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Treinta y tres policías bonaerenses fueron separados de la fuerza por ser violentos en sus hogares. La medida es inédita. “Un agente que opta por la violencia como medio de solucionar los conflictos familiares pone en serio cuestionamiento su capacidad de respuesta frente a situaciones similares”, justificó la determinación el auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia, Adolfo Naldini, el hombre del cual dependen las purgas policiales. Especialistas en género evaluaron la resolución como una señal positiva. “Históricamente, las fuerzas de seguridad apañaron al hombre violento”, señaló la abogada Leonor Vain.
Desde que se inició la gestión del ministro León Arslanian, poco más de un millar de efectivos fueron separados de la Policía Bonaerense por distintos motivos, entre otros, hechos de corrupción dentro de la fuerza, y también por denuncias de violencia familiar en el seno de sus hogares. “Las normativas especiales que se dictaron en el último tiempo han exigido que los agentes mantengan tanto en la vida pública como en la privada el decoro que le corresponde al estado policial”, explicó Naldini, en diálogo con Página/12. Las estadísticas de Asuntos Internos revelan que desde octubre del 2004, cuando se creó ese organismo en el ámbito del Ministerio de Seguridad, fueron sancionados por violencia familiar 33 agentes; de ellos, 9 resultaron cesanteados y 24 exonerados. En ambos casos, el uniformado no recibe indemnización por el despido porque se considera que ha sido echado con causa justa. Tampoco puede ser reincorporado a la Policía Bonaerense ni ejercer otro cargo público. Pero puede pedir la rehabilitación para volver a la función pública (con excepción de la misma fuerza de seguridad). El mismo organismo que lo sancionó tiene la facultad de concederle este beneficio o negárselo. La diferencia entre cesanteado y exonerado radica precisamente en el tiempo que debe esperar el sancionado para pedir esta opción. El cesanteado debe dejar pasar al menos un año y, si se le niega, debe esperar otros dos más para volver a pedirla. El exonerado, en cambio, tiene que esperar dos años para la primera solicitud y cinco para una segunda. En la Auditoría de Asuntos Internos no se conoce ningún caso hasta el momento en el que se haya pedido la rehabilitación.
Aunque el número de expulsiones por hechos de violencia doméstica no resulta significativo si se tiene en cuenta que hay 48 mil policías en la Bonaerense, marca una decisión política con respecto a los uniformados golpeadores en sus hogares. “Muchas mujeres de policías me han dicho: ‘Para qué voy a hacer la denuncia si ni siquiera me la toman en la comisaría’. Cualquier medida que signifique repudio y condena social a un hombre violento es bienvenida, se exprese como se exprese”, opinó la abogada Leonor Vain, especialista en Derecho de Familia y Derecho de Mujeres (ver aparte).
El problema de la violencia doméstica no es menor en familias de uniformados. La experiencia de las ONG que trabajan en el tema muestra que un alto porcentaje de mujeres víctimas de malos tratos tienen como victimarios a policías. “Son los más violentos y las mujeres viven aterradas por el miedo que les genera el hecho de que pertenezcan a una fuerza de seguridad”, apuntó María Luisa Storani, del Cedem-Centro de la Mujer de San Fernando. A unas veinte cuadras de la sede del Cedem, hace unos seis años se levantó en la localidad de Virreyes un barrio construido por una cooperativa policial, conocido como el barrio de las Mil Viviendas. A poco de mudarse las familias de uniformados, un hecho conmocionó al lugar: un agente mató a su mujer al arrojarla por el balcón del departamento en el que vivían. “De ese barrio recibimos muchos casos de mujeres de policías con problemas de violencia doméstica. Es tal el terror que les tienen que muchas veces piden ayuda cuando pudieron irse de la casa. Ellos les dicen que si los denuncian va a ser todo peor, queellos se van a enterar porque les van a avisar de la comisaría”, detalló Storani a Página/12.
En la línea gratuita de ayuda a víctimas de violencia familiar del gobierno provincial –0-800-666-5065– reciben casi diariamente un llamado de la pareja de un policía bonaerense, según reveló a este diario una operadora del servicio (ver aparte).
La situación de violencia familiar suele ser muy riesgosa para las esposas o concubinas de policías por el hecho de que los uniformados portan hasta en sus casas el arma reglamentaria, la que muchas veces usan para amenazar –herir o matar, en el peor de los casos– a sus parejas, ex parejas o hijos.
Como el ex sargento Gerardo Javier G. (este diario se reserva la identidad de los acusados para proteger a las víctimas), que se desempeñaba en La Matanza. Según consta en su legajo, el 19 de julio de 2005 tuvo una discusión en su casa y amenazó de muerte con la pistola 9 milímetros a su concubina, a sus tres hijos y a su suegra. La esposa relató que G. estaba tomando vino y a medida que tomaba la iba insultando un poco más. Cuando ella se fue a dormir, el sargento le tiró un televisor en sus piernas y después puso el arma sobre la mesa familiar y le dijo: “Acá va a correr sangre”. Posteriormente amenazó a los demás miembros de la familia. G. fue denunciado penalmente, la causa judicial se encuentra elevada a juicio. Por resolución del ministro Arslanian, fue cesanteado.
También resultó cesanteado el ex teniente Rubén Darío M. Cumplía funciones en la comisaría del partido de General Laprida. En el marco de una relación violenta, que incluía maltrato físico y psicológico contra su pareja e hijo, cuando ambos se encontraban ausentes de su casa le prendió fuego a parte de la vivienda y ocasionó destrozos, particularmente en electrodomésticos, vajilla y muebles, de acuerdo con el expediente archivado en el Ministerio de Seguridad.
Entre los exonerados figura el ex subteniente Julio César L.M., de la División Custodia y Traslado de Detenidos de la Delegación San Isidro. Recibió la sanción máxima luego de que se comprobara que el 27 de febrero de 2005, en el marco de una discusión familiar, golpeó a su hijo de 19 años y le efectuó disparos a los pies con el arma reglamentaria, sin herirlo.
Otro exonerado fue el ex oficial principal Roberto Paulino S. Trabajaba en la comisaría 1ª de Lanús. Había sido excluido de su hogar por una medida precautoria dictada por la Justicia civil. No obstante, forzó la puerta de acceso a la casa de su ex esposa e hijo y agredió físicamente a la mujer. Cuando llegó al lugar el novio de ella, lo amenazó con el arma apuntándole a la cabeza y efectuó disparos que terminaron con la vida del perro que lo acompañaba. Otro día, S. se presentó en la remisería donde trabajaba la pareja de su ex esposa (y ella también) y volvió a amenazarlo, esta vez con la 9 milímetros y con una escopeta.
Las mujeres de policías bonaerenses pueden dar cuenta de que sus parejas son violentas a través de los distintos canales habilitados por el Ministerio de Seguridad para denunciar cualquier conducta irregular de parte de miembros de la fuerza. Las vías son el 0-800-999-8358, la dirección de correo electrónico denuncia [email protected] y en la misma Auditoría General de Asuntos Internos (calle 51 Nº 779 entre 10 y 177, La Plata). Los auditores también pueden tomar conocimiento de que alguno de los miembros de la Bonaerense fue denunciado en la Justicia por violencia doméstica e investigarlo. En todos los casos, en Asuntos Internos se realiza una pesquisa paralela a la que pueda tramitar en los tribunales para determinar los alcances de las denuncias.
“Cuando la Auditoría General de Asuntos Internos aplica sanciones expulsivas, la falta disciplinaria por lo general importa además un delito de acción pública o de instancia privada”, indicó Naldini. No obstante,aclaró que la decisión de expulsarlo no está atada al hecho de que el agente resulte condenado en la Justicia. “Los hechos de violencia ocurridos en el seno de las familias de agentes policiales son reprobados y sancionados por la institución dado el decoro no sólo público sino también privado que deben observar los uniformados. Entre los principios básicos que guían la actuación policial figuran el de razonabilidad, proporcionalidad y el de recurrir a la fuerza como última instancia, principios que deben ser observados todas las horas del día, ya que un policía no deja de revestir su carácter de tal por estar franco de servicio. Un agente que opta por la violencia como medio de solucionar los conflictos familiares pone en serio cuestionamiento su capacidad de respuesta frente a situaciones similares. Hechos de esta índole hacen que el Ministerio de Seguridad pierda la confianza en los efectivos, extremo suficiente para poder desplazarlos de la fuerza”, señaló Naldini en una entrevista con Página/12, en la que fundamentó los alcances de la decisión.
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