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La Legislatura de La Rioja suspendió ayer al juez penal de Aimogasta, Ramón Bazán, y dispuso el inicio de un juicio político en su contra, en respuesta a las acusaciones por mal desempeño en sus funciones y por permitir que la policía torture a detenidos, entre otros cargos. Bazán fue denunciado por algunos ciudadanos de Aimogasta que “le están perdiendo el miedo a la policía”, le dijo a Página/12 el fiscal Orlando Gómez, cuyo testimonio resultó fundamental para el avance del juicio político.
“En estos últimos cinco años he promovido al menos 20 denuncias de abuso policial, torturas y detenciones ilegales. Bazán nunca hacía nada, y claro, esta actitud empezó a ser sospechosa”, dijo Gómez, para quien el accionar represivo de la policía de Aimogasta responde a “un problema de formación”. Aimogasta es la ciudad más importante del departamento de Arauco y está ubicada a 115 kilómetros de La Rioja. Cuenta con una población de aproximadamente 12 mil habitantes y se destaca por ser la “Capital Nacional de la Oliva”.
El juez Bazán también está acusado de sostener presuntas vinculaciones políticas con el poder político local; la sumatoria de cargos derivó en la decisión de la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de promover el inicio de la investigación, y por lo que suspendió a Bazán en el ejercicio de su cargo. La comisión investigadora que sigue este caso determinó que del testimonio del fiscal Gómez surgieron “hechos de suma gravedad” atribuidos al juez Bazán, que “constituyen mal desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y delitos comunes”.
De la declaración de Gómez surgió que, desde 1998 hasta la fecha, el juez Bazán tomó conocimiento de varios hechos delictivos de suma gravedad por los que el agente fiscal promovió acción penal y el juez “no actuó conforme a derecho y tampoco tomó medidas tendiente a esclarecer los hechos”, informaron fuentes judiciales. El juez no actuó en hechos relacionados con torturas, abuso de autoridad y apremios ilegales cometidos por funcionarios policiales contra ciudadanos detenidos por distintas causas tramitadas en su juzgado. Ante esas denuncias, el fiscal Gómez promovió acciones penales que el juez Bazán ignoró, incumpliendo con los deberes legales a su cargo, es decir, instruir a las partes para llevar adelante el proceso, a fin de lograr su esclarecimiento y sancionar a los responsables.
El pedido de juicio político empezó el pasado 20 de abril, cuando dos habitantes de Aimogasta, Daniel Alberto Núñez y Julia César Díaz, denunciaron por mal desempeño a Bazán, que tiene jurisdicción sobre los departamentos de Arauco, Castro Barros y San Blas de los Sauces. Además de estar acusado de encubrir a la policía, los legisladores también investigan la causa por la cual Bazán ordenó el allanamiento (sin previa investigación) de un inmueble donde funciona la sucursal local del Correo Argentino, siendo además competencia de la Justicia federal. También se lo acusa del presunto uso particular de varios vehículos secuestrados en causas judiciales.
Informe: Emilio Ruchansky.
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