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La alternativa para reformar el Consejo de la Magistratura, preservando la independencia de la Justicia, pasa por democratizarlo. Así lo expusieron diputados opositores, encabezados por Claudio Lozano, que recibieron ayer un proyecto elaborado por la Federación Judicial Argentina (FJA). Al edificio anexo del Congreso acudieron trabajadores judiciales de distintas provincias, en las que ese organismo redujo la presencia de miembros del Poder Ejecutivo y del Legislativo y tiene mayor presencia de la sociedad. “Nuestras propuestas nunca son formuladas desde la derecha”, expresó Lozano a Página/12, tomando distancia de aquella foto que plasmó la reunión de referentes de izquierda, centro y derecha en contra del proyecto oficial.
Si bien este diputado de la CTA participó de aquel encuentro de fines de diciembre, dijo que lo hizo porque “fue invitado” y destacó la movida de ayer en el Congreso, en la que se presentaron los modelos de Consejo que funcionan “de manera interesante” en algunas provincias como Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Juan y Entre Ríos. “La variante más democrática está en Chubut, donde cinco consejeros son electos por el voto de la comunidad y no pueden ser abogados ni miembros de otros poderes del Estado”, describió Lozano. El razonamiento que subyace en la nueva propuesta consiste en preguntarse en qué medida al Ejecutivo y al Legislativo, que deben ser controlados por el Judicial, les corresponde tener tanta representación en el organismo encargado de la selección y enjuiciamiento de los jueces.
Estuvieron presentes Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA Jorge Izquierdo y Víctor Mendibil, secretario y co-secretario general de la FJA respectivamente; el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Laboralistas, la asamblea Justicia para Todos, Attac y el Movimiento No al Ciadi. El proyecto contempla “un consejo consultivo con la participación de representantes sindicales, de derechos humanos y otros”, explicó Mendibil.
La iniciativa de la FJA busca conciliar los límites que fija la Constitución, que no permite el voto directo de la gente para la elección de los miembros del Consejo, con un esquema en el que diputados y senadores elijan personalidades y no necesariamente a sus propios integrantes. Además, amplía la presencia de académicos y abogados y, según se explicó, respeta el equilibrio de los sectores, “a diferencia de la propuesta oficial, que destina siete cargos al sector político sobre un total de trece integrantes”. Lozano sintetizó la esencia del proyecto recibido al expresar que “la independencia del Poder Judicial se garantiza con mayor participación directa en el control de ese poder, y esto se logra disminuyendo la representación de los otros poderes”. En este sentido, remarcó que algunos diputados del ARI no coinciden con este enfoque y por eso estuvieron ausentes ayer en la convocatoria.
Quienes acudieron fueron los radicales Agustín Sbar, Roberto Iglesias, Silvana Giudici, Alicia Tate, Beatriz Leyba, Francisco Ferro, Rino Fabris y Olinda Montenegro, la socialista Laura Sesma, la juecista Norma Morandini y la duhaldista Marina Casese. Esta legisladora expresó que muchos de sus compañeros no van a apoyar el proyecto oficial, pero aclaró que no hablaba en nombre de su bloque porque “está dividido”.
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