paysandú once camiones con materiales de construcción para Botnia.
Organizados en cuatro asambleas –de Gualeguaychú, Concepción el Uruguay, Colón y Concordia–, la postura que prima entre la gente es la de no aceptar bajo ningún concepto a las plantas, que contaminarán el río, perjudicarán el turismo, principal fuente de empleo de la región, y generarán riesgos para la salud.
Botnia y Ence, de origen finlandés y español, respectivamente, utilizarán un sistema de blanqueo de la pasta de celulosa con dióxido de cloro. El método implica que viertan al río Uruguay restos de cloro, que al entrar en contacto con sustancias orgánicas generarán compuestos tóxicos. Lo que agrava el problema es el tamaño de las plantas: entre las dos van a procesar un millón quinientas mil toneladas de pasta de celulosa por año. Para dar una idea de lo que esto implica, hay que pensar que en la Argentina existe una decena de fábricas (la mayoría también contaminantes) que, sumadas, no llegan a producir la mitad.
En la reunión con Kirchner, Fernández y Taiana, el gobernador Busti defendió la propuesta de Greenpeace de fijar para los dos países la exigencia de instalar tecnologías libres de cloro. “El presidente Kirchner decidió que su gobierno va a hacer lo que la provincia de Entre Ríos le requiera”, afirmó el gobernador luego, en la conferencia de prensa.
Para ir a la Corte de La Haya, primero debe agotarse la negociación entre Uruguay y Argentina. El Gobierno podrá hacerlo una vez que la Comisión Binacional creada por Tabaré Vázquez y Kirchner dé a conocer su conclusión. El organismo tiene plazo hasta el 30 de enero para expedirse y todo indica que no habrá un dictamen de consenso, sino dos informes.
El Estatuto del Río Uruguay, que da el marco legal a la demanda, fue firmado en 1975. Además de él, existen otras normas (como el Acuerdo Marco sobre el Medio ambiente del Mercosur, de 2001), que recogen el principio del derecho internacional según el cual un Estado debe garantizar que las actividades que se realizan bajo su control no causen daños al medio ambiente de otro Estado. “Uno de los elementos principales de ese principio”, señalaron en la Cancillería argentina, “es que el mecanismo de consultas previas que un país debe realizar antes de permitir una actividad con impacto transfronterizo”.
El reclamo argentino es que Uruguay sigue la política del hecho consumado, ya que no ha contestado a las preguntas sobre cómo tratarán las empresas sus desechos. Argentina quiere que se haga un estudio de riesgo ambiental independiente y mientras tanto las obras sean suspendidas. La denuncia nace de que Uruguay continúe a pesar de esto “de manera unilateral” con la instalación de las fábricas.
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