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Contra lo que podría suponerse, el gobierno argentino no se siente presionado a reanudar seriamente las negociaciones con Uruguay tras el lapidario fallo en contra de la Corte de La Haya. El eje de la táctica oficial, en lo inmediato, será complicarles la vida a las empresas pasteras dejando en claro que seguirá litigando contra la instalación de las plantas y tratando de acelerar la sentencia definitiva de la Corte. La idea es que la firmeza argentina y la persistencia de un contradictorio (que, imagina el Gobierno, se resolverá mucho más rápido de lo imaginable) irán minando el interés de financistas o inversores en las plantas. Se trata de un camino discutible pero nadie puede decir que es clandestino, pues es el que señalaron en exposiciones públicas la secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti al ratito de conocerse la sentencia y Néstor Kirchner ayer.
La actitud sobria del gobierno uruguayo, según sus contrapartes argentinas, no revela un cambio importante de actitud sino la intención de renegociar desde una posición de fuerza, sin realizar concesión alguna. Los funcionarios, otrora dedicados a las interruptas tratativas, pontifican que lo mejor es seguir con el pressing financiero.
“¿Qué se podría arreglar ahora?”, interroga, claramente retórico, un paladín de Cancillería.
–La relocalización de Ence y un nuevo modo de tratamiento de los efluentes en Botnia –aventura veloz este diario sabiendo que su voluntarismo no colará en el relato preconcebido de su interlocutor.
“¿Usted cree que los vecinos de Gualeguaychú aceptarían mansamente que nos sentáramos a debatir durante meses en esos términos y que en julio, agosto o septiembre de 2007, Botnia empezara las pruebas de producción?”, replica, se aterra, el alto funcionario. En octubre de 2007, el lector lo sabe, hay elecciones de autoridades municipales, provinciales y nacionales, incluido el Presidente de la Nación.
Un diez para Romina
Los movimientos oficiales no le sacan el ojo de encima a los sensibilizados e hiperdemandantes asambleístas. Picolotti, su emergente, dejó conformes a los habitantes de la Casa Rosada. “Taiana le ofreció ir a La Haya pero ella le contestó que quería estar en Gualeguaychú cuando se conociera la sentencia. Así fue y se desempeñó de modo brillante”, comenta Alberto Fernández a gentes de su confianza. La calificación sobresaliente pondera los aportes de Picolotti a la postura y oficial y el arte de sofrenar a los vecinos más encabritados, los que promueven volver a los cortes de ruta, modo de protesta que el Gobierno (dicen sus portavoces) quiere evitar.
Otro aliado, menos esperable, que computa el Gobierno es la nueva cúpula de la empresa Ence. Funcionarios muy empinados del Gobierno dialogaron con su cúpula en España y atestiguan que las autoridades entrantes están de punta con el gobierno uruguayo. “Ence pactó antes que Botnia, firmó un acuerdo sin otra planta a la vista y le metieron una a pocos metros, con un entuerto enorme como premio”, se enardece por cuenta de otros un ministro argentino. Ence tendría, dicen en Balcarce 50, buena voluntad para relocalizar su planta, cuya construcción está frenada, pero los uruguayos no darían el brazo a torcer, ni aún en esa parte. “¿Y si cejaran?”, insiste Página/12. “No alcanzaría”, se empacan a metros del despacho de Kirchner.
Interpretación en cadena
El Gobierno unificó discurso con relación al fallo: una interpretación optimista, difícil de compartir. Sobrevalora algunos enunciados generales respecto del medio ambiente o de la obligación de respetar los tratados, que no podían faltar y nada adelantan acerca de la sentencia final. Los exégetas oficiales suman entusiasmo porque el Tribunal negó condición de “hecho consumado” al avance de las plantas, para el caso de comprobarse que éstas contaminan. Es un punto razonable para Argentina pero está supeditado a demostrar algo que, por ahora, el Tribunal no consideró acreditado. “Argentina no ha probado que las construcciones podrían causar un perjuicio irreparable al río Uruguay”, expresó la Corte, en un párrafo nada estimulante para la posición del gobierno nacional.
Los operadores oficiales prefieren subrayar que el rechazo de una medida cautelar no obsta a la promoción de otras, fundadas en hechos o en pruebas nuevas. Cuesta creer que esa tenacidad, sin duda orientada a impactar la sensibilidad de los inversores, consiga coronar en otra medida de no innovar acogida por la Corte.
Otro puntal de la tozudez del Gobierno es la predicción de que eso llegaría en un lapso mucho más breve que los que acostumbra tomarse la Corte. El acortamiento se infiere de algunos gestos dinámicos del Tribunal, como el de fijar nueva audiencia con asombrosa premura. La inferencia, referida a conductas futuras de jueces que no suelen dar a conocer sus propósitos, no puede desecharse por imposible, pero iría contra las tradiciones y precedentes conocidos.
Si la sentencia llegara (como intuyen varios funcionarios) en un plazo aproximado de un año y medio, el escenario sería radicalmente distinto. Sobre todo si ganara Argentina, un albur que en esta orilla del río se da por hecho.
Una verdad básica que ningún abogado debería ocultar a su representado es que un litigante, en principio, tiene el cincuenta por ciento de las chances para alzarse con la victoria. Y que ningún tropiezo parcial es definitivo pero tampoco irrisorio. Sin embargo el Gobierno, en línea con la levantisca asamblea de Gualeguaychú, hace visajes de estar a la ofensiva. Puede que sea una gestualidad análoga a la del boxeador que duplica su movilidad para demostrar que no está sentido por un golpe. Puede, también, que Kirchner (a quien le encanta sorprender) se guarde un acercamiento a Tabaré Vázquez en la Cumbre del Mercosur de Córdoba. Esas son especulaciones o circunstancias futuras, abiertas en suma. Lo visible, sujeto a prueba en contrario, es que tras perder 14 a 1, dobla la apuesta. Financistas, abstenerse.
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