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La Justicia bloqueó por tres meses una capitalización de Aerolíneas Argentinas, que hubiera obligado al Estado a poner dinero en la empresa, so pena de disminuir aún más su magra participación. La medida, solicitada por los abogados estatales, fue dispuesta por tres meses, lapso en el cual la jueza Norma Di Noto debería expedirse sobre la validez de los balances empresarios que Planificación impugna sistemáticamente desde el primer ejercicio correspondiente a la gestión del grupo Air Comet-Marsans, el del año 2002. En el hipotético caso de que el tribunal avalara el accionar estatal, el concurso de la empresa podría devenir en una eventual “quiebra con continuidad”, en la que España tendría una responsabilidad ineludible. El dato no es ignorado por la administración de José Luis Rodríguez Zapatero y forma parte de las discusiones entre los gobiernos. Esta cuestión clave se dilucidará mientras en la Casa Rosada bosquejan posibles fórmulas que permitan retomar el control sobre la otrora línea de bandera.
El Estado impugnó judicialmente tres de los cuatro balances bajo la administración del actual controlante privado y se dispone a hacerlo con el del período 2005, con el argumento de que existen pasivos ficticios. Estos se habrían generado porque Marsans (que pertenece al grupo Air Comet) habría utilizado millonarios recursos que le transfirió la SEPI para cancelar deudas y desarrollar un plan industrial a la compra de pasivos concursales que ahora quedaron en sus manos, transformando al principal accionista de Aerolíneas en su principal acreedor.
Esta objetada maniobra se complementaría con otros dos movimientos dañinos, a juicio de los abogados públicos. Uno es el de transferir sospechosamente activos de ARSA (Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima), en la que el Estado tiene participación, a Austral Cielos del Sur, íntegramente privada. Otra es capitalizar los créditos subrogados, como se pretendió hacer en el último balance sometido a juicio de la asamblea empresaria. Según ese balance, los españoles capitalizarían a su favor más de 300 millones de pesos que, en realidad, corresponden al 40 por ciento de aquellos créditos concursales. Por esta vía, Marsans tendría acciones por el equivalente a 114 millones de dólares, que luego podría ofrecer en la Bolsa para eventualmente hacerse del líquido. Así cerraría un complejo círculo financiero: con dinero de la SEPI, compró deuda que luego convierte en activo tangible.
Más allá de los reparos que inspira el procedimiento, la realidad es que obliga al Estado nacional a aportar 2 millones de pesos para que no disminuya su participación, que hoy asciende al 1,34 por ciento. Aporte que funcionarios de Economía estaban dispuestos a hacer hasta que advirtieron la posible trampa: ese paso hubiera convalidado todo el accionar de la empresa, a la que los abogados argentinos acusaron en los tribunales locales de “apropiación de fondos públicos del Estado español”.
La puja con los administradores privados está complicada por las propias diferencias intestinas del Gobierno sobre cómo manejar el tema. La última asamblea de accionistas en la que, a instancias del accionista privado, se aprobaron los estados contables del 2004, capitalización incluida, terminó el 16 de noviembre pasado. El Estado disponía de tres meses para impugnar, algo que hizo extremando los cuidados para evitar eventuales “interferencias” en el juzgado.
La presentación estatal ingresó el 29 de diciembre y una copia quedó guardada en caja de seguridad. Después de la feria judicial de enero, transcurrirían diez días hábiles para que el escrito llegara a manos de Di Noto, justo cuando se vencía el plazo. Por entonces, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, terminó su visita a Buenos Aires con la tranquilidad de que la cuestión Aerolíneas se estaba encaminando, pero al llegar a Roma se enteró de que las cosas seguían complicadas. La certera jugada de los abogados argentinos se complementó con otras dos. El 13 de marzo se presentó en tribunales una ampliación de las impugnaciones, en la que también se destaca la coincidencia con la investigación que lleva a cabo en España el Tribunal de Cuentas, que puso bajo sospecha a la SEPI por consentir los presuntos desmanejos. Otro paso fue presentar una medida cautelar para que se impida la capitalización de aquellos créditos, contabilizados como aportes irrevocables.
Di Noto dispuso un no innovar por tres meses, alentando la estrategia oficial capitaneada por Julio De Vido, que debe sortear una dificultad de base. La misma jueza homologó tiempo atrás el acuerdo concursal donde el accionista privado votó como si fuera un acreedor y no el grupo controlante y dueño, algo que transgrede la legislación argentina. Esta especie de pecado original podría ser redimido cuando la jueza se expida sobre la cuestión de fondo, es decir, sobre los fundamentos de las impugnaciones estatales.
Si las avalara, entonces tallaría un informe producido por la sindicatura del concurso en el cual se identifica como principal responsable patrimonial de la situación al Estado español, que a través de la SEPI administró Aerolíneas Argentinas en los diez años previos a la cesión a Marsans. El texto fue suscripto por los síndicos y sus letrados, por una obligación que impone el artículo 39 de la ley de Quiebras. Es un pronunciamiento teórico, pero que tendría consecuencias legales, económicas y políticas fuertes si se forzara un derrumbe de la estrategia del accionista privado. Mientras, el Gobierno ensaya discretamente eventuales fórmulas que le permitan ganar control sobre la empresa si la crisis no se supera. Así habría surgido como hipótesis un esquema de sociedad mixta con control y gerenciamiento estatal, en el que tengan participación otros accionistas privados españoles y argentinos.
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