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El gobierno nacional reglamentó la forma de garantizar las prestaciones mínimas en los denominados servicios esenciales durante días de paro. A través del decreto 272 publicado ayer en el Boletín Oficial se establece la conformación de una “comisión de garantías” que “asesorará” al Ministerio de Trabajo para establecer el tipo y la cantidad de servicios que se brindarán mientras dure una huelga en alguno de estos servicios. Los gremios tendrán que anunciar la medida de fuerza con una antelación de cinco días y las empresas prestadoras deberán demostrar 48 horas antes a los usuarios cómo cumplirán con los mismos. Pero el proceso de selección de los cinco miembros de la comisión y las limitaciones en sus atribuciones ya desató críticas en una de las centrales obreras.
“Esta reglamentación, a la vez que regula el ejercicio de huelga en los servicios esenciales, ajustado a principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fomenta el desarrollo de la negociación colectiva”, afirmó en un comunicado el Ministerio de Trabajo. El decreto del Poder Ejecutivo Nacional que reglamentó el artículo 24 de la ley 25.877 sobre conflictos colectivos de trabajo también fue calificado por la cartera que dirige Carlos Tomada como “un evidente avance a la plena democratización de las relaciones laborales”.
A lo largo de 19 artículos, el decreto crea la Comisión de Garantías, que integrarán cinco miembros “de reconocida solvencia técnica, profesional o académica en materia de relaciones de trabajo, del derecho laboral o constitucional, y destacada trayectoria”. Se desempeñarán ad honorem, no podrán ocupar cargos públicos electivos, tampoco ser directivos en asociaciones sindicales o empresarias ni dirigentes de partidos políticos.
El Poder Ejecutivo hará la selección de cuatro de los miembros titulares y sus respectivos alternos, de una terna de candidatos que presentarán “las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y del Consejo Interuniversitario Nacional”. El quinto integrante será otra atribución que se reserva el Ejecutivo.
La discusión previa que encabezó la cartera laboral había alcanzado hasta ahora a la CGT, la CTA y a algunas organizaciones empresariales. Sin embargo, ninguna de ellas recibió el borrador del decreto que se conoció ayer. “Se girará la convocatoria para integrar la comisión independiente a todas las organizaciones”, afirmó un vocero del Ministerio de Trabajo a Página/12. También habló de la pluralidad de la que hace mención el decreto para evitar mayores definiciones sobre la participación obrera y hasta mencionó la posibilidad de “alternancia” entre las distintas centrales –como parte de las correcciones que aun puede introducir el ministerio–, aunque reconoció que la cartera privilegió en el ámbito empresarial el contacto con la UIA.
Las primeras críticas surgieron de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). El director de su departamento jurídico fue el encargado de especificar ante este diario el desacuerdo con varios de los puntos del decreto. “No estamos de acuerdo con la excesiva estatalidad, la no especificación sobre cómo se designará el represente que sugerirán las centrales obreras”, sostuvo.
“La OIT sugiere que la comisión sea quien establezca cómo deben ser los servicios mínimos y acá se le asigna sólo el rol de asesorar. Se borra el tope de hasta el 50 por ciento de cumplimiento de esos servicios los días de huelga, con respecto a los que normalmente se brinda, como establecía el decreto anterior, y el ministerio mantiene un criterio propio para establecer qué servicios pasan a ser esenciales”, insistió.
Otra de las dudas son las sanciones que se aplicarán a los sindicatos que no respeten la nueva norma. La Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y los gremios aeronáuticos ya recibieron importantísimas multas –“sin que medie una decisión judicial”– por las huelgas que paralizaron al Hospital Garrahan y Aerolíneas Argentinas en demanda de aumentos salariales.
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