El juez dispuso ayer el procesamiento de María Julia Alsogaray por administración fraudulenta y le trabó embargo por 1,5 millones de pesos. A pesar de acumular causas en su contra, sigue libre.
La ex polifuncionaria menemista, María Julia Alsogaray.
También está procesada por enriquecimiento ilícito.
María Julia Alsogaray fue procesada ayer por la que parece haber sido una de sus prácticas favoritas cuando era funcionaria: armar contratos fraudulentos para favorecer a sus aliados o amigos. La medida fue dictada por el juez Claudio Bonadío quien, además, le trabó un embargo de 1,5 millón de pesos. El magistrado, sin embargo, evitó ordenar la detención de la ex interventora de ENTel a pesar de que contaba con esa opción teniendo en cuenta que éste es el tercer procesamiento en su contra y que uno de los expedientes –donde se la acusó de enriquecimiento ilícito– ya fue elevado a juicio oral.
Bonadío procesó a María Julia como coautora del delito de administración fraudulenta cuando tenía a cargo la liquidación de la vieja empresa estatal de telecomunicaciones. En aquella época, a pesar de que ENTel tenía un departamento de asuntos jurídicos, Alsogaray decidió contratar a la consultora KPMG supuestamente dedicada a auditorías externas, que apareció ligada al estudio de Jaime Fernández Madero. Los directivos de ambas firmas fueron también procesados ayer y embargados por la misma suma que la ex funcionaria.
Como siempre, cuando fue indagada en junio, María Julia dijo que nunca hizo “nada que no estuviera autorizado por la ley” y aclaró que había delegado en sus subordinados la contratación de KPMG. Pero la pesquisa mostró que el convenio se hizo burlando las normas y que la responsabilidad era suya. “No hubo licitación, la adjudicación fue directa y hubo una contratación de precios impidiendo que la Sindicatura General de la Nación interviniera para controlar”, explicaron los investigadores.
El servicio tercerizado que contrató la ex interventora y secretaria de Recursos Naturales debía encargarse de reclamarles a los contratistas de ENTel que terminaran sus trabajos pendientes. De esa situación derivaron unos 30 pleitos, la mayoría de los cuales fueron declarados prescriptos, y ocasionaron un perjuicio al Estado por el pago de las costas.
La denuncia de este caso la hizo en octubre de 2000 el abogado Ricardo Monner Sans y aportó algunas pruebas la Oficina Anticorrupción (OA). El abogado se mostró sorprendido de que el magistrado no haya ordenado la detención de la ex funcionaria. “Yo ya no sé cuántos procesamientos hay que dictarle a una persona para que quede presa. Uno no entiende si la discrecionalidad del juez llega a tal punto que los delitos en el poder sean vistos con más simpatía. Por mucho menos cualquier persona que comete tentativa de hurto va presa”, se quejó el letrado.
La preferida de Carlos Menem también está procesada por enriquecimiento ilícito y falsedad de documento privado, con un embargo de 3 millones, y por ese tema enfrentará un juicio oral posiblemente el año próximo. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia determinaron que en sus 14 años en la administración pública aumentó su patrimonio en 2,5 millones de dólares comprobables, aunque presumen que es bastante más. También la procesó la Cámara Federal por un fraude al Estado en la transferencia de terrenos de Radio Nacional a empresas privadas.
“Es cierto que con los procesamientos que ya tiene Alsogaray y teniendo en cuenta la composición de penas podíamos haber determinado la detención, pero eso es más factible cuando hay una condena firme y si existe la amenaza de que la persona se fugue o algo similar. Esos factores no se dan en este caso”, explicaron a Página/12 voceros del juzgado. En general, cuando las penas mínimas de los delitos imputados no llegan a tres años -de manera que pueden ser condicionales– los juristas interpretan que tiene que haber motivos muy fundados para apresar a alguien.
En otra causa en la que está acusada por sobrepagos de casi 10 millones de dólares que hizo la ex ENTel en 1992, María Julia volvió a declarar esta semana. A pesar de que el fiscal Carlos Cearras la acusa de asociación ilícita, un delito que sí puede llevarla directamente a la cárcel, el juez Jorge Urso sólo la indagó por administración fraudulenta.”Igual todavía –dijo un funcionario de esta causa– no está todo dicho”.
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