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El día que tanto esperaban en la Casa Rosada y en el gobierno de Santa Cruz llegó ayer, casi veinte días después del crimen del policía Jorge Sayago. Por orden de la jueza de instrucción de Pico Truncado, Graciela Ruata de Leone, el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía provincial detuvo a cinco personas, todos hombres. Anoche seguía buscando a dos más. Los detenidos son Darío Catrihuala, propietario de una gomería; Ramón Cortés, empleado de la comuna y miembro del gremio municipal; Alexis Pérez y José Barrientos, uno sería petrolero y el otro miembro del personal de seguridad de una empresa del sector; y un menor, aparentemente hermano de Pérez. Se los detuvo en el marco de la investigación por el tiroteo ante la comisaría, el homicidio de Sayago y las lesiones –heridas de bala en algunos casos– sufridas por otros policías.
Las capturas se realizaron en una gomería, sobre la calle Ramos Mejía, y en la misma cuadra del sindicato de trabajadores del petróleo, y en un descampado ubicado a unos mil metros de ese lugar. Allí apresaron a uno de los detenidos, que intentó escaparse saltando un alambrado. No lo logró. También hubo allanamientos en el barrio Güemes, un complejo de viviendas populares ubicado en la entrada de Las Heras.
La jueza firmó las órdenes de allanamiento y captura ayer mismo, luego de que el fiscal Walter Martínez –ex defensor de Las Heras, asumió después de que se excusara Sergio Gargaglione– le presentara un escrito pidiendo detenciones. A las 18, cuando ya estaba todo listo para los operativos, la propia jueza avisó por teléfono al vocal (a cargo de la presidencia) del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Napolitani. “Vamos a proceder a hacer seis detenciones”, le informó Ruata de Leone. Una hora después, la policía comenzó con los allanamientos. Eran las 19.15, según informaron a Página/12 fuentes oficiales de la gobernación.
Los detenidos fueron llevados a la comisaría primera, ubicada en el centro de la ciudad. Los incidentes de la noche del 6 de febrero que terminaron con la muerte de Sayago se produjeron en la otra seccional de Las Heras, la comisaría segunda, donde está ubicada la alcaldía (se trata del edificio de dos plantas que apareció en los diarios con los 130 impactos de bala y roturas de vidrios). Uno de los presos fue liberado después de comprobar su identidad –había sido detenido por averiguación de antecedentes–, mientras que los demás serán trasladados a la cárcel de Puerto Deseado, a 280 kilómetros de Las Heras. Por cuestiones de seguridad se decidió llevarlos hasta esa ciudad del noreste de Santa Cruz, cabecera de un tren que iba a Las Heras y que fue clausurado en 1978.
El gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo, quien seguía el caso con obvia inquietud (la semana pasada había aceptado la renuncia de su ministro de Gobierno, Claudio Dalle Mura, como anticipó este diario; el alejamiento recién se difundió anteayer) dijo que esperaba que la Justicia aplicara “la máxima sanción” contra los autores del homicidio. “Todos esperábamos que comenzaran a individualizar a los responsables, en el marco del debido proceso y la garantía de defensa. Queremos que se aplique la máxima sanción por el asesinato de Sayago, que fue hecho con alevosía y no tiene atenuantes”, dijo Acevedo a Página/12.
Acevedo, desde Río Gallegos, siguió los hechos con mucho detalle al mismo tiempo que sucedían en Las Heras, en la otra punta de Santa Cruz. Fue informado por el fiscal de Estado de la provincia, Pablo González, quien tuvo acceso al expediente porque la provincia fue aceptada como parte querellante. No es un dato menor, porque en la instrucción fue decretado el secreto de sumario.
La actividad policial contrastó con la parsimonia de los primeros días. Pero fue sólo una tranquilidad aparente: los efectivos de civil de la Brigada de Investigaciones y la SIDE pululaban por doquier. Ayer todo fue distinto. En un día hubo cuatro allanamientos y cinco detenidos (aunque se buscaba a seis). “En uno de los domicilios sólo se encontró a una de las personas buscadas y la otra no se encontraba”, revelaron fuentes policiales. Los detenidos tienen entre 20 y 35 años, uno es menor de edad.
Anochecer de un día agitado
Uno de los operativos se produjo en la gomería de propiedad de Catrihuala. Vecinos del comercio denunciaron a la abogada Ferrero que los miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) golpearon bastante a dos jóvenes que se encontraban en el lugar. Eran empleados del negocio y fueron liberados. Según testigos a los que pudo consultar Página/12, ese allanamiento fue encabezado por la propia jueza. Vestida en jeans ajustados y con una musculosa blanca, Ruata de Leone supervisó la actuación de la policía desde su camioneta blanca de doble cabina. En ese momento se habría producido un intento de fuga, cuando uno de los buscados intentó escapar por un alambrado. Según las fuentes policiales, era el imputado de situación más comprometida.
A última hora de anoche se especulaba con que los detenidos, que inicialmente eran cinco, podrían elevarse a seis. De hecho, en el transcurso de la jornada la jueza había firmado seis órdenes de detención. Entre los delegados disidentes del gremio petrolero se escuchaban versiones de que los detenidos habían subido a siete. Según esos rumores, dos hermanos de apellido Bilbao habrían sido apresados a última hora.
Pocas horas antes de ser apresado, Cortés, el trabajador municipal, presentó una denuncia por apremios ilegales. El escrito, firmado por la abogada Claudia Ferrero –de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), vinculada al Partido Obrero–, fue presentado ayer a la mañana en el juzgado de Instrucción de Pico Truncado. Cortés ya había sido citado a prestar declaración testimonial en dos oportunidades: el lunes 13 y el lunes 20 de febrero. Las dos veces lo interrogó la Brigada de Investigaciones de Caleta Olivia. Habían encontrado su celular en el enorme baldío que está frente a la comisaría segunda: el escenario de los incidentes en la madrugada del 6 al 7 de febrero. Cortés reconoció que era su celular y admitió que estuvo aquella noche en el lugar de los hechos.
Ayer, Cortés denunció que había firmado una declaración en la que acusaba a Catrihuala y a un tal Gutiérrez de estar disparando contra la comisaría porque se había “sentido intimidado”. “No puedo asegurar que esa persona estuviera en el lugar disparando”, se rectificó. Luego agregó que en la segunda declaración que le tomaron los policías le habrían “sugerido” que identificara a un tal Mauricio Fuentes (sería miembro del cuerpo de delegados). “Me sugirieron que declarara que había visto disparar al señor Mauricio Fuentes, que por ser mi primo lo conozco bien y puedo asegurar no haberlo visto en el lugar”, relató Cortés.
A última hora de ayer, otra versión sacudió a la provincia. Según fuentes judiciales y delegados del gremio petrolero, se habría detenido a uno de los dirigentes disidentes del sindicato, quienes organizaron el corte de ruta de 18 días. Según esa versión, no se trataría ni de Mario Navarro ni de Luis Guineo. El secreto de sumario y lo avanzado de la noche impedía confirmar la identidad o discernir si se trataba de un rumor o de una información fidedigna.
En simultáneo con las detenciones, la nueva ministra de Gobierno de la provincia, Elsa Capuchinelli, aprovechó para hablar del caso. “Santa Cruz quiere paz social y justicia”, dijo. “No queremos violencia de ningún tipo, ni tampoco impunidad”, agregó. Mientras tanto, la abogada Ferrero, que defendió a algunos delegados petroleros como Luis Cabana y el propio Cortés, dijo que el procedimiento de la Brigada de Investigaciones –que está a cargo de la investigación en el terreno– consiste en “apretar gente”. “El método de la Brigada es apretar gente y obligar a decir que tal estuvo ahí”, acusó. La jueza, sin embargo, no se expidió sobre las denuncias de apremios ilegales.
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