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Un desacuerdo sobre la manera de escalonar el incremento del salario mínimo, para establecerlo en 800 pesos, postergó hasta hoy la reunión del Consejo del Salario. La mayor resistencia quedó evidenciada en un sector de la representación empresaria, sobre el cual trabajará esta mañana el Gobierno con el propósito de destrabar las negociaciones. En cambio, el sindicalismo cegetista manifestó estar dispuesto a apoyar la propuesta oficial, mientras que la CTA pidió para ello una serie de condiciones.
El plenario del Consejo del Salario tenía previsto sesionar ayer. Pero la propuesta del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, no logró conseguir una postura homogénea en el bloque empresario. Y esas diferencias impidieron que la reunión de la Comisión de Salario, que antecede a la del Consejo, emitiera un dictamen.
Si bien no es condición sine qua non para que sesione el Consejo, el dictamen muestra la voluntad de las partes de implementar efectivamente el nuevo salario mínimo. A Tomada le faltaron algunos votos para llegar a los dos tercios necesarios para que su propuesta consiguiera el aval de los presentes y por eso la Comisión pasó a cuarto intermedio hasta hoy.
Lo que se barajó ayer fue llevar a 800 pesos el actual salario mínimo de 630 pesos, aunque de manera escalonada. Concretamente, el Gobierno propuso llevarlo a 760 el 1º de agosto, mantenerlo en ese número en septiembre y fijarlo en 800 pesos a partir del 1º de octubre.
La CGT no puso reparos. En la víspera, Hugo Moyano había conversado sobre ese rango con Néstor Kirchner. El Presidente le dijo ayer al ministro de Trabajo que persistiera con esos valores durante una comunicación telefónica. Por eso anoche, tras anunciar el paso a cuarto intermedio de la Comisión del Salario, se llevaron adelante nuevas tratativas informales en la sede de la cartera laboral.
Aunque reclama públicamente un mínimo de 857 pesos, equivalente a la línea de pobreza, la CTA parecía dispuesta a ceder a la propuesta oficial. Eso sí, condicionándola a que los 800 pesos ofrecidos por Tomada fueran acompañados por una agenda que incluyera varios items.
Algunos de ellos son la conformación del valor de la canasta básica, que la propia central alternativa estima en 2205 pesos, un incremento de las asignaciones familiares –hoy son de 60 pesos por hijo– y la universalización de la mismas a fin de que la cobren todos los trabajadores cualquiera sea su condición.
Sobre las asignaciones hubo también un reclamo de la CGT para que se eleven. En este caso, con el propósito de que aquel trabajador con uno o más hijos logre estirar su ingreso ya no igual sino por encima de la línea de pobreza. Esto sería producto de la suma de 800 pesos del mínimo que reclama, más la asignación familiar.
La mayor resistencia que encontró Tomada fue del empresariado. Sólo 5 hombres de ese sector avalaron la propuesta oficial. Si a eso se le suman los 13 votos de la CGT, restarían sólo 4 para llegar a los 22 necesarios (o sea los dos tercios) para emitir un dictamen de comisión.
Tomada saltaba ayer de oficina en oficina –específicamente tres– de la cartera laboral para convencer, por separado, a los hombres de empresas y a los de la CTA de Víctor De Gennaro. El ministro está convencido de que hoy finalmente conseguirá, de unos o de otros, los 4 votos necesario como para abrir las sesiones del Consejo y para anunciar la mejora del salario mínimo, vital y móvil.
A los representantes de la CTA que estuvieron ayer –entre ellos De Gennaro, José Rigane, Pablo Micheli, Horacio Meguira y Pedro Wasiejko– Tomada les aseguró que sería del agrado de Kirchner que se avengan a la firma, algo que los sindicalistas tradujeron como la posibilidad de que el Gobierno finalmente le otorgue a la CTA la reclamada personería gremial. En rigor, nadie habló expresamente de ello. Sobre los empresarios el ministro debió trabajar otros puntos, incluso algunos que excedían al tema que los convocaba. Los representantes de la patronal hicieron evidente su encono con las reformas laborales impulsadas por Héctor Recalde. El asesor de la CGT y diputado kirchnerista es autor de un conjunto de proyectos que da mayor protección a los derechos de los trabajadores. Los empresarios consideran que éstos elevan sus costos y judicializan la relación laboral.
A la hora de puntualizar sobre el salario mínimo, los más inflexibles fueron la UIA y la Cámara de Comercio. Carlos de la Vega, representante de este último sector, reiteró que para algunas pequeñas y medianas empresas del norte del país ya era difícil cumplir con el actual salario mínimo de 630 pesos, y por eso mantuvo la difundida propuesta de un incremento escalonado del 9,9 por ciento, hasta llegar a los 693 pesos. La cifra, desde ya, quedó bastante lejos de las expectativas del sindicalismo y del Gobierno.
A la Casa Rosada le cierran los 800 pesos. Especialmente porque esa cifra no obligaría a reabrir las discusiones paritarias. Esto es así ya que el promedio inferior de los básicos de convenio acordados hasta la fecha fue de 803 pesos. La dificultad es, entonces, cómo realizar el escalonamiento hasta dejar, en octubre, un salario mínimo de 800 pesos. En eso trabajaban anoche Tomada y su equipo.
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