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En la Secretaría de Medio Ambiente habrá un organismo específico para controlar la contaminación de origen industrial, sobre el terreno y en todo el país: así lo anunció a Página/12 Romina Picolotti, titular del área. Además, precisó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que otorgará a la secretaría poderes especiales en las jurisdicciones que abarca el Riachuelo, dada “la situación gravísima que vive la población del área”. La funcionaria destacó que “si hubiéramos tenido empresarios ambientalmente responsables, no tendríamos el actual problema del Riachuelo” y apostó a “un cambio de actitud del sector industrial”. En el orden internacional, apuntó a concretar tratados regionales para preservar recursos compartidos como el acuífero Guaraní, la reserva de agua más importante de Sudamérica. Sostuvo además que “más allá de las emergencias, la prevención de problemas ambientales requiere cambios en las actitudes de la población” y puso ejemplos de todos los días.
–¿Así que hasta ahora no hay ningún organismo que controle las emisiones industriales? –se sorprendió, pero no tanto, Página/12.
–Hasta ahora, la secretaría se limita a recibir declaraciones juradas de las empresas –contestó Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación–. Voy a jerarquizar muchísimo el control del sector industrial; voy a crear una dirección nacional equipada con todo lo necesario para ejercer un control sistemático y continuo en el terreno. No se trata de aplicar el control como un acto puntual, heroico, sino de ejercer una acción sistemática y continuada en el tiempo; tenemos la capacidad para hacerlo.
La tarea de la nueva dirección se ejercería “en todo el país y dentro de las competencias de esta secretaría, que incluyen por ejemplo los residuos peligrosos y la contaminación interjurisdiccional”.
–¿Qué impresión se llevó de su reunión del miércoles con la Unión Industrial Argentina?
–Creo que la reunión fue buena. Sin duda, si hubiéramos tenido empresarios ambientalmente responsables en la Argentina, hoy no tendríamos el problema del Riachuelo. Desde la secretaría tenemos la voluntad de favorecer y apoyar una reconversión industrial paulatina: no se puede lograr de la noche a la mañana pero, al mismo tiempo, seremos muy severos en el control, que no ha existido hasta ahora.
Picolotti se propone constituir “una mesa de diálogo permanente” con los industriales. “Les pedimos que envíen un informe en el cual planifiquen la reconversión industrial de la cuenca Matanza-Riachuelo, sector por sector. Nosotros, por supuesto, vamos a hacer lo mismo, y espero que a fines de agosto tengamos nivelada la información de ambos lados. Eso nos permitirá trabajar en forma planificada.”
–Pero, ¿será fidedigna la información que proporcionen las mismas empresas que deben ser controladas?
–No les estamos pidiendo que digan si son inocentes o culpables –contestó la secretaria de Medio Ambiente–. Nosotros manejamos información por nuestra parte. Lo que hacemos es darles a los empresarios la oportunidad para que digan cómo piensan reconvertir. La experiencia en derecho comparado señala que nadie mejor que el propio empresario para decir qué tiene que cambiar y comprometerse a hacerlo. Si no tuvieran voluntad de llevarlo a la realidad, vamos a ir con los controles: o cambian en forma voluntaria o tendrán que hacerlo por obligación.
Picolotti consideró “un buen comienzo plantear un diálogo y un intercambio de información. No me parecería buen manejo de recursos empezar al revés, con un clima de caza de brujas. En la cuenca del Riachuelo hay miles de empresas, lo que se necesita es un plan de gestión a largo plazo”.
Hace dos días, la funcionaria había planteado la necesidad de declarar una “emergencia” en el área del Riachuelo, que involucra por lo menos 23jurisdicciones. La emergencia facultaría a la secretaría para tomar decisiones, especialmente ante desacuerdos jurisdiccionales. Ayer precisó que “en los próximos días, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley declarando la emergencia en la cuenca Matanza-Riachuelo”, ya que “la población involucrada vive una situación gravísima. Si el Estado no ha de reaccionar ante esta situación, no imagino cuándo habría de hacerlo”. Picolotti aseguró que esa atribución de facultades especiales puede hacerse “sin perjuicio de respetar el federalismo que establece la Constitución Nacional”.
–Este proyecto de ley, ¿se articula o no con el criterio de constituir comités de cuenca con participación de la sociedad civil?
–Hay que diferenciar la autoridad que se crea para actuar en una situación de emergencia y la que se crea para gestionar, más allá de la emergencia, un recurso hídrico. En este plano, la Ley de Aguas de la Argentina prevé la creación de comités de cuenca interjurisdiccionales con capacidad de gestión, participando en ellos la sociedad civil; este recurso se ha mostrado idóneo en experiencias internacionales.
En cuanto a los recursos compartidos con otros países, “este momento de relanzamiento del Mercosur puede ser propicio para avanzar en la generación de acuerdos. Un ejemplo es el caso del acuífero Guaraní, reserva subterránea que comparten Paraguay, Uruguay, Brasil y la Argentina. Es la reserva de agua más importante de América del Sur y la tercera en el mundo. En este caso no se puede hablar de ‘aguas arriba’ o ‘aguas abajo’, ya que es como un inmenso tanque, donde toda contaminación afecta al conjunto de los países”, comentó Picolotti.
Los acuerdos se darían a través de “tratados multilaterales o bilaterales para el manejo de recursos compartidos –señaló la secretaria de Medio Ambiente–. Y esto, claro, no se limita al Mercosur, sino que vale para otros países de la región”.
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