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El país|Viernes, 14 de julio de 2006
POR “ADMINISTRACION INFIEL” DE TANDANOR

Sup-Erman quedó procesado

El juez federal Claudio Bonadío procesó al ex ministro de Defensa Erman González, al empresario Eduardo Andrés Tesorieri, al ex interventor de Tandanor Roberto Taddía y a Juan Alvarez de Toledo como presuntos autores del delito de defraudación al Estado “por administración infiel” durante la privatización de Astilleros Tandanor, que en 1991 era la principal empresa naval del país. El juez también les impuso embargos por 120 millones de pesos a estos cuatro acusados.

Aunque benefició con falta de mérito a ocho sospechosos –entre ellos a Oscar Camilión, otro ex ministro menemista– la resolución de 450 carillas presentada ayer por Bonadío impulsó el procesamiento de una decena de imputados que también serán embargados, los montos van desde 25 hasta 60 millones de pesos, por haber sido partícipes de “la maniobra, que incluía un negocio inmobiliario millonario, ya que se pretendía rezonificar la Planta I de Tandanor, situada en un área estratégica del desarrollo de Puerto Madero”, comentó una fuente del caso, del que el Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré, es querellante. La empresa estatal Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) fue adjudicada al consorcio integrado por el Banco Holandés Unido, Compañía Argentina de Transportes Marítimos SA y Brisard Sud Marine SA y la venta se concretó el 30 de diciembre de 1991 a través de González, entonces ministro de Defensa del gobierno de Carlos Menem.

El perjuicio al Estado Nacional superaría los 70 millones de dólares, porque el comprador incumplió sus obligaciones y, además, precipitó la quiebra del astillero. Según la denuncia que originó la investigación penal, “operado el vencimiento de las primeras obligaciones a cargo del consorcio adquirente y ante las intimaciones de pago y posterior promoción de acciones judiciales, las sociedades deudoras comenzaron a articular planteos maliciosos, tanto por vía administrativa como judicial, tendientes a enervar el derecho a cobro del Estado Nacional”.

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