El país|Jueves, 10 de enero de 2002

Por Irina Hauser

El ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, fueron citados a indagatoria como sospechosos de dar el puntapié para la represión policial feroz de diciembre, preámbulo de la renuncia de Fernando de la Rúa. La jueza María Romilda Servini de Cubría los convocó para mediados de febrero, para que esta vez todo lo que digan sea bajo juramento. También serán indagados, desde este mes, una veintena de policías con cargos jerárquicos. Los fiscales de la causa volvieron a pedir que sea indagado el ex Presidente de la Alianza.
“Fueron órdenes verbales del jefe de la policía”, dijo ayer Daniel Fernández, titular de la comisaría 2ª, ante la jueza Servini de Cubría al explicar cómo funcionó el engranaje de la represión. Fernández es el primer policía indagado en el expediente, y fue el primero en ejecutar el 20 de diciembre la orden de “desalojar la Plaza de Mayo” que recibió por teléfono directamente de Santos. Mañana le toca presentarse al comisario Lucio Tirao, de la seccional 1ª.
En la investigación judicial se analiza la probable comisión de innumerables delitos: homicidio, lesiones, privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, traición a la patria, son sólo algunos. Los posibles responsables también serían muchos, en diferentes escalas. Por los elementos que se conocen hasta ahora, todo apunta a que Mathov habría dado la orden, y que Santos dio piedra libre a sus huestes para que hicieran lo que quisieran. “No quiero ningún ataque contra la Casa Rosada”, le dijo el ex titular de Seguridad al entonces jefe policial aquel jueves negro por la mañana, según estableció este diario. Los azules, en vez de poner un vallado que protegiera la sede de gobierno desataron una masacre descomunal, que se desplegó hasta el Congreso. Persiguieron a manifestantes que no hacían otra cosa que protestar pacíficamente, les tiraron gases, les arrojaron sus caballos, disparaban a todo lo que se les cruzara por el camino. Veinticinco personas fueron baleadas, jóvenes en su mayoría, y siete de ellas murieron.
Las primeras explicaciones de Santos ante la jueza no fueron nada felices. Prácticamente pretendió ignorar las muertes y dijo: “nuestros efectivos no dispararon. Los que tenían armas eran los manifestantes”. Las autopsias terminaron revelando que los orificios se correspondían con proyectiles de armas 9 milímetros, que son las que usa la Federal.
En febrero se verá si Mathov y Santos ratifican todo lo que dijeron en privado. Los fiscales federales Luis Comparatore y Patricio Evers, que tienen delegada parte de la instrucción de la causa, reiteraron ayer a la jueza la “imperiosa necesidad” de que también De la Rúa y el ex ministro del Interior Ramón Mestre sean interrogados. En la cartera que conducía Mestre se originaron las instrucciones, la orden de Mathov fue política.
Los fiscales añadieron, además, el pedido de indagatoria del comisario Norberto Gaudiero, quien como ex director de Operaciones de la Federal “se encontraba a cargo del operativo y estaba en la mesa de situación al momento de los hechos”. En el mismo texto señalan “la gravedad institucional que surge de las probanzas” con que cuentan, entre ellas videos televisivos, testimonios, autopsias y exámenes médicos.
En su resolución de ayer, Servini incluyó entre los llamados a indagatoria a varios policías entre los que figura Gaudiero. Además de los jefes de las comisarías 1ª y 2ª, convocó también a los de las seccionales 4ª y la 6ª; interrogará a quienes eran jefes de las circunscripciones 1ª, 2ª, 3ª, 6ª y 7ª; a los ex directores de comisarías de la zona Norte, de la zona Sur y de la Superintendencia Metropolitana; y al entonces jefe de Operaciones federales. Servini incluso tiene previsto indagar a los policías que van siendo individualizados en los videos comprometidos “en hechos donde hay muertos y heridos”, señalaron allegados al juzgado. “A De la Rúa y Mestre, ya les llegará el turno de declarar”, agregaron.
Una de las principales hipótesis que trata de constatar la magistrada es si hubo un plan para reprimir y matar. Servini pide cautela: “hay que tener en cuenta que actuaron las áreas de Bomberos, Jurídicos, Comunicaciones, el cuerpo de Operaciones Federales, distintas comisarías y brigadas. Todavía no podemos aseverar que hubo una orden, una organización en los hechos”, señaló a Página/12. Los peritajes, no obstante, agregan otros datos significativos: ninguna de las víctimas del 20 de diciembre portaban armas, los disparos a las 25 personas que aparecieron heridas y muertas fueron hechos entre las 15.30 y las 16.45. Los disparos fueron a quemarropa y apuntaron a zonas vitales del cuerpo como el corazón y los pulmones.

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