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La denuncia argentina ante la Corte de La Haya por la instalación de las papeleras combinará dos líneas argumentales. Hacia atrás, señalará que el gobierno de Montevideo incumplió el Estatuto del Río Uruguay, al haber autorizado de manera unilateral la construcción de las plantas de Botnia y Ence. El estatuto dice que, en un río compartido por el Uruguay y la Argentina, las decisiones que lo afecten también deben ser compartidas. Hacia adelante, la demanda se apoyará en la defensa de los derechos humanos; planteará que la salud de las personas, los recursos para la vida y el medio ambiente son bienes que los Estados tienen la obligación de proteger. Y que para protegerlos, como primera medida hay que frenar la construcción de las fábricas.
Si la primera parte del trabajo parece sencilla, la segunda será para la Argentina bastante más compleja de encarar, porque deberá convencer al Tribunal ya no de que corrija el incumplimiento del Tratado, sino de que evite que se produzcan futuros daños. Daños que todavía no ocurrieron y por lo tanto sólo se pueden prever, pero no probar.
Esos son los ejes en los cuales trabaja el equipo de la Cancillería que encabeza la directora de la consejería legal del ministerio, Susana Ruiz Cerutti, con la indicación de terminar cuanto antes el escrito para que sea presentado en la primer semana de mayo.
El primer paso
La demanda será llevada a La Haya por un funcionario de la Cancillería. Se presentará por escrito y ese día no habrá ningún expositor que desarrolle el caso.
Uno de los puntos más delicados, consideran los abogados encargados de su redacción, es justificar la competencia de esta Corte para resolver el conflicto. La denuncia dirá, en este sentido, que el Tribunal debe juzgar el diferendo porque así lo establece el Estatuto del Río Uruguay. “Toda controversia acerca de la aplicación de este tratado”, sostiene el texto, podrá ser dirimida “por cualquiera de los dos países” ante La Haya.
Si los jueces dan curso al expediente, lo que finalmente dispongan será de cumplimiento obligatorio (así lo dispone la Carta de Naciones Unidas). Pero el proceso va a llevar, como mínimo y con viento a favor, de tres a cinco años.
El amparo
Por separado, y una vez que haya ingresado la denuncia inicial, se pedirá a la Corte que ordene como medida cautelar la paralización de las obras de Botnia y Ence.
Uruguay tendrá la oportunidad de contestar los argumentos argentinos y se llamará a ambos países a una audiencia de debate antes de que los jueces tomen su decisión. Si bien se supone que esta parte del juicio es rápida, no hay plazos preestablecidos.
Un caso difícil
Eso es lo que dicen los integrantes del equipo que redacta la denuncia: que “no es un caso fácil”. El historial de la Corte no es alentador en el caso de la paralización preventiva de las obras: sólo hizo lugar a un pedido de amparo cuando estaba en juego la vida de dos sentenciados a muerte en Estados Unidos, cuando ordenó que las ejecuciones no se concretaran. Y así y todo, el país del norte lo desoyó.
Un antecedente más ligado a la cuestión ambiental es el de un juicio de Eslovaquia contra Hungría para que no se construyera una represa en el Danubio, por razones ambientales. Eslovaquia perdió la demanda y la obra se hizo. El fallo, dicen los especialistas, recibió duras críticas y eso puede hacer que ahora haya una resolución más meditada.
Los antecedentes
La denuncia hará un repaso del conflicto. Los antecedentes vienen de 2003, cuando los integrantes argentinos de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) no pudieron acceder a la información sobre el proyecto de la papelera Ence, la primera de las empresas que desembarcaron en Fray Bentos.
Frente a la parálisis en que quedó la Comisión, en octubre de 2003 los presidentes Néstor Kirchner y Jorge Batlle se reunieron. Batlle se comprometió a brindar los datos que le pedían. Ese mismo día, sin embargo, el gobierno uruguayo le aprobó a Ence su proyecto.
Luego apareció Botnia, para ubicarse a seis kilómetros de la papelera española, con una fábrica aún más grande, con capacidad para procesar un millón de toneladas de pasta de celulosa por año. La empresa de Finlandia consiguió su habilitación sin tampoco cumplir con el proceso de consulta previa e información a la Argentina. El permiso le fue otorgado el 15 de febrero de 2005, dos semanas antes de que Batlle terminara su mandato para ser reemplazado por el frenteamplista Tabaré Vázquez.
Para destrabar las cosas, Kirchner y Vázquez acordaron crear un nuevo equipo binacional que analizara el tema: el Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN). Los técnicos del GTAN trabajaron durante seis meses, de agosto del 2005 a enero de este año. La situación se repitió y la Argentina denunció que Uruguay no había dado la información requerida. En especial, rechazó explicar por qué habían elegido localizarla en un río compartido y a tan escasa distancia entre sí.
El (por ahora) último capítulo fue el nuevo intento de diálogo abierto por Kirchner y Tabaré en marzo. La historia es reciente y está fresca: ambos países llegaron a un acuerdo para realizar un estudio de impacto ambiental de carácter independiente que sirviera de base para tomar una decisión. Su realización se frustró cuando Botnia se negó a suspender sus obras por noventa días para que se realizara el trabajo.
En abril, los expertos contratados por el Banco Mundial señalaron lo mismo: Botnia y Ence no han dado la información necesaria sobre cómo van a funcionar, y por lo tanto no es posible evaluar el riesgo que implican para la región.
Los cortes
¿Cuánto afectará a la Argentina que haya cortes de ruta? En teoría, nada. Desde un punto de vista estrictamente legal, no es un tema de competencia de La Haya. Desde un punto de vista realista, puede incidir en el voto de los jueces. Otro interrogante es el factor político en la composición del tribunal, ya que muchos de sus integrantes provienen de países del Hemisferio Norte. Sin embargo, consideran en la Cancillería, la Corte ha evolucionado y sus opiniones se rigen de acuerdo con las normas más que al contexto político.
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