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La provincia de Buenos Aires ratificó “en todos sus términos” la denuncia presentada hace una semana por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en contra del juez en lo correccional de Mar del Plata Pedro Federico Hooft por su presunta colaboración con la dictadura. La Secretaría de Derechos Humanos bonaerense anunció la decisión en una conferencia de prensa celebrada en Mar del Plata con los organismos de derechos humanos locales. El juez Hooft, en tanto, desmintió los términos de la acusación adelantada por Página/12 en su edición del domingo pasado. Sostuvo que las denuncias se deben a una “campaña difamatoria”.
Durante la mañana de ayer, la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Sara Dorotier de Cobacho, presentó en Mar del Plata la ratificación de la denuncia de la Nación. En línea con ese pedido, durante un encuentro con el juez federal Alejandro Castellanos, la funcionaria pidió la investigación sobre el secuestro de once personas, la mayoría abogados, sucedido entre el 6 y 13 de junio de 1977 en Mar del Plata durante la llamada Noche de las Corbatas. Dorotier se presentó en la causa en representación de la secretaría que encabeza Edgardo Binstock. “Vinimos a ratificar la denuncia de Nación en todos sus términos, para que se investigue la responsabilidad de todos los responsables, no para personalizarla en el juez (Hooft) sino en todos los probables involucrados”, indicó a este diario el asesor letrado Eduardo Rezses.
Una semana atrás, la secretaría de la Nación habían hecho la presentación judicial en los mismos términos. Pidieron la apertura de la investigación sobre el juez y quienes pudieran resultar cómplices de una serie de delitos que van desde “homicidio calificado” a “denegación de justicia” de los secuestros y sus efectos de la Noche de las Corbatas.
Hooft salió a desmentir los términos de la denuncia difundida por Página/12 en su edición del domingo, tal como lo hizo en la Justicia el 9 de marzo, luego de la primera presentación realizada por el Gobierno y una nota aparecida en un diario de Mar del Plata. Según esa presentación, “los mismos hechos absolutamente falsos que según la publicación serían materia de la denuncia recepcionada han sido materia de acusación, investigación y sentencia desestimatoria por parte de un tribunal constitucional competente, en período constitucional”. Los responsables de la querella aseguran que el sobreseimiento no sería obstáculo para una eventual apertura de la investigación.
En una nota dirigida a este diario, el juez desmintió la relación de su padre con la alcaldía de Utrecht durante los años de la ocupación nazi, indicando que “jamás ocupó cargo en Holanda (ni en Argentina)”. En los mismos términos desmintió su vinculación con la Concentración Nacional Universitaria (CNU). “Jamás fue miembro de la grupos católicos nacionalistas en general ni de la ultraderechista CNU, como se publicó en la nota”, dijo.
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