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El desguace del Estado no terminó en la década del ’90. Así lo determinó una investigación que permitió descubrir que se vendió como chatarra una importante cantidad de material ferroviario en condiciones de uso, que luego fue comprado por empresas concesionarias del servicio. En uno de los casos, entre una operación y otra la diferencia fue del 1800 por ciento. El titular del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), Fernando Suárez, abrió un sumario administrativo y se dispone a hacer una denuncia penal para que se determine si funcionarios de esa dependencia cometieron una defraudación al Estado.
El desmantelamiento y venta del patrimonio estatal se llevó a cabo mediante una subasta pública en octubre del 2001, durante los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa. La investigación se inició cuando la Gendarmería secuestró una partida de tres toneladas de rieles en condiciones de ser utilizados, en la localidad de Fores y Beltrán, en el interior de la provincia de Santiago del Estero.
El hallazgo no fue casual. Se inició a partir de una disputa “comercial” entre dos particulares: el que compró el lote de rieles en la subasta del Onabe a 34 pesos la tonelada y el que lo revendió a 630 pesos por tonelada a la empresa Nuevo Central Argentino (NCA), concesionaria del servicio de cargas del ex Ferrocarril Mitre. El comprador es Juan Carlos Viola y el vendedor, Rodolfo Alejandro Villegas. Una denuncia sobre esa intermediación derivó en la intervención de la Gendarmería.
Al establecerse que el material era originario de la ex empresa Ferrocarriles Argentinos, y ante la posibilidad de que se hubiera producido un delito en perjuicio del Estado, intervino en el caso el juez federal de Santiago del Estero, Angel Jesús Toledo. El magistrado sobreseyó a Viola y a Villegas del delito de hurto, por el que estaban investigados. Y le entregó los rieles secuestrados a Nuevo Central Argentino. Y finalmente notificó del hallazgo a las autoridades del Onabe.
“Me resulta extraña la naturaleza de las causas que pudieron transformar la chatarra o rezago en rieles usados en mejor estado que los que habrán de ser reemplazados”, afirmó el juez Toledo en la nota dirigida al director ejecutivo del Onabe, Fernando Suárez. Los números, por otra parte, indicaban que entre una y otra operación, en un lapso de apenas 10 meses, hubo una variación de precios de 1800 por ciento.
¿Quiénes son los que se quedaron con esa diferencia? ¿Hubo algún funcionario o empleado estatal que se benefició con una parte a cambio del negocio? Eso es lo que intenta averiguar en el sumario administrativo que inició el titular del organismo.
El material hallado en esa causa pertenecía a dos lotes. A partir del informe judicial, el Onabe descubrió que en total se habían subastado 195 lotes con material en desuso, disperso a lo largo de casi todo el territorio nacional, todo entre setiembre y octubre del 2001. El monto total obtenido en esa subasta es de 299.125 pesos. Si se le aplica el mismo margen de ganancia que se obtuvo por los rieles de Santiago del Estero, el valor de mercado del material vendido sería de 5,5 millones de pesos.
“Con esa subasta se habría blanqueado el robo de material ferroviario, que fue impresionante, especialmente en Santiago del Estero”, dijo Suárez a Página/12.
Al examinar los expedientes, el asesor letrado del Onabe, Luis Desalvo, notó que “no existían fotografías del material subastado que permitieran acreditar su calidad”.
Según la disposición 723/01 del Onabe, la subasta se convocó para “la venta de máquinas, herramientas, vehículos, chatarra general, rezago de material rodante y ramales de trocha angosta, ubicados estos últimos en la provincia de Santiago del Estero”. Otros bienes estaban ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, San Juan, San Luis, y Tucumán. El detalle de material subastado incluye locomotoras, vagones de pasajeros y de carga, rieles y durmientes. En el caso de la subasta de Santiago del Estero, se trata varios kilómetros de rieles que estaban colocados pero en desuso, entre las localidades de Tintina, Tilimpa, Patay y Lalo Viejo, del ex Ferrocarril Belgrano.
En el momento en que se realizó la subasta, la dirección ejecutiva del Onabe estaba en manos de María Eugenia Márquez Miranda, y el organismo funcionaba en la órbita del ministro de Infraestructura de De la Rúa, Nicolás Gallo.
“Esta causa puede ser la punta de un iceberg. Voy a convocar a los gremios ferroviarios para que acerquen información para evaluar todas las ventas de material ferroviario que se llevaron a cabo en el pasado, tan necesario para el proyecto de reactivación ferroviaria que se está llevando a cabo”, afirmó Suárez.
La posible intervención de los gremios no sería una garantía, a juzgar por los antecedentes que constan en el Onabe. Meses atrás se descubrió que la empresa Belgrano Cargas –administrada por la Unión Ferroviaria– alquilaba a un mercado de frutas y verduras, a un valor de 8000 pesos mensuales, un galpón de 10 mil metros cuadrados de superficie en la Estación Saldías, que no estaba bajo su jurisdicción.
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