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Como derivación de las nuevas imputaciones por abuso sexual de menores formuladas contra el cura Julio César Grassi, que fueron difundidas la semana anterior por Página/12, la Fiscalía General de Morón solicitó ayer “la inmediata detención del religioso”. El planteo fue hecho ante la jueza de Garantías Mónica López Osornio de Kon, a quien se pidió “la revocación de la medida alternativa” dictada el 21 de noviembre de 2002, por la cual se dictó el procesamiento de Grassi otorgándole un régimen de libertad ambulatoria restringida. Lo que piden ahora las fiscales Sandra Míngolo, Alejandra Varela y Carolina Rodríguez es “que se haga efectiva la prisión preventiva” del imputado. La Fiscalía General argumentó que el sacerdote “ha violado el cumplimiento de la regla ‘F’” del auto de procesamiento, que establece al imputado “la exigencia de no acercarse, referirse públicamente, ni comunicarse intencionalmente con las víctimas”. Las fiscales sostuvieron que Grassi se ha valido de algunos medios periodísticos y de su propia página web en Internet (ver aparte) para “atacar en forma indirecta y encubierta la credibilidad de los testigos víctimas” conocidos como “Gabriel” y “Ezequiel”.
Los nombrados son dos de los jóvenes que acusaron a Grassi de haberlos abusado sexualmente cuando eran menores de edad, mientras se encontraban alojados en la Fundación Felices los Niños, con sede en Hurlingham, bajo la guarda del sacerdote procesado. Las imputaciones se agravaron a partir de la presentación que hizo otro joven, conocido como “Luciano” y cuyas iniciales son L.A.G., quien iba a declarar a favor del cura, pero terminó denunciando que él también había sido abusado por su protector. Esta declaración fue publicada por este diario en su edición del 26 de julio. “Resulta a esta altura imperioso dejar sin efecto el beneficio que se le concedió a Julio César Grassi y disponer su inmediata detención, con prisión preventiva, como medida indispensable para asegurar el desarrollo del proceso”, dijeron las fiscales. El caso está próximo a llegar al juicio oral y público, una vez que se definan una serie de apelaciones que han provocado una demora en el comienzo de la audiencia.
Fuentes judiciales le dijeron a este diario que las fiscales tuvieron en cuenta “la magnitud de la pena en expectativa”, que podría llegar hasta los 15 años de prisión. “El ministerio público no puede ignorar la pluralidad de las víctimas y de los procesos judiciales en trámite, por delitos en los cuales los perjudicados son adolescentes que estaban bajo la guarda del imputado”, agregó el vocero. Grassi tiene una causa en la provincia de Buenos Aires y otra en Santa Cruz.
En los tribunales de Morón hay cautela sobre cuál sería la resolución de López Osornio ante el pedido de detención de Grassi. La jueza fue quien resolvió, en 2002, el cese de la detención del imputado. Lo dejó libre imponiéndole la restricción de tomar contacto con los menores alojados en la fundación y hacer declaraciones públicas contra los testigos-víctimas.
Las fiscales sostuvieron, en su escrito, que es la jueza la que debe revocar la medida alternativa a la prisión preventiva y no el Tribunal Oral en lo Criminal 4 de Morón, quien había recibido la elevación a juicio del caso. En el pedido de detención se recordó que la prisión preventiva “se erige como forma de restricción para neutralizar los peligros que puede tener la libertad” del imputado, cuando su accionar “impida el descubrimiento de la verdad”. En ese punto se afirmó que Grassi ha violado el cumplimiento de la norma que le impedía “no acercarse, referirse públicamente o comunicarse intencionalmente con las víctimas”.
La fiscalía general aseguró que el imputado “se cuidó mucho de referirse a las víctimas ‘Ezequiel’ y ‘Gabriel’” durante su aparición en un medio masivo “tan intrusivo” como la televisión. Se hizo mención expresa a las apariciones de Grassi en los programas “La Cornisa”, conducido por Luis Majul, y en “Hora Clave”, donde fue entrevistado por Mariano Grondona. Los dos reportajes salieron al aire el 18 de junio pasado. Sin embargo, no tuvo el mismo reparo al aparecer en otros medios de prensa.
Uno de los medios de difusión es la página web en Internet registrada como www.causagrassi.com.ar, cuyo único responsable es el propio imputado (ver nota aparte). En ese sitio se publican notas que rechazan las acusaciones de los testigos y que expresan opiniones favorables al cura, entre ellas las del director del diario Ambito Financiero, Julio Ramos, que se ha convertido en el mayor defensor mediático de Grassi. En ese diario, en forma permanente, se publican los nombres verdaderos de los testigos-víctimas. En la página web se califican de “falsas” las notas con acusaciones contra Grassi difundidas por Página/12, Canal 13 o Clarín.
Mediante una cita textual de un diálogo entre Ramos y el periodista Oscar González Oro, de Radio 10, se llega a afirmar que en el proceso contra Grassi “se cayeron todas las pruebas” porque supuestamente “Gabriel se cae” como testigo de cargo. También figura un reportaje a Ricardo Muro, asesor letrado de Grassi, realizado por Verónica Lozano y Darío Villarruel. “Lo que pasa es que no hay ninguna acusación que se mantenga (...) Ezequiel ya se retractó y Gabriel ya pidió no ser tenido como querellante en el juicio oral, así que no queda nada”, asegura Muro, cuando el proceso sigue en marcha y con pruebas renovadas a partir del testimonio de “Luciano”.
En el periódico Cristo Hoy, el 29 de junio pasado, Grassi afirma en un reportaje: “No tenían menores que me acusen, todos (son) testimonios vagos e imprecisos. Cada causa posee una falsa acusación cargada de contradicciones y ningún testigo”. Las fiscales aseguran que “la lectura minuciosa de cada una de las publicaciones devela la exteriorización de la conducta del imputado para burlar la restricción a su libertad de expresión”. Por eso piden su inmediata detención y que se le dicte la prisión preventiva.
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