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El Gobierno estudia ampliar el seguro de desempleo y avanzar en la reformulación del esquema de planes sociales. A lo largo del año pasado, se arraigó en la Casa Rosada la intención de acotar en la mayor medida posible el universo de planes Jefas y Jefes de Hogar e ir reemplazándolos por subsidios limitados en el tiempo que incluyan capacitación laboral, es decir, pensados para la reincorporación al mercado de trabajo de los desocupados.
Los cambios bajo análisis, que el Gobierno anunciaría en los próximos días, coinciden con la creciente preocupación oficial por la pobreza y la distribución del ingreso. También con el límite de vigencia de los planes Jefas y Jefes de 150 pesos. Estos planes, instrumentados en la emergencia de 2001, ya vienen disminuyendo y, según datos oficiales, unas 450 mil personas menos los reciben actualmente. Esto se debe, por un lado, a que la reactivación de la economía permitió que algunos de los desocupados consiguieran empleo. Pero también a que otra porción de los subsidios fue reabsorbida por el Plan Familias.
Hasta fines de 2005 casi 1,5 millones de personas eran las que seguían cobrando el Plan Jefas y Jefes de Hogar, al que se le destinaban unos 234 millones de pesos por mes. Los beneficiarios del Plan Familias reciben hasta 200 pesos según el número de hijos. Es un subsidio que no establece contraprestación, está dirigido a personas que están fuera del mercado de trabajo y que tienen hijos, en su mayoría mujeres, y también a ancianos.
Para los casos de desocupación transitoria es que el Gobierno piensa ahora nuevas estrategias. Apuntaría a achicar los requisitos de obtención del seguro de desempleo con el fin de convertirlo en una herramienta accesible, que ayude a reducir el índice de desocupación. El rediseño del sistema de planes no implicaría un corte abrupto en el ingreso que reciben los desempleados. Esto es algo que el Ministerio de Trabajo ya se ocupó de aclarar tiempo atrás, cuando comenzaron a esbozar la idea.
Otro aspecto del seguro de desempleo fue debatido por el Consejo del Salario Mínimo, que aprobó su extensión a los trabajadores en negro, una preocupación agregada en la agenda oficial. La medida ya inició su camino en la cartera laboral pero todavía no fue reglamentada.
“Tenemos que ir lentamente construyendo un seguro de desempleo en nuestro país”, expresó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. El nuevo seguro implicaría un subsidio de 300 pesos mensuales por un plazo que varía entre 4 meses y un año. También se podría ampliar para los trabajadores en blanco, achicando los requisitos. Los empresarios expresaron sus reparos al avance de este seguro. Uno de sus argumentos es el fraude laboral: que un trabajador denuncie una supuesta relación laboral en negro para cobrar el subsidio. Desde el ministerio, consideraron que se establecerá un control efectivo para no dar lugar a los fraudes.
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