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“¡La Corte!”, anunció el maestro de ceremonias, vestido de frac, con moño blanco, y se hizo silencio. Abrió una puerta pequeña en el ala izquierda del salón y empezaron a salir en fila los jueces de la Corte Internacional de Justicia, con su toga negra. La primera audiencia pública en La Haya por las papeleras amagó con quedarse en discurso técnico, pero con el correr de las horas se acentuaron los reproches políticos. Argentina acusó a Uruguay de “quebrar la confianza” en los acuerdos establecidos y dijo que el daño que provocarán las pasteras sobre el río fronterizo no sólo será irreparable para el medio ambiente, sino que ya se está produciendo al afectar actividades económicas de la zona como el turismo. Por eso la delegación les pidió a los jueces que frenaran las obras de Botnia y Ence “antes que sea tarde”. Uruguay dio una respuesta en duros términos. El embajador Héctor Gros Espiell dijo que su país “no tiene corrupción” y que podrían verse privados de la inversión más grande de su historia. Señaló que Argentina no tiene pruebas, que las papeleras “competen a su propio territorio”.
En el Palacio de la Paz no hubo protestas ecologistas, pancartas ni alguna reina del Carnaval capaces de desafiar la solemnidad del acontecimiento. Sorteadas las formalidades burocráticas, la presidenta de la Corte, la inglesa Rosalyn Higgins, invitó a exponer a la embajadora Susana Ruiz Cerutti, que se acomodó frente al atril, de cara a los jueces, y dijo: “Lamento estar por primera vez en La Haya contra Uruguay, vecinos y hermanos”. El quid de la cuestión, planteó, es que “violó el Estatuto del Río Uruguay, de 1975” al no consultar a la Argentina sobre las pasteras y no brindar los datos suficientes para conocer su impacto.
Ruiz Cerutti dio un pantallazo sobre el fallido proceso de negociación con el gobierno uruguayo, al que criticó por decir una cosa y hacer otra. “Autorizó a Ence a construir una planta en 2003, cuando el presidente aseguraba que nada se haría sin diálogo”, ejemplificó. Para cerrar, aludió al encuentro de Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez en Chile, en marzo de este año, donde anunciaron juntos un acuerdo para detener las obras por tres meses, pero a los pocos días, ante la negativa de Botnia, Uruguay cambió de postura.
Durante los alegatos los jueces no hicieron preguntas. Faltaron con aviso dos de los quince, el chino Shi Jiuyong y el eslovaco Peter Tomka. Al no estar en el debate, no votarán en la decisión sobre la medida cautelar que pide Argentina, que se resolvería el mes que viene. En el público había desde estudiantes hasta expertos en derecho ambiental y, mezclados entre ellos, representantes de Botnia y Ence, entregados a seguir el pleito bien de cerca y marcarle el paso a Uruguay.
“Las dos plantas de celulosa verterán en el río el equivalente en agua contaminada a dos mil Empire State”, sorprendió Romina Picolotti, una abogada joven que representa a Entre Ríos, a quien le tocó entrar en los detalles escabrosos de la polución. “La magnitud del daño está relacionada con la ubicación de las plantas, una elección que Uruguay nunca justificó”, agregó. Marcó la cercanía con Gualeguaychú, que vive del turismo, la agricultura y la pesca. Mostró fotos de sus playas y de cómo se verían las chimeneas en el paisaje. Recordó que el blanqueo de la pasta de celulosa no sólo genera mal olor, utiliza dioxinas y furanos, que según la Organización Mundial de la Salud, indicó, “producen cáncer, trastornos endocrinos, inmunológicos y cardiovasculares”. En los bebés “pueden afectar el desarrollo neurológico”. “Son daños irreversibles” y comprometen “los derechos humanos”, sentenció.
La vedette entre los abogados extranjeros fue Philippe Sands, un especialista inglés en derecho ambiental socio de la esposa del premier Tony Blair. “El cirujano jurídico”, lo bautizaron en la delegación. Sands despuntó la ironía, con un ostensible manejo de los códigos del tribunal. Vestido con toga y peluca, explicó toda la ingeniería del Tratado del Río Uruguay, firmado para regular el uso y la preservación de las aguas comunes. Refrescó, mirando fijo a la delegación uruguaya, que la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial) condicionó créditos para las empresas a la ampliación de la información y se preguntó: si la Corte no dicta una media cautelar para preservar los derechos, ¿qué puede esperar Argentina para la próxima?”
Los juristas internacionales se mostraron lanzados a las reflexiones políticas. Laurence Boisson, una suiza, alta y espigada, responsabilizó a Uruguay de “quebrar la confianza” luego de los acuerdos. “Confianza y transparencia son clave de la cooperación”, dijo. Aseguró, en otro orden, que la Dirección de Medio Ambiente uruguaya reconoció el daño posible. Alain Pellet, de la Universidad de París, con toga blanca y apliques rojos, sostuvo: “No es necesario que el daño haya ocurrido, basta con ver el riesgo” para dictar una medida cautelar, una herramienta que, además, evitaría que avanzara el conflicto. “Es claro que la actividades productivas, la fauna acuática y terrestre no se podrán reparar. Cuando el daño haya ocurrido, será demasiado tarde”, afirmó.
Marcelo Kohen, argentino radicado en Suiza, advirtió que “cuando Uruguay habla de soberanía”, para reafirmar las obras de Botnia y Ence, “está violando el Estatuto del Río Uruguay”, que dispone decisiones compartidas. Esa observación no le hizo mella al jefe de la delegación uruguaya, Gros Espiell, que reivindicó “el derecho de Uruguay a construir en su propio territorio”. El embajador en París alertó que “suspender las obras” de las papeleras “sería un acto de gravedad que afectaría el desarrollo económico” de su país. “Se nos respeta porque no tenemos corrupción”, dijo, haciéndose eco de alguna sospecha tácita. “Los cortes de ruta ya causaron daños enormes”, pasó factura. Replicó a los argentinos que “Uruguay vive una realidad de derechos humanos” y que está de por sí obligado a cuidar el medio ambiente porque sus propias leyes se lo exigen. A esta altura ya eran cerca de las cuatro de la tarde. La audiencia levantó temperatura cuando Alan Boyle, de la Universidad de Edimburgo, empezó con ironías hacia las pretty pictures (bonitas fotos), un comentario que sonó dedicado a Picolotti, que mostró un atardecer en Gualeguaychú “al que la BBC describió como el más lindo del mundo”, recordó. Boyle, que también usó peluca con rizos, aseguró que “Argentina no puede demostrar el riesgo irreparable e inminente” y que está “invitada a monitorear en conjunto las aguas y las obras”, una propuesta que ya fue rechazada por basarse en los hechos consumados. Aseguró que la tecnología aplicada elimina las sustancias contaminantes. Socarrón, añadió que el tratado del río fronterizo “sólo habla de aguas, no del aire ni los olores”. Para él, además, Argentina hizo una lectura parcial del informe de la CFI.
El italiano Luiggi Condorelli puso en duda que la Corte Internacional sea competente en este pleito. “Uruguay cumplió todas las obligaciones”, se empacó. Para cerrar una larga jornada, donde cada parte habló tres horas casi sin respiro, el abogado norteamericano Paul Reichler se subió al tono provocador y dijo que los ex cancilleres Didier Operti y Rafael Bielsa se reunieron a instancias de Kirchner y Jorge Batlle y acordaron la construcción de las plantas. Y comparó: “Argentina tiene diez plantas de celulosa, tres con tecnología obsoleta”. “Si se suspenden las obras, las plantas nunca se harán y se perderá la inversión”, se quejó.
La pulseada más fuerte será hoy, cuando ambos equipos hagan sus contrarréplicas mientras, a pocos kilómetros, esté empezando el Mundial.
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