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La Corte Internacional de La Haya citó a Argentina y Uruguay para exponer, el 8 y 9 de junio, sus argumentos sobre el diferendo por las papeleras. Las audiencias, que se realizarán en Holanda, servirán al Tribunal para decidir si ordena paralizar la construcción de las plantas de Botnia y Ence, como una medida cautelar hasta tanto resuelva la cuestión de fondo. Los jueces deberán pronunciarse sobre el eventual freno a las obras antes del 29 de junio.
Fuentes de la Cancillería dijeron que el ministro Jorge Taiana definirá, tras reunirse con asesores, la delegación que expondrá sobre el tema. Los representantes deberán explicar (y ampliar) la denuncia que la Argentina presentó el pasado 4 de mayo, en la que advirtió que las plantas de celulosa de Fray Bentos son un peligro para el ambiente y la salud de los pobladores de la región. Los expositores serán escuchados por los quince jueces del Tribunal, reunidos en plenario.
La Argentina será la primera en hablar, el jueves 8 a las diez de la mañana. Tendrá tres horas. Tras un receso al mediodía, será el turno de que los uruguayos presenten su defensa, para lo que también contarán con tres horas.
El viernes iniciará otra vez la jornada la Argentina y luego hablará Uruguay. Las audiencias, de carácter público, podrán ser televisada en directo. Se realizarán en el Salón de Justicia del Palacio de la Paz en La Haya.
Para fundamentar la denuncia, la Cancillería porteña hizo hincapié en los siguientes puntos:
- La tecnología de las plantas, que es en sí misma contaminante.
- El tamaño: entre Botnia y Ence, producirán un millón y medio de toneladas de pasta de celulosa por año, en lo que será uno de los mayores emprendimientos del rubro en el mundo.
- El volumen de deshechos industriales que proyectan verter al río Uruguay.
- La proximidad con Gualeguaychú, ciudad de cien mil habitantes que vive del turismo y la producción agraria.
- El hecho de que ese tramo del río sea de producción pesquera.
Algunos puntos de lo que será la defensa de Uruguay fueron anticipados ayer en París por el embajador oriental Héctor Gros Espiell, quien representará a su país ante La Haya.
Según el diplomático, de 79 años, en este caso hay “dos aspectos sagrados”: el derecho al desarrollo de un pueblo y la preservación del medio ambiente. “Uruguay ha respetado ambos. Económica y socialmente, para mi país esta inversión significará un impulso económico y un paso adelante en la lucha contra la pobreza y el desempleo. Uruguay tiene derecho a desarrollarse”, dijo en declaraciones a la agencia AFP.
Por otra parte, Gros Espiell dio que Uruguay sostendrá que el reclamo argentino para que se paralicen las obras “no corresponde, basándose en la doctrina y jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia, concretamente en un caso de 1991 entre Finlandia contra Dinamarca. Creemos que estas obras no entrañan ningún peligro ni violan ningún derecho de forma irreversible. Además, sólo están empezando y la contaminación es imposible”.
El funcionario no descartó que Uruguay presente además una contrademanda por los bloqueos a los puentes internacionales de Gualeguaychú y Colón. Esto es algo que no alargaría el proceso judicial pero que obligaría a la CIJ a decidir tanto sobre la demanda argentina como la contrademanda uruguaya.
La Corte de La Haya es el órgano judicial de mayor rango de las Naciones Unidas. Ayer, al ponerles fecha a estas audiencias, el tribunal aceptó que tiene jurisdicción para resolver en el conflicto. Ese es el primer paso de un proceso cuyo segundo escalón será decidir sobre el pedido cautelar parapasar, finalmente, a la cuestión de fondo, lo que podría tomar entre tres y cinco años.
Lo que resuelva el Tribunal Internacional será de cumplimiento obligatorio, sin instancia de apelación.
La denuncia argentina contra la República Oriental es por la violación del Estatuto del Río Uruguay. Este tratado, que se firmó en 1975, establece que como el río es compartido, las decisiones que lo afecten también deben ser consensuadas. Sin embargo, Uruguay –sostuvo la demanda argentina– no cumplió con el proceso de consulta previo necesario para la instalación de las papeleras, autorizándolas de manera unilateral, mientras Buenos Aires hacía insistentes pedidos de información sobre su funcionamiento que nunca fueron satisfechos.
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