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La Corte Suprema de Justicia rechazó intervenir en la causa por contaminación contra las papeleras presentada por el gobierno de Entre Ríos y la asamblea ambientalista de Gualeguaychú. Los ministros señalaron que el tema no es de competencia del máximo tribunal, por lo que reenviaron el expediente al juzgado federal de Guillermo Quadrini. Este juez, al mandar el caso a la Corte, había planteado que podían resultar imputados funcionarios uruguayos; le respondieron que no es un obstáculo para que se encargue del tema. Mientras tanto, en una escalada del conflicto entre Argentina y Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez anunció que recurrirá a la ONU y a la OEA por los cortes que los vecinos mantienen sobre los puentes internacionales.
La resolución de la Corte fue analizada ayer en la asamblea de Gualeguaychú, que bloquea desde hace 19 días el cruce del puente General San Martín. “Es sólo una cuestión técnica, con la que coincidimos, sobre cuál es el tribunal que tiene competencia”, consideró Fabián Moreno Navarro, abogado de los ambientalistas. Allí esperan ahora que el juez Quadrini resuelva el pedido de una medida cautelar para cerrar la frontera a las mercaderías destinadas a la construcción de Botnia y Ence. Aunque no hay plazos legales para que dicte la resolución, se espera que Quadrini dé a conocer su decisión en los próximos días.
En el acuerdo de ayer, con la sola ausencia de Raúl Zaffaroni, la Corte siguió el criterio del procurador general Esteban Righi, que recomendó al tribunal desprenderse del caso porque la acusación fue dirigida contra directivos de empresas extranjeras que no operan aquí. De ampliarse a los funcionarios uruguayos, añadió Righi, el máximo tribunal tampoco tendría que tomar intervención, ya que tal posibilidad se aplica sólo cuando los imputados “son agentes extranjeros con status diplomático (...) y no pude ampliarse”. Por otra parte consideró insuficiente para llevar el expediente a la Corte el hecho de que la provincia de Entre Ríos sea querellante en el proceso.
Righi recordó que la denuncia está dirigida contra los directivos de la filial uruguaya de Ence Fernando García Rivero, Rosario Pou; los titulares del grupo empresarial Ence José Luis Méndez López y Pedro Blanquer Gelabert y los gerentes de Botnia Ronald Beare, Kaisu Annala, Carlos Faropa y Erkki Varis, que no tienen actividades en Argentina.
Abierta por contaminación en grado de tentativa, el objetivo del gobernador Jorge Busti al presentarla fue que los gerentes sean llamados a declarar sobre el funcionamiento de las celulosas. Luego, con una ampliación que hizo la asamblea ambientalista, se agregó el pedido de la medida cautelar. El juez tendrá así que contestar esta cuestión y además el problema de fondo: si las papeleras implican un riesgo de contaminación.
El corte de los vecinos de Gualeguaychú sobre la Ruta 136 entra hoy en el día 19, mientras que en Colón la manifestación cumple una semana. Esas protestas podrían endurecerse esta tarde, cuando la gente de Concordia debata si también va a bloquear el cruce de Salto Grande. De hacerlo, quedarían cerrados los tres pasos internacionales al Uruguay de la provincia.
Hasta ahora, Concordia se ha inclinado por no interrumpir el tránsito, “sino hacer actividades de difusión y expresar el rechazo a través del arte y la cultura”, señaló anoche a este diario Victoria Schwartzman, integrante de la asamblea local. Los vecinos tienen acuerdo en participar de la jornada de protesta (el “Grito nacional”), pero la idea del corte del puente estuvo también circulando en estos días.
El Grito Nacional es una iniciativa de los ambientalistas para que este sábado, a las 18, haya manifestaciones en todas las capitales de provincia. Al explicar los motivos, los vecinos señalaron que buscan “unir todos los reclamos en defensa del uso racional de los recursos naturales”. También exigen al Congreso que se sancione el marco jurídico-legal “que nos garantice estar amparados” ante “los intereses mezquinos de cualquier megaemprendimiento”.
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