Distintas organizaciones de defensa de los derechos civiles y políticos –como el CELS, Poder Ciudadano, el Foro Social para la Transparencia y Amnesty International– destacaron que lo ocurrido la semana pasada en Avellaneda hizo “evidente la falta de control político sobre la situación de conflicto y debe entenderse en el contexto de profunda pobreza que compromete a casi la mitad de la población”. Estas entidades consideraron “imprescindible recuperar el espacio de participación ciudadana a fin de generar alternativas a la vieja política”.
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