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“Hay que derogar el Código de Justicia Militar porque es inconstitucional”, aseguró el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, figura clave de una comisión de expertos convocada por el Ministerio de Defensa para cambiar, íntegro, el sistema judicial de las Fuerzas Armadas. Para el jurista, los militares deben ser juzgados por los tribunales comunes. “Quienes actúan como jueces militares no son independientes, es decir, no pueden ser jueces”, explicó en diálogo con Página/12. Al referirse a los indultos, atribuyó la demora de un fallo definitivo sobre su validez a que los expedientes están en suspenso en la Cámara de Casación Penal. Y protestó porque el Gobierno mantiene indefinida la composición del alto tribunal. “Debe hacer algo. Por seriedad institucional y porque crea un inconveniente de funcionamiento”, advirtió.
Zaffaroni habló con este diario después de una mañana con una agenda peculiar. Cuando salió del plenario habitual de la Corte, lo estaban esperanado dieciséis Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, que fueron a reclamar que el tribunal se defina sobre los indultos a represores. Después de una conversación de casi una hora, protagonizó una pequeña ceremonia, también en su despacho, en la que firmó su ficha de afiliación a la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), un gesto simbólico que lo convirtió en el primer supremo agremiado de la historia (ver aparte).
Una vez que la Corte declaró, el año pasado, la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, el único tema que quedó pendiente para garantizar el juzgamiento sin obstáculos de todos los represores era invalidar también los indultos. Aunque hubo jueces de primera instancia e incluso la Cámara Federal que los anularon, los supremos decidieron mandar todos los expedientes que incluían el planteo a la Cámara de Casación, para que se expida antes que ellos. Y allí están, hace un año.
–El Gobierno dice que es inconstitucional anular los indultos por ley o por decreto, que debe hacerlo la Justicia, o sea ustedes. ¿Acuerda?
–No puedo pronunciarme porque estaría adelantando opinión sobre cosas que, se hagan o no se hagan, pueden llegar a la Corte. Cualquiera de esos temas puede venir planteado. Quiero decir, por ejemplo, si se anularan por decreto podría llegar un planteo en contra para que lo trate la Corte.
–¿Qué les dijo a las Madres de Plaza de Mayo que vinieron a pedir un pronunciamiento de la Corte?
–Les expliqué que no tenemos ninguna causa. Hasta la semana pasada yo creía erróneamente que sí había una que estaba a estudio del procurador. Llegó acá una causa pero, como no había pasado por Casación, la bajamos a ese tribunal por falta de tribunal superior de la causa.
–Es evidente que la Cámara de Casación es la que frena estos expedientes, que actúa como un embudo.
–Y...está todo ahí.
–¿Por qué?
–Casación no tiene término para pronunciarse, no hay un plazo procesal, por lo menos no está legalmente establecido.
El Código de Justicia Militar data de 1951 y nunca fue adaptado a la realidad democrática. Los militares son juzgados por militares y sin las garantías que rigen en cualquier proceso penal. El Estado argentino se comprometió a reformarlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde fue denunciado, pero aún no lo hizo. Una de las demandas la inició Rodolfo Correa Belisle, un ex capitán del Ejército que –representado por el Centro de Estudios Legales y Sociales– reveló el encubrimiento del asesinato del soldado Omar Carrasco y, por eso, fue sometido a un juicio militar en el que terminó destituido. Otro caso es el de Ricardo Runza, un capitán retirado de la Fuerza Aérea sancionado por un Tribunal de Honor y luego arrestado por hablar de prácticas autoritarias en el Ejército.
–¿Lo sorprendió el espionaje político de la Armada?
–La verdad que no.
–La persistencia de esa práctica, ¿es una cuestión cultural? ¿Fallan las leyes de Seguridad Interior y de Defensa?
–Hay hábitos en todas las corporaciones que son difíciles de erradicar. Estoy convencido de que es algo con que la mayoría de los marinos no debe estar de acuerdo, ni mucho menos, pero hay minorías que sí, es inevitable. En toda corporación hay ciertos vicios, no me sorprende este episodio.
–Usted fue convocado para trabajar sobre la reforma del Código de Justicia Militar que plantea el Ministerio de Defensa. ¿Cuál va a ser la propuesta?
–Estoy trabajando por encargo de la Universidad de Buenos Aires sobre la Justicia Penal Militar. En realidad, hay que derogar el Código, esa es la idea. Que quede un Código de Justicia Militar, pero que sólo tenga carácter administrativo, que sea para las sanciones internas.
–¿La intención es que los militares sean juzgados por los tribunales comunes como cualquier ciudadano?
–Sí, sí. La idea es introducir los delitos militares en el Código Penal. Así como hay delitos de funcionarios, delitos de jueces, es decir tipos penales propios, debería haber tipos propios militares o agravantes en tipos comunes. No tiene sentido hacer una traición a la patria para el militar, será más grave que la del que no es militar, pero es traición a la patria. En cambio, hay algunos delitos que son específicamente militares, como la insubordinación. Un tipo genérico sería el que violare las normas de un bando emitido en zona de guerra por el comandante de la zona.
–¿Por qué directamente hay que derogar el Código de Justicia Militar?
–Porque es el modo de sacar toda la parte penal, que pasaría a la Justicia Federal. Pero, además, porque toda la Justicia Penal Militar es inconstitucional. Para realizar un acto jurisdiccional quien juzga tiene que tener independencia, no puede estar en relación jerárquica de un poder del Estado, salvo el Judicial. La relación jerárquica más estricta es la relación jerárquica militar. Entonces el problema es que el Consejo de Guerra, quienes actúan como jueces militares no son independientes, es decir, no pueden ser jueces. También hay otras cuestiones inconstitucionales, como que no está garantizado el derecho de defensa. De acuerdo con el Pacto de Ginebra, el prisionero de guerra enemigo, en tiempos de guerra, que comete un delito, tiene más garantías que un soldado argentino en tiempos de paz. Esto está revelando que hay algo ahí que no funciona.
–¿Esto va a tener forma de proyecto de ley?
–La comisión que trabaja en el Ministerio de Defensa le pidió a distintos organismos que nombren gente. También, por ejemplo, hay un asesor de la Cruz Roja, porque nosotros no tenemos tipificados los crímenes de guerra y hay que tipificarlos. Es un capítulo elemental de modernización de las Fuerzas Armadas, para que tengan las mismas garantías que cualquier ciudadano.
–¿Cuándo estará lista la propuesta?
–No creo que pase mucho tiempo, porque el problema está planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que ir informándole lo que se va haciendo.
Entre septiembre y octubre del año pasado quedaron dos sillas vacías en la Corte. Una era la que ocupaba Augusto Belluscio, que se jubiló, y la otra correspondía a Antonio Boggiano, último exponente de la mayoría automática, destituido por el Senado. Pese a que el Gobierno se autoimpuso un plazo de 30 días para proponer a los reemplazantes, no cumplió.
–¿El Gobierno debería nombrar a los dos jueces que faltan para completar la Corte?
–Debe hacer algo. Algo significa proponer a los dos jueces que faltan o enviar un proyecto reduciendo el número de integrantes a siete. La situación actual nos crea un inconveniente de funcionamiento. Lo digo por seriedad institucional. El funcionamiento de una Corte debería ser regular. O bien tiene que tener a todos los ministros, o si era demasiado grande, achicarla. Eso debe resolverse institucionalmente.
–¿Qué dificultades de funcionamiento tienen?
–La dificultad práctica que nos crea, que no la podemos reformar nosotros porque es por ley, es que siendo nueve el número de ministros la mayoría nuestra sigue siendo de cinco. Es más fácil conseguir cinco votos entre nueve que conseguir cinco votos entre siete. Muchas veces quedamos cruzados con cuatro a tres. En las causas donde nos quedamos cruzados, hemos acudido al expediente práctico de repensar y ver si alguien cambia el voto. Si esto no se produce, si son causas donde se trata de cuestiones de hecho y prueba, cada uno se mantiene en su posición y entonces integramos el tribunal con conjueces. Pero en la causas donde sentamos jurisprudencia no podemos integrar con conjueces, porque generamos un caos. Cada causa va a salir con el criterio de un conjuez que desempata para un lado o para el otro.
–¿Sería el caso de la pesificación?
–Claro, ahí no podemos nombrar conjueces. Y no somos una corte fácil. Somos siete personajes en busca de autor. Conseguir cinco votos entre nosotros no es sencillo. Si redujeran la Corte a siete por lo menos, la mayoría requerida sería de cuatro. Entonces, el Gobierno algo tiene que hacer, una otra, por responsabilidad institucional.
–¿Qué opción prefiere usted?
–Yo decía que no juguemos más con el número de jueces de la Corte. A mi entender tendría que estar en la Constitución, pero no está. Entonces generemos una costumbre institucional. Son nueve, que sigan siendo nueve, hasta que algún día venga una reforma.
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