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A veces el detalle más evidente de la crónica explica mejor el fondo de la cuestión que un análisis muy sesudo. Que Argentina y Uruguay estén dirimiendo sus cuitas en La Haya, en inglés, ante jueces togados, en un conjunto (que aun en lo edilicio) derrocha europeísmo y no cosmopolitismo es una confesión de un frustrante fracaso político. La judicialización es, de ordinario, una consecuencia de la impericia de los protagonistas. El contencioso con Uruguay no es la excepción a esa regla.
Jugando ambos equipos de visitante, Argentina tiene menos perspectivas de “éxito” en la instancia que se articuló el jueves y el viernes. En Cancillería y la Rosada se celebra, con razón, el buen despliegue técnico de la delegación respectiva. Pero, debajo del agua, nadie cree que se tengan, siquiera, la mitad de las posibilidades de lograr la medida cautelar que paralizaría las obras. Casi todos los precedentes se fallaron de otro modo, en una Corte que no cambia bruscamente sus pareceres.
Tal como informó ayer este diario, la expectativa mayor finca en conseguir alguna intervención del tribunal que, de carambola, posibilite reabrir las negociaciones. “La Corte puede ordenar el equivalente a ‘una medida para mejor proveer’, por ejemplo, una pericia o una inspección”, se ilusiona un conspicuo ocupante del Palacio San Martín. El Plan A (obtener la medida cautelar) es considerado improbable. El B apela a la creatividad de los cortesanos de La Haya.
Los funcionarios argentinos dan por hecho que la decisión se producirá el 20 de julio, pero algunos de sus asesores más avezados advierten que la Corte es muy propensa a dilatar sus plazos procesales. En cualquier supuesto, sería deseable que el gobierno nacional y el provincial fueran imaginando qué hacer en el supuesto de revés y aun en el de una victoria. Esta sería pírrica, por decir lo menos, si no incluyera tras cartón una mano tendida al Uruguay para encontrar una solución que no fuera una derrota en toda la línea del gobierno de Tabaré Vázquez.
Claro, quizás en la victoria se pueda ser, así más no sea en los gestos, magnánimo. También es imprescindible que la dirigencia argentina prevea cursos de acción si La Haya deniega su primera petición. Ese curso de acción debería incluir alguna advertencia a la población, a la que sólo se viene excitando mediante un mensaje triunfalista distante de la realidad y muy huero de previsión.
Un factor especialmente irritativo es el gobernador Jorge Busti, cuya intransigencia irresponsable sería de temer en un virtual escenario de frustración. Las acciones de Busti en la Rosada han crecido en estos meses, pari passu con su penosa conducta. A fines del año pasado, los operadores de Néstor Kirchner tenían un haz de candidatos “más confiables” para desplazarlo en las elecciones a gobernador de 2007. Ahora, las encuestas que maneja Alberto Fernández le asignan a Busti una alta intención de voto. Y, ya se sabe, los sondeos son un macizo puente de plata entre la vieja política y el pluralismo de nuevo cuño. Fortalecido y sin el menor atisbo de una visión de estadista, habrá que ver qué hace o dice Busti si el tribunal (dentro de sus facultades y dentro de lo factible) deniega la medida de no innovar. Nadie puede pedir que se acuda a un Tribunal y se anticipe en público que el resultado más previsible es adverso. Encontrarle la vuelta a ese desafío no es simple. Pero así son los problemas de los hombres de gobierno, cuando se hacen responsables de sus actos y de sus proyecciones históricas.
Cualquiera puede coquetear con el lujo de plegarse a “la gente”, sin darle un cauce u orientarla con un discurso racional provisto de una mirada a mediano plazo que las personas del común no están obligadas a tener. Pero distraerse puede tener sus costos. Por ejemplo, protagonizar uno de los momentos más patéticos de la historia compartida, disputando cuestiones de convivencia a miles de kilómetros de la que se supone es patria común, hablando en una lengua que no es la que (entre otras tantas cosas) tenemos en común.
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