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Uruguay vivió ayer un día memorable porque la Justicia procesó y encarceló a un grupo de represores acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Aunque no hubo ningún pronunciamiento oficial del gobierno de Tabaré Vázquez, una alta fuente oficial aseguró a Página/12 que hay una “gran satisfacción” porque la medida significa el “cumplimiento de un postulado de siempre de la izquierda y del Frente Amplio: no venganza sino verdad y justicia”. Se trata de los primeros encarcelamientos de militares y policías que cometieron delitos de lesa humanidad en ese período, ya que los otros ocho militares acusados en el caso “Soba-Mechoso” fueron amnistiados por una ley aprobada en 1986, denominada de Caducidad. Pero una parte del proceso había sido excluido de esa norma. “Es un día histórico para nosotros porque se abrió el camino para terminar con la impunidad que durante tantos años apoyaron los sucesivos gobiernos”, expresó enfático el abogado José Luis González, representante del escritor Juan Gelman. Sin embargo, la noticia fue un tanto opacada por el suicidio de uno de los imputados, que se quitó la vida el domingo a la noche, cuando fueron a detenerlo.
Se trata de Juan Antonio Rodríguez Buratti, acusado de haber estado involucrado en el secuestro y el asesinato de María Claudia García Irureta Goyena, nuera de Gelman, en 1976, entre otros delitos. Este coronel retirado se disparó en el garage de su casa y murió horas después en el Hospital Militar. Era el único que permanecía en libertad de un grupo de nueve militares y policías retirados que fueron llevados ayer ante la Justicia. El militar decidió suicidarse cuando una patrulla policial llamó a la puerta de su domicilio, en Montevideo, para ordenarle que se dirigiera al comando del Ejército, donde debía pasar la noche, antes de ser llevado al tribunal para la audiencia prevista para ayer. Pidió a los policías que le dieran unos minutos para arreglar sus pertenencias personales, se dirigió a la cochera de su vivienda, tomó un arma de su automóvil y se disparó en la cabeza.
Pocas horas después se conoció esta medida dictada por primera vez en Uruguay, cuando el juez Luis Charles dispuso los procesamientos de seis militares, además del suicidado, y dos policías en retiro que estaban detenidos en forma preventiva por la desaparición de los militantes de izquierda uruguayos Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte, ocurrida en Argentina en 1976. Soba y Mechoso eran militantes del izquierdista Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y estuvieron detenidos en el centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires. Familiares de desaparecidos realizaron una manifestación ante al juzgado.
Los represores son acusados de los delitos de asociación para delinquir y de privación ilegal de libertad de los detenidos-desaparecidos. La fiscal del caso, Mirta Gianze, pidió para ellos doce años de cárcel. Los procesados, que se retiraron esposados del juzgado, son los militares José Gavazzo, Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ricardo Arab, Ernesto Ramas, Luis Maurente y los ex policías Ricardo Medina y Pedro Sande. Integraron el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) que estuvo en coordinación con organismos represores argentinos durante los regímenes militares que gobernaron en Uruguay y Argentina en las décadas de los años ’70 y ’80. Ramas y Maurente están en el Hospital Militar y los otros detenidos en la Cárcel Central de Montevideo, debido a un pedido de extradición de la Justicia argentina por su presunta participación en el secuestro y desaparición en Buenos Aires en 1976 de la nuera de Gelman. Su abogado manifestó a Página/12 que “esto recién empieza” porque “hay que avanzar en las responsabilidades inferiores”.
“Es un gol que no se grita, que lo juzgue la gente”, comentó la fuente consultada por este diario al pedir anonimato. En la última reunión que tuvo Tabaré con sus colaboradores se habló de la cuestión y también del suicidio del militar, pero decidieron no hacer ningún comentario.
Rodríguez Buratti era el único que permanecía en libertad, aunque ya se había anunciado un pedido de detención con fines de extradición cursado por el juez argentino Daniel Rafecas. El militar retirado que se suicidó había sido jefe de un departamento del Servicio de Información de Defensa de la dictadura que tenía a su cargo la actividad de “Planes, Operaciones y Enlace”. Fuentes militares no identificadas citadas por el diario El País aseguran que había comunicado a su familia y a sus compañeros de armas la decisión de suicidarse si era detenido.
Irma Leites, de la organización Plenaria, Memoria y Justicia, dijo que con la muerte de Rodríguez Buratti se “corta una cadena importante” de información, ya que el militar era “responsable de los centros clandestinos de detención” y fue “clave” en la desaparición de la nuera del poeta argentino Gelman. Por otra parte, Luisa Cuesta, madre de un uruguayo detenido-desaparecido, afirmó que la acción de Rodríguez Buratti “fue un acto de cobardía para no enfrentar la decisión de la Justicia”. La nonagenaria mujer, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos, lamentó que el militar “se llevó a la tumba información importante”.
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