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El país|Sábado, 10 de junio de 2006
UNA PERICIA PSICOLOGICA ASIMILA AL CURA A LOS “DELINCUENTES SEXUALES”

La prueba que Grassi quiso ocultar

En la causa por abuso en El Calafate, los peritos concluyeron que el sacerdote tiene indicadores psíquicos similares a las “personas que han cometido un delito sexual”. En Morón, Grassi logró no ser periciado. Carlotto pidió que esa prueba se incorpore en el caso de Felices los Niños.

Por Miguel Jorquera
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Julio César Grassi, a la salida de los tribunales en una de las veces que se negó a las pericias.

“Analizando los resultados obtenidos a través de las pruebas efectuadas, se obtuvieron indicadores similares del perfil psicológico que poseen los delincuentes sexuales.” Esta es una de las conclusiones de la pericia psicológica realizada a Julio César Grassi el 23 de agosto del año pasado. Sin embargo, el elemento de prueba no será parte del juicio oral y público en el que se juzgará al sacerdote por “abuso deshonesto y perversión de menores”. Estos delitos los habría cometido contra dos chicos de la Fundación Felices los Niños, lo que implica que, en caso de ser condenado, la pena se agravaría por su condición de guarda de los menores. La pericia fue realizada por orden de la Justicia de Santa Cruz, donde se instruye otra causa contra el cura por los mismos delitos. Pero ese expediente –que incluye la pericia psicológica– fue desechado por el Tribunal Oral 4 de Morón que debe juzgarlo y por los propios fiscales que deben fundamentar la acusación, a pedido de los defensores de Grassi.

“A modo de conclusión hacemos referencia a indicadores conductuales que han sido valorados empíricamente a través de instrumentos psicométricos donde muchas de las características comportamentales descriptas en el mencionado en autos (Julio César Grassi) están presentes en personas que han cometido un delito sexual”, dice la pericia firmada por Susana Mendoza (médico psiquiatra), el licenciado Gastón Lucas Mendicoa (psicólogo del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz) y el doctor Sergio Bonotto (especialista en psiquiatría y psicología médica).

La pericia fue requerida por el juzgado de Instrucción Nº 1 de Santa Cruz, a cargo del juez Santiago Lozada, para el expediente 37.306/2003 que instruye su juzgado. El mismo que se inició en forma paralela a la causa que se tramita en Morón, tras la publicación del informe de Telenoche Investiga. Aunque cada uno siguió su curso por separado, los hechos que sucedieron en El Calafate fueron parte del programa periodístico y del proceso de instrucción que se llevó adelante en la justicia de Morón.

La defensa de Grassi –que ya conocía los resultados de la pericia– logró en la audiencia preliminar realizada el 22 de febrero de este año que todo el expediente de El Calafate fuera marginado del juicio que se ventilará en los Tribunales de Morón. Más preocupados por el problema de “competencia” que de valoración de la prueba que había formado parte de la acusación contra el sacerdote, tanto el tribunal como la fiscalía de juicio accedieron a la demanda que efectuó la numerosa y costosa defensa del cura.

Esta fue uno de las preocupaciones que la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto –en su condición de presidente del Comité Argentino de Defensa de los Derechos de la Niñez– junto al abogado Juan Pablo Gallego, llevaron el martes hasta el despacho de la Procuradora General bonaerense María del Carmen Falbo. Y que hicieron público ayer.

Ambos le señalaron a Falbo las numerosas “irregularidades” que a su juicio cometen el tribunal y la fiscalía “favoreciendo al acusado y desprotegiendo a las víctimas”.

La extensa batería de test a la que fue sometido Grassi determinaron un perfil psicológico que pone en apremios su defensa. ¿Por qué Grassi aceptó realizarse las pericias en Santa Cruz y se negó en cinco oportunidades a que se la efectuaran en Morón? Quienes siguen la causa de cerca afirman que el cura “se sometió a un intenso entrenamiento con el especialista Mariano Castex y Cabello para superar la prueba en caso que fuera obligado a realizarla. Por eso aceptaron, a modo de ensayo y lejos de la mirada periodística, realizarlas en la causa de El Calafate”, admitió una alta fuente judicial de los propios tribunales de Morón a Página/12.

Las conclusiones de los profesionales santacruceños también parecen avalar esta afirmación. “El marcado aumento de dichas escalas (compulsiva, dependiente e histeriforma) indica que intenta resolver estos sentimientos sobradaptándose. Su comportamiento permite neutralizar socialmente sus verdaderos sentimientos agresivos, al mismo tiempo que expresa emociones contrarias a las sentidas. Estas características deben ser consideradas como estrategias que ha desarrollado para contener los impulsos socialmente prohibidos, además de manifestar una fachada socialmente atractiva”, concluyen los peritos.

La prueba también avanza sobre otros aspectos de la personalidad de Grassi: “Aumento de las escalas de narcicismo e histérico. Control excesivo intelectual sobre aspectos pulsionales sexuales. Derivación al cuerpo de los conflictos psíquicos. Su propia imagen no parece basarse en experiencias reales, sino en fantasías, sesgos y parcializaciones. Se trata de un signo de inmadurez. Perturbación en el funcionamiento del ego. Test de la pareja: indicadores de infantilismo y oralidad”, dice el informe incorporado al expediente.

Tal como adelantó Página/12 ayer, la causa de Santa Cruz avanzó mucho más rápido que la defensa de Grassi hubiera deseado. Por eso propuso que la causa de El Calafate fuera descartada como elemento a ventilar en el debate oral y público que comienza el 5 de julio en Morón, si es que no avanzan las denuncias y apelaciones presentadas por Gallego y la investigación que la Suprema Corte de Justicia de provincia inició a los integrantes del Tribunal Oral 4. Ya están en manos de los investigadores judiciales las declaraciones de, por lo menos, dos miembros del propio Tribunal que reconocieron que su presidente, Pedro Rodríguez, “ordenó que le impidan el ingreso al abogado Juan Pablo Gallego a la audiencia preliminar del 22 de febrero” a pesar que la misma tiene carácter de “pública”. Una determinación que los miembros reforzaron cuando declararon que “Gallego no tiene nada que ver con la causa”.

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