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La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le ordenó ayer a la empresa que gestiona la concesión del Mercado de Liniers interrumpir por 60 días las denominadas “ventas al oído”, que los consignatarios realizan habitualmente por fuera de la subasta pública. En el Gobierno sospechan que los operadores manipulan los precios de la carne a través de esa modalidad. La decisión se tomó luego de una semana de inspecciones en el predio y apenas dos días después de que el presidente Néstor Kirchner definiera a los comisionistas como unos “pícaros”, advirtiéndoles que “ya sabemos cómo se mueven”. A última hora se supo también que la Oficina de Control Comercial Agropecuario (Oncca) suspendió a 11 consignatarios por mantener deudas con la AFIP.
En el Mercado de Liniers, cerca del 60 por ciento de las ventas se realizan en subasta pública y el otro 40 por ciento es “al oído”. En el remate los compradores se reúnen con un martillero frente a las vacas y realizan ofertas a viva voz. Mientras que en el segundo caso, la operación es acordada en privado. Un comprador se acerca a algún consignatario y le hace una oferta “al oído”. Si es aceptada, cierran trato y el precio recién adquiere carácter público cuando los animales son pesados en alguna de las 33 balanzas. Es allí donde se emite la boleta de venta.
Ambas transacciones quedan registradas en el sistema e inciden en el Indice Novillo que elabora el mercado, pero en el Gobierno desconfían particularmente de la “venta al oído”, pues afirman que a través de esa práctica se distorsionan los precios. Según datos oficiales, Liniers concentró apenas el 15 por ciento de las ventas de carne durante enero, pero constituye un enclave estratégico del sector, porque allí se fijan los precios de referencia para todo el país.
Fuentes del Gobierno detallaron a Página/12 que cuando la oferta es alta y el índice está bajando, algunos consignatarios se retiran de los remates para detener la caída y pactan operaciones en privado tomando como valor de referencia un precio superior al que hubieran obtenido de continuar ofertando sus lotes en subasta pública. Por el contrario, cuando la oferta es insuficiente la mayoría se suma a los remates para capitalizar la suba. Esa es una de las acusaciones que aparece formulada en la denuncia que presentó el secretario de Agricultura, Miguel Campos, ante la Comisión de Defensa de la Competencia el 9 de noviembre pasado.
Jorge Aguirre Urreta, presidente del Centro de Consignatarios de Productos del País, negó las acusaciones ante Página/12 al afirmar que los inspectores de la Comisión, que vienen investigando desde noviembre y durante la última semana se instalaron en Liniers, encontraron “todo inmaculado”, pero “nos sugirieron dejar de vender al oído, pese a que no se ha encontrado en ese mecanismo nada delictivo”. En la resolución que emitió la comisión se afirma, en cambio, que era “necesario el dictado de una medida correctiva, a fin de restablecer el equilibrio de los mercados”.
Por su parte, Ignacio Alzaga Unzué, vicepresidente del Mercado de Liniers, señaló a este diario que la “venta al oído” no se realiza para manipular los precios, sino porque “el volumen que manejan algunos consignatarios no justifica un remate”, porque “no tienen un buen martillero y prefieren hacer acuerdos privados” o “para controlar que ningún comprador supere el cupo que tiene asignado en función de sus antecedentes y su capacidad financiera”, pues, en caso de que no paguen, el consignatario es quien debe responder ante el productor.
Para el Gobierno, en cambio, la medida es un paso más en la batalla contra los precios. Primero fue la prohibición de faenar ganado liviano, luego el registro de exportaciones, después el cierre del mercado de exportación, en la semana siguió el llamado presidencial a no comprar carne y ahora la prohibición de la “venta al oído”.
La decisión se les comunicó a los administradores del mercado ayer cerca de las cuatro de la tarde, y tendrá vigencia a partir del lunes 27 de marzo. Los consignatarios tienen una semana de plazo para adaptarse a la nueva modalidad (en rigor son tres días, porque el jueves prácticamente no hay operaciones y el viernes será feriado). Para las empresas que sólo vendían “al oído” la decisión constituye una complicación mayor, ya que ni siquiera tienen martilleros contratados para realizar remates. Es probable que los operadores más chicos reúnan todas las cabezas de ganado que suelen comercializar para realizar un remate conjunto. Los más grandes tendrán una complicación aún peor, pues entre los 11 suspendidos por la Oncca, debido a las deudas que mantienen con el fisco, se encuentran Alzaga Unzué, Aguirre Urreta, Martín G. Lalor, Madelan y Mendizábal, entre otros. Ninguno de ellos podrá operar en el mercado hasta tanto regularicen su situación.
La decisión de interrumpir la “venta al oído” no es la primera vez que se toma. El 8 de junio de 1973 hizo lo mismo el fugaz gobierno de Héctor Cámpora. En esa oportunidad, la resolución que justificó la medida decía que “los estudios realizados por la Junta Nacional de Carnes con respecto a los sistemas de venta de ganado en el Mercado Nacional de Hacienda indican la necesidad de reimplantar con carácter de único el sistema de comercialización en subasta pública, con el fin de armonizar los intereses de los productores, comerciantes y consumidores”.
Sin embargo, cuatro años después, el 8 de junio de 1977, la dictadura encabezada por Jorge Videla dio marcha atrás a través de la resolución 1132, donde señaló que “se establece que las ventas de hacienda bovina y porcina que se realizan en el Mercado Nacional de Hacienda podrán efectuarse conforme a lo que determine previamente cada firma consignataria en subasta pública o al oído”. Desde entonces, todo siguió como hasta ayer.
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