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El 24 de febrero a la noche, la policía de Santa Cruz acababa de detener a cinco vecinos de Las Heras y se disponía a trasladarlos al lugar de detención: la alcaldía de Puerto Deseado. Había que recorrer 400 kilómetros para llegar a destino. Los detenidos –dos petroleros, un aficionado a la caza, un delegado municipal y un ex puntero del PJ– estaban imputados por el crimen del suboficial Jorge Sayago. El traslado quedó bajo responsabilidad del cuerpo de Infantería. Los presos salieron indemnes de Las Heras, pero cuando arribaron a Puerto Deseado apenas se podían mantener en pie. Habían recibido tantos golpes que el comisario del lugar ordenó que les pusieran inyecciones para prevenir que cayeran en un estado grave. Los padres de Alexis Pérez, uno de los presos, fueron los primeros en hacer la denuncia, difundida en su momento por Página/12. Ayer, un mes y medio después de aquel traslado, la jueza Graciela Ruata de Leone procesó a doce policías por el delito de “apremios ilegales”.
Los doce efectivos pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales de la policía santacruceña. Sus nombres son Jesús Amoroso, Diego Agüero, Cristian Acosta, Ovidio Zurita, Augusto Andrade, Manuel Robles, Luis Pérez, Ricardo Muñoz, Marcelo Zambrano, Marcos Benítez y José Cerpa. Todos fueron procesados por apremios ilegales, aunque la jueza no les dictó la prisión preventiva. También procesó al comisario Horacio Herrera por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Herrera estaba a cargo del transporte de los cinco presos hasta Puerto Deseado.
La decisión no conformó a la abogada Claudia Ferrero, defensora de tres presos y vinculada al Partido Obrero. “No fue sólo el GOE el que aplicó torturas. Hace unos días, un grupo de familiares le entregó al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alberto Marucco, un listado de los miembros de la Brigada de Investigaciones que hicieron apremios ilegales durante la investigación del caso”, dijo la letrada a Página/12.
La jueza dispuso los procesamientos en el marco de una investigación iniciada hace aproximadamente un mes. La causa se abrió a partir de una denuncia presentada por el jefe de la policía provincial, Wilfredo Roque. Se trata de un amigo personal del Presidente; llegó a ese cargo por influencia del propio Kirchner tras el acuartelamiento de la fuerza a fines de 2005. Roque se presentó ante la Justicia luego de que los mendocinos Armando Pérez y Violeta Gómez, padres de uno de los cinco presos, presentaran una denuncia por apremios ilegales. El hijo menor del matrimonio, de 14 años, había sido detenido en los allanamientos del 24 de febrero. Estuvo recluido un fin de semana, luego recuperó la libertad. La detención del menor irritó a un sector de la comunidad de Las Heras.
En aquella denuncia, el matrimonio relató cómo los cinco imputados fueron hostigados en el trayecto hasta Puerto Deseado. Los presos eran Pérez, Darío Catrihuala, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao y Juan Domingo Bilbao. Según el testimonio de los padres de Pérez, dos de los detenidos llevaron la peor parte: incluso denunciaron que a su hijo lo amenazaron con arrojarlo de la camioneta que lo trasladaba a unos cien kilómetros por hora. La intimidación consistía en abrir la puerta del vehículo y obligar a los detenidos a sacar medio cuerpo afuera. A otros imputados los habrían amenazado con ahogarlos en el tanque australiano de una estancia.
De esos cinco presos todos siguen detenidos. Catrihuala, Cortez, Pérez y Juan Pablo Bilbao fueron procesados por homicidio calificado y coacción agravada. Juan Domingo Bilbao fue sobreseído por el homicidio, pero fue procesado por coacción agravada y entorpecimiento de tránsito. Luego hubo dos tandas de detenciones, que llegaron a interrumpir una asamblea en la empresa Indus. En esos procedimientos, la policía detuvo a catorce trabajadores. Ocho fueron sobreseídos y liberados, seis están procesados y sólo tres siguen detenidos: José Rosales, Omar Mansilla y Pablo Mansilla.
Tras hacer las denuncias, los familiares convocaron a marchas de silencio. Las protestas fueron apoyadas por el cura Luis Bicego, la concejal Roxana Totino y el cuerpo de delegados del gremio petrolero. Además de hospedar a unas cien personas en la iglesia, el sacerdote se comunicó con el escritor Osvaldo Bayer y le pidió la intermediación de Hebe de Bonafini. Poco después de que Bonafini anunciara su viaje a Las Heras, el Presidente habló por primera vez de las denuncias por apremios ilegales. “La policía se excedió”, dijo. Pocos días después, Bonafini viajó al lugar de los hechos. Tras visitar a los presos en Pico Truncado y Caleta Olivia, se ofreció para mediar ante el Gobierno. También cuestionó el uso de la palabra “excesos” –con obvias reminiscencias al discurso militar– por parte de Kirchner, aunque luego le reconoció “valentía” por admitir que la policía de Santa Cruz había golpeado y torturado.
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